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La sentencia contra el exalcalde de Gandia Arturo Torró por el conocido como Caso Tele 7 se ha conocido este jueves 13 de abril. El fallo de la Audiencia Provincial ha resuelto cárcel para el que fuera primer edil de Gandia entre 2011 y 2015, por el Partido Popular.
La pena es de tres años y medio de prisión, aunque la sentencia permite recurso ante el Tribunal Supremo en el plazo de cinco días tras recibirse la notificación. La sección segunda de la Audiencia Provincial de Valencia ha fijado cárcel para Torró por el delito de malversación en la adjudicación de los servicios de comunicación audiovisual entre los años 2012 a 2015 en el consistorio, el conocido caso Tele7.
De hecho, Torró ha avanzado que recurrirá esta sentencia y lo ha hecho mediante un vídeo en sus redes sociales. «Puedo apelar dos veces y lo haré. Llevo diez juicios en los que he quedado absuelto. En este último, antes de elecciones no me podía escapar», ha ironizado.
El exalcalde ha afirmado que ya conocía este fallo desde la semana pasada: «Me llamaron amigos de Madrid; un ministro se fue de la lengua y lo comentó. Una ministra se vino arriba y lo dijo en un mitin: lo van a condenar».
Torró ha defendido su inocencia, ha dicho que en ningún momento se ha llevado dinero y denuncia que a él le han aplicado la «vieja legislación, mientras que a los independentistas, la nueva».
La setencia, a la que ha tenido acceso LAS PROVINCIAS, determina que Arturo Torró es el autor de un delito de «malversación» de caudales públicos, al entregar las ayudas económicas a dos empresas del sector audiovisual.
Junto a la pena de cárcel, la Audiencia Provincial reclama al exalcalde el pago de una indemnización solidaria junto a Ricardo Manuel Faura, exadministrador de la mercantil Comarques Central Televisió, de 135.812,50 euros al Ayuntamiento de Gandia.
Faura también ha sido condenado a un año y nueve meses de prisión como cooperador de la malversación que se produjo en Gandia en los años del gobierno de Torró.
La Audiencia Provincial también ha impuesto a Torró una inhabilitación absoluta de seis años y seis meses para ejercer cargos públicos y cierra así, al menos por el momento, cualquier amago de regreso a la política del exalcalde.
Torró también fue presidente del Consejo de Administración de IPG, la mercantil pública creada en la legislatura anterior por el PSPV de José Manuel Orengo para dirigir y gestionar desde fuera del Ayuntamiento servicios municipales, entre ellos la comunicación, pero también proyectos o deportes.
La Audiencia Provincial de Valencia ha absuelto de los hechos delictivos a las otras cinco personas acusadas en el procedimiento, algunos ediles del PP y cargos de confianza de la época de Torró..
Durante la vista, hace ya unos meses, Torró se declarón inocente y destacó que nadie puso jamás ninguna pega a la gestión de las televisiones: «Todo era aplausos porque se veía más la televisión que antes y a menos de la mitad del coste que antes», señaló en su momento.
Tras conocerse esta sentencia, ha habido reacciones. La primera ha sido del PSPV. El secretario de Organización, José Muñoz, ha afirmado que la «sentencia del Caso Tele 7 vuelve a demostrar que el Partido Popular lleva la corrupción en su ADN».
En este sentido, el dirigente socialista ha lamentado que la Comunitat Valenciana «vuelva a ser noticia por la corrupción del PP» y ha subrayado que «sus actuales dirigentes son más de lo mismo, son el mismo PP de siempre y representan la peor cara de nuestra historia».
Quien también se ha manifestado es el PP de Gandia. La formación ha indicado que mantiene «respeto a la justicia y a sus pronunciamientos».
«Ante la reciente sentencia judicial hecha pública referente al conocido como 'caso Tele7', desde el Partido Popular de Gandia mostramos nuestro respeto a la decisión tomada por la Audiencia Provincial de Valencia, confiando plenamente en la autoridad judicial, su independencia y su buen criterio para llegar al fallo final de la sentencia publicada», han señalado.
El Partido Popular de Gandia se desmarca de cualquier actividad vinculada a la sentencia conocida, así como a las personas que han sido condenadas, las cuales no ostentan ningún tipo de cargo ni representación pública en la actualidad.
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