Malestar entre los hosteleros de Gandia por tener que pagar por colocar terrazas durante este año

El Ayuntamiento de Gandia está notificando a los hosteleros de la ciudad la obligatoriedad de abonar la tasa de ocupación de vía pública de 2020, eso sí, sólo de les meses de enero y febrero y de los primeros quince días de marzo, hasta justo el día de la declaración del estado de alarma.

El malestar en el sector de bares, cafeterías y restaurantes es mayúsculo, ya que no se entiende que se quiera cobrar un impuesto a unos empresarios que dicen «tener pérdidas desde hace ya ocho meses», como indicaron fuente de la Asociación de Empresarios de Hostelería y Turismo de la Safor.

Es más, algunos propietarios de locales, de distritos como Corea, el Grau o Roís de Corella barajan cerrar sus locales en las próximas semanas y dicen que tenían «entendido que este año se había suprimido la tasa de ocupación de vía pública».

«Llevan anunciando ayudas desde el gobierno de Gandia desde que arrancó la pandemia. Es cierto que nos han suprimido el tributo por colocar mesas y sillas en la calle y que nos han dado más espacio, pero ahora resulta que no es para todo el año», indicó el dueño de un bar del Grau.

«Este mobiliario no se llena. No viene casi gente y con la llegada del frío no tendremos clientes. Hay que cerrar, por lo menos, los meses centrales del invierno», dijo otro hostelero del barrio de Roís de Corella, ubicado muy cerca de los juzgados. «Por aquí aún viene algo de gente por la mañana, pero por la tarde está muerto. No hay negocio», precisó.

Desde la asociación indicaron que conocen el malestar de los compañeros y solicitan al gobierno que intente revisar el cobro de los primeros meses. «Tengo que pagar 72 euros por los primeros meses, si no lo hago no me dejarán tener terraza el próximo año», dijo otro empresario.

Desde el área de Economía del Ayuntamiento de Gandia indicaron que se han impulsado ayudas en tiempo récord para los hosteleros y medidas como la ampliación de terrazas, pero que no se puede eximir del pago a los locales por un periodo en el que han disfrutado de mesas y sillas dentro de una actividad con normalidad. «Los servicios jurídicos no permiten suprimir el cobro de ese periodo», añadieron.