Tres empleados intentan engañar con documentación falsa a Villalonga para lograr un contrato fijo

El Ayuntamiento de Villalonga ha sido víctima de un intento de engaño por parte de tres empleados públicos y de un extrabajador del consistorio. El municipio inició hace casi un año un proceso de regularización de personal laboral con el fin consolidar plazas y que todos los empleados estuvieran en una situación de legalidad, al encontrarse contratados pero en lo que se considera fraude de ley.

Durante el proceso, se ha comprobado que tres empleados han intentado engañar al tribunal que evaluaba los méritos de todos los trabajadores para que pudiera consolidar su plaza. En todo momento, se trata de personas contratadas por el Ayuntamiento de Villalonga en distintas áreas, como oficiales, peones o limpieza, y de plazas que no estaban reguladas.

Para ello se inició este proceso. Este personal laboral podía aportar documentación para mejorar su puntuación e intentar mantener su puesto de trabajo, en caso de que otra persona optara, aunque al llevar ya años ocupando estos puestos les daba ya muchos puntos de cara a la suma total.

En este proceso se van a regularizar hasta un total de 28 puestos de trabajo, pero la sorpresa ha saltado al comprobar que cuatro de las personas han aportado documentación o cursos que no se ajustan a la legalidad. En concreto tres personas que llevan años trabajando en el Ayuntamiento de Villalonga han presentado cursos «que no podían realizar», como apunta un informe del letrado de Villalonga

Estas personas han llevado ante el tribunal certificados de cursos llevados a cabo en otro Ayuntamiento de la Safor y «que impartía el sindicato Comisiones Obreras», como precisa el informe. Estos cursos del FOREM estaban costeados con Fondos de Formación (dinero público) y según las bases de estas formaciones «sólo pueden impartirse a los empleados públicos del municipio en cuestión».

Esto quiere decir, que los tres empleados de Villalonga «no podían realizar estos cursos», ya que según indica el informe del letrado su participación en estas sesiones «podría ser constitutiva de delito», tanto para ellos como para quien los ha impartido, el sindicato o el otro ayuntamiento, ya que los recursos económicas para estos cursos eran para sus trabajadores, no para los de Villalonga o para empleados de cualquier otra población.

Pero una cuarta persona, también aportó un certificado de un curso, del mismo tipo, realizado en este otro municipio de la Safor, con más agravantes. Por un lado, no podía realizarlo fuera de Villalonga, como el resto, y además, en el momento de hacer esta formación «no era empleado público», por lo que este curso no le correspondía bajo ningún concepto y «se habría aprovechado de fondos y recursos destinados a otras personas». Todo esto ha acabado de la siguiente manera.

De los tres empleados que podían consolidad su plaza, dos se han quedado fuera del proceso y no la han podido lograr de forma fija, pero siguen en ella al no haber más aspirantes. Un tercero la ha perdido porque sí que otra persona ha luchado por ella y la ha logrado. El cuarto, que no era trabajador de Villalonga en estos momentos, sí lo fue en el pasado, se ha quedado fuera. Todo esto por decisión del tribunal al comprobar el engaño y que aportaron documentación «que no se ajusta a la legalidad y que intentaron engañar al tribunal», dice el informe del letrado.

Ante esta situación la concejala de Personal de Villalonga, Alicia Gomis, ha indicado que todo el proceso ha sido completamente legal y ha remarcado que el ha estado regido por funcionarios «no por políticos». De hecho, algunos de los que estaban en este grupo para evaluar a los nuevos empleados o a los que se regularizaban era de municipios de la Safor y cuentan con una «larga y contrastada trayectoria».

La concejal de Fer Poble ha explicado que fue el propio tribunal quien observó las irregularidades: «Fue en ese momento cuando me informaron como responsable de Recursos Humanos, pero las decisiones de requerir más documentación y contrastarla ha emanado del tribunal, que sabía muy bien lo que hacía». «Hemos pedido explicaciones al Ayuntamiento de la Safor que ha permitido que se dieran estos cursos a funcionarios de otros Ayuntamientos. Vamos a investigar el asunto y tomar las medidas legales que el letrado considere necesarias para velar por el dinero de todos y evitar este tipo de engaños».

Para Gomis el «engaño a la administración es algo muy serio, ya que se pretende engañar a todo el pueblo y a funcionarios de alto rango, que obviamente no va a ser fácil, cómo no lo ha sido». «En el caso de los empleados de Villalonga que han llevado a cabo esta acción, no era necesario que lo hicieran; tenían una larga trayectoria y con méritos propios, por el tiempo que llevan en el consistorio, por ejemplo, podían mantener su plaza.

Gomis ha finalizado defendiendo que el tribunal ha sido un organismo «imparcial, compuesto por funcionarios de otras administraciones que han venido a concurrir en un proceso de selección y se han basado en las bases que regulan el procedimiento».

• Temas
• Funcionarios
• Villalonga
• Valencia (Provincia)