El preso que huyó del retén hace cinco días sigue libre mientras el ejecutivo busca las deficiencias

Nada se sabe del detenido que huyó hace cinco días del retén policial de Gandia, aunque las fuerzas de seguridad continúan con un fuerte dispositivo de búsqueda que ha puesto en alerta a Guardia Civil, Policía Nacional y Policía Local. Mientras el ladrón se encuentra en paradero desconocido, el ejecutivo intenta solucionar de la manera más rápida posible los desperfectos del retén policial para volver a usar las celdas cumpliendo con todas las medidas de seguridad necesarias.

La comisión formada por técnicos de Urbanismo se puso en marcha el mismo lunes y será la encargada de dictaminar y evaluar los desperfectos para proceder a la actuación. De esa valoración se extraerán dos cuestiones importantes. Por un lado, se procederá a un control de la gestión de la obra que en su día se ejecutó bajo el mandato del gobierno del Partido Popular, cuestiones relativas a los materiales que se usaron en su construcción y a las deficiencias que han surgido con el paso del tiempo. Mientras que otra cuestión será examinar in situ con los técnicos municipales el retén y realizar la auditoría.

Tras ese examen, y evaluando todos los desperfectos, el ejecutivo podrá reclamar algunos daños a la empresa constructora haciendo uso de la garantía de 15 años de la construcción, a quien repercutirán los gastos. En función del balance de desperfectos se decidirá si son imputables a deficiencias de la construcción, o si por el contrario será el Ayuntamiento quien deberá soportar los costes de una infraestructura que no cumple con las medidas de seguridad adecuadas.

En este caso, el ejecutivo debería hacer frente a un elevado coste que saldría de las arcas municipales, porque mientras tanto, las instalaciones no pueden ser utilizadas para custodiar a detenidos. Una cuantía económica que en esta legislatura, el ejecutivo ya ha cifrado en 80.000 euros, de un edificio que se estrenó a mediados del años 2015, y que costó 6,4 millones de euros, entre la expropiación del solar y la ejecución de la obra.

De momento, lo que es evidente, es que el retén de la Policía Local no va a custodiar más presos hasta que no se subsanen los problemas, tal y como ha pedido el Ayuntamiento a los juzgados de la Ciudad Ducal.

Las paredes de las celdas están hechas de pladur, un material que no cumple con las medidas de seguridad que requieren este tipo de instalaciones. El pasado septiembre, tras los desperfectos ocasionados por otro detenido en una de las celdas, el Consistorio ya se vio obligado a reparar varios de los calabozos. Tuvo que emplear ladrillos y cemento, así como otro tipo de materiales para aumentar la seguridad. Las imágenes de los desperfectos ocasionados por los detenidos han dejado al descubierto paredes endebles, así como rejas que no están suficientemente ancladas y que son fáciles de arrancar debido a su poca consistencia, ya que están ancladas sobre yeso.

La fuga del detenido, que estaba en esos momentos bajo custodia policial antes de su ingreso en prisión, ha desatado una guerra política entre gobierno y oposición. El portavoz del ejecutivo, José Manuel Prieto reconoció el lunes que el gobierno es el encargado de subsanar las deficiencias porque son los responsables de que las instalaciones cumplan con las garantías de máxima seguridad, pero recordó que el PP calificó la central de Policía Local como una de las mejores de la Comunitat Valenciana y ha quedado demostrado que es una «chapuza».

Desde el PP han atacado preguntando al ejecutivo qué han hecho durante todo este tiempo para evitar lo que ha sucedido si eran conscientes de que existían desperfectos. El popular Víctor Soler ya propuso hace unos días que el ejecutivo reclama a la empresa porque si existen errores en la construcción hay un periodo de tiempo para reclamar. Desde las filas populares no obviaron la responsabilidad, pero señalaron que el tiempo de uso de las instalaciones ha sido mayor con el actual gobierno, que con el anterior del Partido Popular. Apenas unos meses después de poner en funcionamiento las nuevas dependencias policiales, el PP salió del ejecutivo, y pasó a gobernar el PSPV y Més Gandia.

Tampoco se han quedado al margen de esta polémica los sindicatos. Desde CCOO han solicitado al Consistorio que se paralice la utilización de las celdas del retén hasta que se garantice la seguridad. Hace años, los sindicatos ya alertaron al ejecutivo de algunas deficiencias, que según indicó la edil de Seguridad Ciudadana, Àngels Pérez, se subsanaron en su día y contaron con el visto bueno de los sindicatos.