Dos empleados que intentaron engañar a Villalonga fueron contratados por el exalcalde condenado por prevaricación

Dos de las cuatro personas que han intentado engañar a Villalonga para obtener un contrato fijo en el Ayuntamiento, y así asegurarse un sueldo público de por vida, fueron contratadas para trabajar para la administración por el exalcalde Enric Llorca, sobre el que pesa una condena por prevaricación, ya que el socialista colocó a vecinos del municipio «saltándose las bolsas de trabajo», como refleja la sentencia.

Esto se ha sabido tras el proceso de regularización de puestos laborales que ha impulsado el Ayuntamiento, con el fin de garantizar la legalidad en todos los contratos y poner fin a ciertos enfrentamientos que se han producido en las últimas legislaturas, todos ellos derivados de las políticas del PSPV durante ocho años de contratar para puestos de obras o limpieza a vecinos de forma arbitraria, como quedó probado tras el juicio en Gandia a Llorca y a sus ediles de Personal, Vicente Rocher y Juan José Sanchis. Todo está en manos de la Fiscalía Provincial de Valencia que investiga los posibles delitos cometidos, por los empleados y por un sindicato de Oliva.

Este último es, Sanchis, precisamente el candidato del PSPV a la alcaldía de Villalonga, pese a que se sentó en el banquillo de los acusados junto a Llorca y Rocher, ya que eran los responsables de las áreas de Personal y Recursos Humanos en los años de gobierno del PSPV, entre 2011 y 2019. La sentencia probó que Llorca, contrató de forma «ilegal» al menos a 10 personas para empleos de limpieza y obras, saltándose las bolsas de trabajo. Llorca recurrió ante la Audiencia Provincial, que ratificó la sentencia fijada en Gandia.

Todo esto cobra protagonismo justamente ahora, al conocerse que dos de las personas contratadas durante esos años han intentado engañar al tribunal de funcionarios -sin políticos- que calibraba los méritos de los trabajadores y evaluaba los aportados por otros que también han querido aspirar a las plazas de empleo público de Villalonga.

Las dos personas que han intentado engañar al tribunal se han quedado fuera del proceso. Uno de ellos, ni siquiera trabajaba ahora para el Ayuntamiento y aún así hizo un curso en Oliva para empleados públicos. La otra persona sí estaba en plantilla como personal laboral, pero ha perdido su puesto por la manipulación y porque otra persona ha optado al puesto y lo ha logrado al ajustarse a la legalidad, según el tribunal.

Cuatro personas han intentado engañar a este tribunal, algo que obviamente no han logrado, y dos de ellos fueron contratados por Llorca y su gobierno, entre ellos Juan José Sanchis, titular en una etapa del área de Personal. Los gobiernos de Llorca no seguían las reglas y tanto el exalcalde del PSPV como sus ediles Sanchis y Rocher omitían los informes de los técnicos municipales, que indicaban que había que seguir los procesos y las bolsas de empleo para contratar a gente.

Todo esto quedó probado en el juicio que se celebró en Gandia y que condenó a Llorca a cuatro años y medio de inhabilitación, mientras que Sanchis y Rocher fueron absueltos, al entenderse que todas las decisiones emanaban del propio alcalde y aunque sus ediles hubieran sido conocedores no hubo pena para ellos.

Este asunto ha puesto sobre la mesa la mala praxis del PSPV en Villalonga durante ocho años y las repercusiones que ha tenido justo ahora, a finales de legislatura. Todo ha saltado por los aires al conocerse que cuatro empleados han intentado engañar al tribunal con documentación falsa. Han aportado certificados de cursos impartidos por Comisiones Obreras en el Ayuntamiento de Oliva, algo no permitido en las bases de estas acciones formativas, que matizan con claridad que iban dirigidas a empleados de esa administración local y para nadie más.

Pero, como ha podido averiguar este periódico, desde CC. OO. Oliva llamaron a personal, no funcionario, de otros Ayuntamientos para llenar las plazas vacantes. Esto se ha sabido por lo que las cuatro personas que aportaron al tribunal de Villalonga los certificados de cursos en Oliva, que no son válidos, explicaron ante el tribunal que los llamaron desde el sindicato.

Esta información está en la denuncia que ha presentado Villalonga ante la Fiscalía Provincial de Valencia y que desde el ministerio público estudian al detalle para ver si existe delito tanto por parte de los funcionarios como por parte del sindicato. Las otras dos personas que presentaron certificados de cursos ilegales realizados en Oliva, se han quedado fuera del proceso de consolidación de plazas, pero como nadie ha aspirado a sus puestos siguen en su trabajo de obras o limpieza.

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