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Albergue de la Protectora de la Safor. Ó.D.

El Supremo condena a Gandia a pagar las costas tras anular la concesión de recogida de animales de 2016

El fallo reconoce que la empresa carecía de instalaciones adecuadas, aunque el servicio ahora lo imparte la Protectora de la Safor

ó.d.

Gandia

Lunes, 21 de junio 2021, 13:45

El Tribunal Supremo ha dado la razón a la Sociedad Protectora de Animales y Plantas de la Safor (SPAMA) en el recurso que inició en 2020 contra el Ayuntamiento de Gandia y ha condenado al consistorio a pagar las costas del proceso judicial, un total de 2.000 euros, como relata el fallo de la Sala de lo Contencioso Administrativo de la Sección Primera del Supremo, con fecha del 3 de junio.

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El alto tribunal reconoce que la contrata que impulsó el consistorio con una empresa en 2016 para la recogida de animales perdidos en la calle no se ajustaba a la legalidad, ya que incumplía "el punto más importante", aseguran desde SPAMA. Además condena a Gandia a pagar las costas del proceso.

La concesionaria del servicio carecía de un recinto con el certificado de Núcleo Zoológico, donde pudieran estar las mascotas que recogían en la calle. SPAMA acudió a los tribunales y presentó un contencioso administrativo, tras tres años y medio de concesión a la anterior empresa.

Otra sentencia

Pese a obtener la razón en septiembre del pasado año, el Ayuntamiento de Gandia recurrió y ha sido ahora el Supremo quien ha vuelto a dar la razón a la Protectora de Animales, con sentencia firme y con condena al Ayuntamiento de hacerse cargo de las costas.

Da la casualidad que SPAMA es la concesionaria del servicio, ya que acordó con el Ayuntamiento un convenio para recoger los animales y cuidarlos en su albergue de la partida La Banyosa de Gandia.

Desde el gobierno local (PSPV y Compromís Més Gandia) han indicado que esta sentencia reconoce que la concesionaria de aquel contrato "carecía de núcleo zoológico", pero que ese acuerdo ya finalizó. "Es inaplicable", ha dicho Jose Manuel Prieto.

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El edil ha remarcado que durante el proceso en estos años ha quedado claro que los "pliegos de condiciones" eran correctos y que la labor del consistorio fue correcta.

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