Un juez condena al exalcalde de Gandia a pagar los 283.000 euros que dio a una televisión privada

El Tribunal de Cuentas ha investigado las ayudas que Torró lanzó durante su etapa como alcalde para que dos televisiones privadas emitieran contenidos locales. De hecho, este asunto está también pendiente de juicio, ya que se ha abierto un proceso penal conocido como el 'caso Tele 7'.

Torró, tras acceder al gobierno de Gandia, cerró la televisión pública Gandia TV, desmantelando las instalaciones por completo y creando en su lugar el Casal dels Joves, que aún sigue en el mismo recinto: l'Alqueria de Laborde.

El Ayuntamiento de Gandia llevó ante el Tribunal de Cuentas, tras la salida de Torró del consistorio, toda la documentación de los pagos y hace meses ya se emitió una primera liquidación.

El organismo condenaba a Arturo Torró a pagar medio millón de euros al Ayuntamiento, al entender que los abonos a la mercantil no se ajustaban a la legalidad contable. Esta cantidad es la que Gandia, a través de la empresa municipal Iniciatives Públiques de Gandia (IPG), abonó a la empresa del sector audiovisual, que se retiró de ese plan de ayudas durante el mandato de Torró.

El gobierno del PP argumentó en su momento, y Torró lo sigue diciendo ahora, que ese pago correspondía "al lucro cesante de la mercantil, que ya había hecho inversiones en su proyecto para Gandia" y mantiene su defensa de esta gestión.

El medio millón de euros fue la primera cantidad que el Tribunal de Cuentas reclamó a Torró y al que fuera gerente de IPG durante al gobierno del PP, Gonzalo Morant. Pero Torró recurrió la liquidación y en el fallo que se conoció ayer se le rebaja la cifra a casi la mitad, un total de 283.125 euros.

La sentencia de este 27 de julio exime a Morant de ser el artífice del encaje financiero, por lo que centra en la figura de Torró toda la responsabilidad de estos pagos. Por ello, en el fallo ese especifica que se condena al exalcalde a "reingresar" esta cantidad en el Ayuntamiento de Gandia.

Torró hizo estos pagos a través de IPG, la mercantil municipal que se creó durante la etapa del socialista José Manuel Orengo y que clausuró el actual bipartito (PSPV y Compromís Més Gandia Unida) durante la pasada legislatura, liquidando además toda su deuda.

Las ayudas que Torró lanzó tras el cierre de Gandia TV durante su legislatura también están en los juzgados. De hecho se abrió un proceso penal contra el exprimer edil y está previsto que se celebren las vistas una vez que pase el verano. Torró afirmó ayer que esta rebaja del Tribunal de Cuentas viene a darle la razón en su gestión: "El PSPV me ha llevado a los juzgados pidiendo que pagara cuatro millones y medio, de ahí se pasó a medio millón y ahora a la mitad". Anunció que tiene previsto recurrir ante el Tribunal de Cuentas.