Fiscalía pide ocho años de prisión y 20 de inhabilitación para el exalcalde del PP en Gandia

El exalcalde de Gandia Arturo Torró se sentará en el banquillo acusado de un delito de malversación de caudales públicos y fraude en la contratación pública por el caso Tele 7. El exprimer edil del PP se enfrenta a ocho años de prisión, 20 de inhabilitación y deberá hacer frente a una fianza de responsabilidad civil de hasta cuatro millones de euros.

La Fiscalía ha decidido abrir juicio oral contra Torró al considerar delito el pago de 500.000 euros a un medio de comunicación a través de la empresa pública IPG (Iniciatives Públiques de Gandia) mientras estaba al frente del Ayuntamiento de la capital de la Safor. El proceso comenzó tras una denuncia del exalcalde socialista José Manuel Orengo y el edil del PSPV Vicent Mascarell a la que se sumó el Consistorio como acusación particular.

Pero además del exalcalde, la magistrada del juzgado de instrucción número 3 de Gandia también acusa a su entorno durante su etapa al frente del Consistorio y junto a él se sentarán en el banquillo, Javier Reig, José Vicente Codina, Josep Lluís Giménez y Cristina Serrano, además de Ricardo Manuel Faura como representante legal de la empresa Comarques Centrals Televisió SL, que es responsable civil subsidiaria. El último de los acusados es Toni Abad, edil del PP en esta legislatura y cargo público.

El Ministerio Fiscal considera que el acusado pagó 500.000 euros de dinero público «sin causa justificada causando un claro perjuicio para las arcas públicas». Señala el documento que Torró «aprovechando su condición de alcalde del Ayuntamiento de Gandia y presidente del consejo de administración de IPG, utilizando la empresa municipal, concibió, promovió y asumió la obligación de pagar la cantidad de 500.000 euros».

La primera cuantía que recibió la empresa de comunicación fue en junio de 2012. Además, el exalcalde popular deberá abonar al consistorio por el perjuicio causado a las arcas públicas la cantidad de 480.000 euros más intereses legales. Además, en el juicio se han citado a declarar como testigos a los concejales del PP Víctor Soler y Vicent Gregori, entre otras personas, aunque este último ha afirmado que «a día de hoy nadie me ha notificado nada».

Da la casualidad que el auto del juzgado de Gandia está firmado por la magistrada el pasado 17 de marzo. Precisamente el mismo día que Torró compareció en rueda de prensa para anunciar que había presentado una denuncia contra la alcaldesa Diana Morant y otros responsables de IPG por presunta prevaricación y malversación de caudales públicos en la liquidación de la empresa pública.

El exedil del PP recordó la semana pasada que el caso estaba archivado pero ahora Fiscalía ha decidido abril juicio oral tras una exhaustiva investigación y Torró será el primer alcalde de Gandia que se siente en el banquillo.