Fiscalía ve delito en la aportación de documentación falsa en Villalonga para lograr un empleo público

La Fiscalía Provincial de Valencia ve indicios de delito en la aportación de documentación falsa por parte de empleados del Ayuntamiento de Villalonga durante un proceso de regularización de plazas laborales. Esta iniciativa se llevó cabo en los últimos meses de la pasada legislatura y cuatro personas aportaron certificados de cursos que no se ajustan a la legalidad.

Esta situación fue puesta en conocimiento ante el Ministerio Público por parte del Ayuntamiento de Villalonga. En su momento, hace algo más de un mes, la institución admitió a trámite la demanda con el fin de realizar una indagación previa, pero ha sido esta semana, cuando se ha conocido que Fiscalía ha decretado que ve indicios de delito y, por tanto, que va a abrir una investigación penal.

El caso es significativo, ya que cuatro personas de Villalonga, tres empleados del Ayuntamiento, y un cuarto que ya no lo era acudieron al tribunal para consolidar plazas o darlas a quien más méritos tuviera con títulos otorgados por el Ayuntamiento de Oliva, algo que la normativa impide. Para concurrir a un proceso de este tipo, no se pueden aportar documentos de este calibre logrados en otros ayuntamientos. Ahí estarían los delitos.

Los cursos se impartieron en el Ayuntamiento de Oliva y hasta allí fueron empleados del Consistorio de Villalonga, cuando las bases de estos cursos, pagados con ayudas de la Generalitat, establece con claridad que los talleres son para los empleados de la Corporación que recibe las ayudas, en este caso Oliva.

La situación fue tan anómala que los miembros que dirigían el tribunal detectaron a la primera de cambio el intento de engaño. De hecho, entre las personas que integraban el tribunal se encontraba una alta funcionaria del Ayuntamiento de Oliva. Las primeras reacciones fueron solicitar a las personas que habrían intentado engañar a los funcionarios los títulos originales y fue cuando se descubrió que habían hecho cursos donde no les correspondía.

Ante esta situación, el Ayuntamiento de Villalonga recurrió a un letrado para realizar un informe sobre los hechos. El escrito era claro, podía existir «fraude de ley», dado que el sindicato Comisiones Obreras del Ayuntamiento de Oliva sabría a la perfección que el curso era para empleados de la Ciudad Condal. Fuentes de la anterior corporación de Oliva, que ha cambiado de signo, indicaron en su momento, que en un ejercicio Oliva recibió una cantidad muy alta para hacer estos cursos y que el sindicato solicitó poder llamar a empleados de otras poblaciones, recibiendo el visto bueno del ejecutivo anterior (Compromís y PSPV), cuyos miembros, posiblemente tendrán que dar alguna explicación ante Fiscalía.

De la misma manera tendrán que hacerlo los tres empleados en activo de Villalonga que aportaron la documentación falsa: «No será necesario que hicieran esto, ya que con el tiempo que llevan trabajando tenían puntuación sobrada; lo que consiguieron fue quedarse fuera del proceso». La cuarta persona hizo el curso en Oliva sin ni siquiera trabajar para el Ayuntamiento, lo que vendría a demostrar cierto compadreo en la asignación de estos cursos.

Pese a todo, la investigación se abre ahora y todos los implicados tendrán que explicar el porqué de cada uno de los hechos. Desde los aspirantes que llevaron documentación fuera de la legalidad, hasta, quizá, los miembros del tribunal porque descartaron los certificados, aunque esto es comprensible dado que no era la documentación que se solicitaba y los talleres se realizaron de una forma fuera de lo habitual, ya que se beneficiaron de ellos personas para los que no estaban organizados los cursos.

De la misma forma podrían tener que dar explicaciones tanto quienes invitaron a participar en los cursos a empleados de Villalonga, se desconoce si acudieron de otras poblaciones a los talleres de Oliva, así como, posiblemente miembros del anterior gobierno de Oliva.

Ante esta situación el nuevo alcalde de Villalonga, Juanjo Sanchis, que ya fue edil de Personal en la época en que Enric Llorca fue alcalde, ha indicado que la nueva corporación acaba de entrar y que de momento prefiere no hacer valoraciones sobre estos hechos hasta tener más información. Cabe recordar que dos de las cuatro personas que intentaron engañar al tribunal fueron contratadas por Llorca, el exalcalde condenado por prevaricación administrativa. La sentencia salió de Gandia y fue ratificada por la Audiencia Provincial, dando por hecho que Llorca contrató sólo bajo su criterio a quien consideraba oportuno sin atender a las recomendaciones de los funcionarios del Ayuntamiento.

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