Torró solicita su absolución y achaca sus decisiones a la quiebra que dejó el PSPV en Gandia

El juicio contra el exalcalde de Gandia Arturo Torró por un presunto delito de malversación de dinero público y fraude en la contratación ha quedado visto para sentencia. La última vista ha tenido lugar este miércoles 21 de diciembre y en ella los acusados han podido hacer su alegato final. Tanto Torró como el resto de encausados y sus defensas han pedido la absolución, aunque con distintos argumentos.

El exalcalde se enfrente a una pena de ocho años de cárcel y 20 de inhabilitación, según ha solicitado la fiscalía. Torró, en su intervención, ha alegado que todas sus decisiones estaban derivaban de la situación económica que heredó cuando accedió al cargo y ha recordado la deuda que dejó el PSPV y su antecesor, el socialista José Manuel Orengo.

Su defensa ha pedido la absolución argumentando que Iniciatives Públiques de Comunicació (IPG), la mercantil municipal que abonó medio millón a una empresa audiovisual, no tenía los controles de una administración, por el propio hecho de ser una empresa, aunque dependiera del Ayuntamiento. Por ello, la defensa entiende que no se pueden aplicar contra Torró los delitos de malversación o fraude en la contratación.

Otro de los encausados, el exasesor de Torro Javier Reig ha solicitado quedar libre, como ya ocurriera en otro proceso. Este caso también llegó al Tribunal de Cuentas, donde se realizó una liquidación en la que Reig no quedaba implicado, pero sí Torró al que le obligaron a devolver el dinero abonado a la mercantil, medio millón, algo que de momento no ha ocurrido.

En la sesión, la fiscalía se ha mantenido en su petición y no ha rebajado la pena que pide para Torró. Quien sí ha cambiado sus peticiones ha sido la acusación particular, representada por el Ayuntamiento de Gandia. Ha retirado la acusación sobre tres personas, el edil del PP Toni Abad, Pepe Codina y Josep Lluís Giménez.

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