Fiscalía investiga si ha habido malversación en Oliva al dar cursos a los empleados que han intentado engañar a Villalonga

La Fiscalía Provincial de Valencia tiene por delante un complejo proceso. El ministerio público tiene varios campos que investigar derivados del presunto engaño de tres empleados del Ayuntamiento de Villalonga que aportaron documentación falsa para lograr un contrato fijo en el consistorio. Entregaron certificados de cursos y formación realizada en Oliva, impartidos por Comisiones Obreras, cuando los trabajadores de un consistorio sólo pueden realizar este tipo de acciones en sus municipios. El informe del abogado del Ayuntamiento de Villalonga habla en todo momento de «fraude de ley», pero también alerta de que Oliva podría haber cometido «malversación» al formar a empleados de otras poblaciones.

Esto viene derivado de que el dinero para estas acciones formativas se entrega al sindicado para impartir sesiones y ampliar conocimientos de las personas que trabajan en el Ayuntamiento en cuestión, en este caso Oliva. El proceso de consolidación de plazas se abrió en el Ayuntamiento de Villalonga para regularizar los puestos laborales y acabar con las crisis que muchos de los propios empleados han generado en los últimos años.

Este proceso, como no puede ser de otra manera, se ha regido por un tribunal compuestos por funcionarios de carrera, entre ellos, una alta funcionaria de Oliva. Es precisamente en Oliva, donde trabajadores del Ayuntamiento de Villalonga fueron a recibir sesiones formativas, algo que detectó el tribunal y que ha sido motivo suficiente para dejar fuera del concurso a los tres trabajadores. Una cuarta persona, que ni siquiera era empleado de Villalonga, lo fue en el pasado, también fue a Oliva a estas sesiones, como todos ellos han demostrado al aportar los certificados al tribunal.

Los miembros del tribunal detectaron rápidamente que había alguna anomalía y solicitaron a estas cuatro personas que aportaran los certificados originales para «cotejarlos» con las copias que habían presentado. Nada dejaba lugar a dudas, habían recibido formación con dinero destinado a cursos para otros empleados, trabajadores de Oliva, no de otras poblaciones.

Ahora, Fiscalía, además de investigar a los tres empleados y a la cuarta persona que no es trabajador del Ayuntamiento de Villalonga, tiene por delante también dilucidar si se ha cometido «malversación» de dinero público en el Ayuntamiento de Oliva, dado que las ayudas para estos cursos «sólo están destinadas para empleados municipales», como indica la resolución del 9 de marzo de 2022 de la Conselleria de Justicia por la que se convocan estas ayudas para administraciones locales.

Todo ello implica que el «incumplimiento de las bases», entre las que la principal es dar la formación a los empleados locales, no a otros, puede implicar los «reintegros o sanciones» de las ayudas, como establece el articulo 172 de la Ley 1/2015 de Hacienda Pública. Ante todo esto, LAS PROVINCIAS ha intentado hablar con la alcaldesa de Oliva, Yolanda Balaguer, que es quien firma los certificados de aprovechamiento de estas cuatro personas. Quien sí se ha puesto en contacto con este periódico ha sido el concejal de Recursos Humanos de Oliva, Josep Escrivá, quién ha intentado arrojar luz sobre todo este complicado proceso.

El concejal ha indicado que en 2022 Oliva recibió 20.000 euros para cursos de formación, cuando lo habitual era percibir unas cantidades de unos 2.000 euros. «Se organizaron todo tipo de cursos para personal, tanto para policías como para peones o empleados de limpieza», ha precisado el edil de Compromís. Pero la oferta de cursos era de tal magnitud, al recibir una cuantía económica tan elevada, que no se cubrían todas las plazas.

«Desde un sindicato -Comisiones Obreras- me preguntaron si podían abrir la participación a más personas porque había muchas plazas libres. Entendíamos que no había problemas y dijimos que sí», ha precisado Escrivà.

El edil ha explicado que desde Oliva entienden que todo ha sido legal, pero que pese a todo, han encargado un «informe a los técnicos municipales» sobre este asunto, para conocer si verdaderamente se podía incluir a más gente en los cursos como pidió el sindicato. «En caso de que el informe sea negativo los certificados de aprovechamiento que lograron estas personas o las que sean se revocarán, algo que es completamente viable», ha finalizado el concejal de Oliva.

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