Más de 12.500 abogados valencianos pugnan por una «pensión digna»

En la Comunitat Valenciana, según cifras de la Asociación Nacional de Afectados por la Mutualidad de la Abogacía (Anama), son más de 25.000 los abogados mutualistas, de los cuales aproximadamente la mitad cotizan únicamente a la mutualidad. El impacto de esta situación es devastador con jubilaciones que condenan a profesionales de larga trayectoria a una precariedad impensable para quienes han dedicado su vida al ejercicio del Derecho.

Pilar Fernández, vicepresidenta de Anama, lo explica con crudeza: «Nos hemos sentido completamente engañados. La mutualidad no garantiza unas pensiones dignas. Muchos compañeros están recibiendo pensiones insuficientes tras toda una vida laboral, y eso es una realidad que no se puede ocultar más«. Añade Fernández que esta problemática, muchas veces silenciada por la vergüenza social de los afectados, está emergiendo con fuerza, desvelando una crisis que afecta de lleno a un colectivo que ha quedado atrapado en un sistema que «ya no cumple su función».

La situación de los abogados mutualistas en España no es fruto de la casualidad, sino el resultado de décadas de decisiones que han dejado a miles de profesionales atrapados en un sistema de previsión social ineficaz. La Mutualidad de la Abogacía, creada en 1944 en plena posguerra por el Consejo General de la Abogacía Española (CGAE), nació con la intención de garantizar apoyo y seguridad social a los abogados en tiempos de extrema precariedad. En un contexto de gran inestabilidad económica, los colegios profesionales crearon mutualidades para asegurar pensiones, cubrir incapacidades y ofrecer coberturas básicas a sus colegiados.

Este sistema funcionó con relativa normalidad hasta finales del siglo XX. Fernández describe cómo hasta 1995, los abogados no tenían más opción que cotizar exclusivamente a la mutualidad si querían ejercer su profesión. «No podíamos darnos de alta en el RETA. La mutualidad nos imponía las cuotas y gestionaba todo a través de los colegios de abogados. Era un sistema que se vendía como más ventajoso que el régimen de autónomos, sobre todo porque permitía pagar de forma progresiva al inicio de la carrera profesional», recuerda.

Este escenario cambió en 1995, cuando se produjo una liberalización que permitía a los abogados elegir entre el RETA o la mutualidad. Sin embargo, muchos profesionales decidieron quedarse en el sistema alternativo, atraídos por las promesas de mejores coberturas y pensiones más generosas que las ofrecidas por la Seguridad Social. «El traspaso al RETA en muchos casos implicaba perder el dinero que ya habían cotizado a la mutualidad, y eso frenó a muchos», explica Fernández. Además, el respaldo de los colegios, que mantenían convenios con la mutualidad, reforzaba la idea de que el sistema alternativo era la mejor opción.

Pero esta confianza ciega en el sistema mutuo se ha convertido, con el paso de los años, en una trampa. En 2005, un cambio normativo transformó el sistema de capitalización colectiva —en el que todos los mutualistas aportaban a una 'hucha' común— a un sistema de capitalización individual. Este cambio afectó gravemente a los abogados que llevaban cotizando desde los años 80, quienes vieron reducidos sus fondos de previsión sin previo. «Nos repartieron una pequeña parte de lo que habíamos cotizado, y muchos compañeros perdieron buena parte de sus aportaciones», lamenta Fernández.

El golpe definitivo llegó en 2018, cuando la mutualidad comenzó a emitir informes trimestrales que revelaban cómo las pensiones previstas, que en muchos casos se estimaban en 1.200 euros, iban disminuyendo año tras año. «Muchos nos dimos cuenta de que las pensiones finales se reducían a 400 o 500 euros, a pesar de haber cotizado durante décadas. Esto desató la alarma en el colectivo», señala Fernández.

El problema no solo radica en la insuficiencia de las pensiones, sino en la falta de información y transparencia. «Nos hemos sentido abandonados y engañados. La mutualidad se ha convertido en una entidad incapaz de garantizar unas pensiones dignas. Y todo esto sucede mientras el Estado, que debería supervisar y regular estos sistemas, ha mirado para otro lado», concluye la vicepresidenta de Anama.

Ahora, más de 60.000 abogados mutualistas están luchando por una reforma que les permita transferir sus fondos de pensiones desde la Mutualidad de la Abogacía al Régimen Especial de Trabajadores Autónomos (RETA). Esta 'pasarela' permitiría a los abogados mutualistas transferir sus fondos acumulados a la Seguridad Social y garantizar una jubilación más segura. Uno de los puntos más controvertidos es el método de conversión de los años cotizados en la mutualidad a años cotizados en el RETA.

Algunos abogados abogan por un intercambio 1x1, es decir, que cada año cotizado en la mutualidad sea equivalente a un año cotizado en la Seguridad Social. Otros optan por una 'pasarela' que permita 'comprar' años cotizados en relación al fondo acumulado en la mutualidad.

Un informe económico-financiero encargado por Anama y elaborado por expertos de la Universitat de València y la Universidad de Extremadura respalda la viabilidad de esta última vía de transición. José Enrique Devesa Carpio, profesor titular de Economía Financiera y Actuarial de la UV e investigador del IVIE, es uno de los expertos detrás del informe.

Según explica, «hemos calculado lo que tendría que haber aportado una persona al RETA desde 1981 hasta ahora, y no habría ningún problema para la Seguridad Social de asumir a los mutualistas». El informe propone una serie de alternativas, incluyendo la posibilidad de que los abogados puedan decidir cuántos años cotizados desean 'comprar' y qué parte de su fondo acumulado quieren transferir al RETA. Esta flexibilidad permitiría a cada mutualista adaptar su transición según sus circunstancias personales.

La lucha de los mutualistas no solo es económica, sino también moral. Durante años, muchos de ellos se han sentido desinformados y, en algunos casos, traicionados por sus propios colegios profesionales, a los que acusan de haber mantenido un 'oscurantismo' respecto a las condiciones reales de sus pensiones. Fernández no duda en señalar que «hubo una falta de información por parte de los colegios y una negación del problema». Expone sin embargo, que no todo ha sido en vano: desde el cambio de presidencia en el Consejo General de la Abogacía, algunos colegios han comenzado a respaldar activamente estas reivindicaciones.

Colegios de abogados en toda España están dando su apoyo a las reivindicaciones. María Clemades, diputada del Ilustre Colegio de Abogados de Valencia (ICAV), reconoce el peso de estas quejas. «Nos dimos cuenta del problema cuando los abogados empezaron a acceder a simulaciones de sus pensiones al llegar a la edad de jubilación. La desprotección es enorme». Clemades asegura que su colegio ha apoyado estas reivindicaciones desde el principio, buscando dar voz a un colectivo que se siente olvidado y traicionado.

El futuro de los mutualistas sigue siendo incierto, pero con pasos significativos hacia una solución. El Gobierno ha anunciado que en 2027 se eliminará la opción de que nuevos abogados se acojan al sistema mutualista como alternativa al RETA, evitando que futuros profesionales enfrenten el mismo problema. Mientras tanto, la propuesta de la pasarela sigue sobre la mesa, y la lucha por una jubilación digna continúa para aquellos que ya forman parte del sistema mutualista.

La propuesta presentada por el Ministerio de Inclusión, Migraciones y Seguridad Social presidido por Elma Saiz sobre la integración de los abogados en el RETA introduce varios cambios que los profesionales del derecho consideran avances, aunque insuficientes. La medida principal es que, a partir de 2027, la afiliación al RETA será obligatoria para los abogados, sustituyendo el actual sistema de mutualidades como opción alternativa. Esta obligatoriedad es vista por muchos como un reconocimiento de que el sistema mutualista actual es discriminatorio y no garantiza pensiones dignas para los abogados, especialmente en comparación con otros regímenes públicos.

Otra importante novedad en la propuesta que el Ministerio elevará próximamente radica en que la pasarela también estará disponible para aquellos mutualistas alternativos que, una vez aplicado el sistema de equivalencia de cuotas, no alcancen los 15 años de cotización mínima exigidos para tener derecho a una prestación en el sistema público. De esta manera, abogados que no lleguen a esos 15 años de cotización equivalente podrán beneficiarse de la pasarela, siempre que su alta en la mutualidad sea previa a 2005.

Sin embargo, hay ciertos aspectos que generan dudas en el colectivo, como explica Pilar Fernández, vicepresidenta de Anama: «No sabemos si este criterio de los 15 años se aplicará en el momento de la jubilación o al solicitar la pasarela al RETA. Hasta que el Gobierno no aclare estos puntos, no podremos valorarlo al 100%».

Un punto controvertido es que la propuesta no aborda cómo se equipararán los años de cotización a la mutualidad con los del RETA, ni si habrá algún mecanismo para compensar a quienes han cotizado bajo el sistema mutualista pero desean hacer el traspaso. Además, se excluye a los mutualistas ya jubilados, lo que genera una gran preocupación entre quienes actualmente perciben pensiones muy bajas, alrededor de los 400-500 euros mensuales. Estos jubilados no solo están fuera del alcance de la reforma, sino que también carecen de beneficios básicos, como la prestación farmacéutica, lo que agrava aún más su situación.

Los abogados celebran los avances recientes, aunque consideran que las propuestas del Gobierno siguen siendo insuficientes. Clemades valora positivamente la obligatoriedad de cotizar al RETA a partir de 2027, reconociendo que supone un reconocimiento a la injusticia del régimen mutualista. Sin embargo, critica que el proyecto del gobierno limite el traspaso al RETA solo a quienes hayan estado en la mutualidad antes de 2005. Además, señala que no se ha aclarado cómo se equipararán los años cotizados y se lamenta por la exclusión de las clases pasivas, quienes se encuentran en una situación especialmente precaria.

Clemades insiste en que, aunque se ha avanzado, aún queda un largo camino por recorrer para lograr una solución justa y completa para todos los mutualistas.

Fernández destaca, por su parte, la unidad del colectivo de abogados y su capacidad para movilizarse, como se evidenció en la manifestación del 28 de septiembre de 2023, que reunió a unos 14.000 abogados en Madrid. La vicepresidenta de Anama subraya la importancia de seguir presionando al gobierno para que responda a sus demandas. Señala que el Estado tiene una responsabilidad por la falta de control y supervisión sobre las mutualidades, y denuncia que la mutualidad actúa como una aseguradora, sin garantizar pensiones dignas.

Según Fernández, las propuestas actuales del gobierno no abordan todas las casuísticas y son discriminatorias, ya que dejan fuera a ciertos colectivos y no permiten utilizar los fondos cautivos para mejorar las pensiones o transferirlos al RETA.

Expresa su frustración con la actual fase de negociación con el Ministerio de Seguridad Social, calificándola como «difícil» y señalando un claro estancamiento por parte del Secretario de Estado de Pensiones, Borja Suárez. «No están atendiendo nuestras reivindicaciones», lamenta, añadiendo que el colectivo de abogados sigue aportando cientos de millones mensuales a las mutualidades sin que esto se traduzca en pensiones dignas.

En cuanto a los próximos pasos de la asociación, Fernández asegura que seguirán intentando reunirse con el Ministerio para insistir en que se atiendan sus propuestas, las cuales consideran mucho más alineadas con las necesidades reales del colectivo. Además, señala la importancia de unificar las reivindicaciones con la abogacía institucional, incluidos el Colegio de Abogados y el Consejo General de la Abogacía, para presentar un frente común. «También vamos a hacer una labor de difusión de nuestra situación y de nuestros informes, y queremos que Europa conozca esta problemática», añade.

La dirigente denuncia que la situación actual es una «injusticia e indignidad absoluta» y acusa al Estado de haber descuidado sus funciones de supervisión, vigilancia y control sobre las mutualidades. Según Fernández, esta falta de regulación ha permitido que miles de abogados se encuentren en un régimen que no garantiza pensiones dignas, y añade que el Estado tiene la responsabilidad de corregir esta situación. Pese a las dificultades, los abogados no se rinden. «Seguiremos peleando y luchando por la dignificación de nuestras pensiones».