Los jueces estrella cobran 4.000 euros y en su sueldo van incluidas las presiones

Una foto de Don Juan Carlos preside el modesto Juzgado de Instrucción número 3 de Palma, donde se sienta el magistrado José Castro, responsable del caso Nóos y de la imputación de la Infanta Cristina. «La pusieron los del Ministerio, ya la cambiarán algún día», se excusa el funcionario que atiende el teléfono. Son las doce del mediodía y Castro hace tres horas que se ha ido a casa, después de una guardia de veinticuatro horas. Al día siguiente llega puntual a las nueve -en coche si llueve, en moto si no-, pero lo de la entrevista... «ni hablar, ni hablar».

Tampoco habla Pablo Ruz, que oficia en el Juzgado Central de Instrucción 5 de la Audiencia Nacional, el que dirigía Baltasar Garzón, expulsado de la carrera judicial y condenado por el Tribunal Supremo a once años de inhabilitación por un delito de prevaricación en las escuchas del caso Gürtel. En su despacho también tiene un cuadro. Bueno, en realidad tiene tres: un retrato a carboncillo de unos niños pintado por una mujer que sobrevivió al Holocausto nazi en un campo de concentración, un dibujo «a puro color» que le han hecho sus hijos (tiene cuatro) y una imagen serigrafiada de Bilbao, ciudad que «le encanta» y en la que estuvo destinado entre los años 2006 y 2008. Los cuadros asoman por en medio de las montañas de papeles, miles de folios con la documentación del caso Bárcenas y el caso Gürtel. Ruz acabó el pasado miércoles la instrucción de la primera parte (ha durado siete años), lo que ha desencadenado la dimisión de la ministra de Sanidad, Ana Mato, ya que el juez considera que la dirigente popular se benefició de los viajes y regalos por valor de 36.688 euros que la trama pagó a su marido, el exalcalde de la localidad madrileña de Pozuelo de Alarcón, Jesús Sepúlveda, a cambio de contratos públicos entre los años 2000 y 2005.

José Castro y Pablo Ruz encabezan el top five del mediático grupo de los jueces contra la corrupción, que también integran Mercedes Alaya, instructora del escándalo de los ERE de Andalucía; Eloy Velasco, quien fuera director general de Justicia de la Generalitat Valenciana durante los mandatos de Eduardo Zaplana y Francisco Camps, y ahora responsable de desenredar las corruptelas del exsecretario general del PP de Madrid, Francisco Granados, en el caso Púnica; y Santiago Pedraz, que investiga por blanqueo y fraude fiscal a Oleguer Pujol, el hijo menor del expresidente del gobierno catalán. Ellos defienden «la última trinchera de los derechos del ciudadano, la que nos diferencia de la barbarie».

La frase es de Santiago Torres (Palencia, 1962) y la trinchera casi la cavó él. Es el juez que metió en la cárcel a Jesús Gil, uno de los primeros que plantó cara a los corruptos aunque él cede el asiento a Marino Barbero. «Fue el instructor del caso Filesa (financiación ilegal del PSOE) y un ejemplo de la lucha contra la corrupción en los años noventa». Santiago cogió el testigo por casualidad. «Estaba destinado en Barcelona y pedí plaza en Granada porque la familia de mi mujer es de allí. Había cola para entrar y fuimos hasta Marbella, que quedaba cerca».

Se encontró una ciudad sitiada por el gilismo. «A los concejales se les rendía pleitesía en los juzgados, creían que Marbella era suya y ellos decidían lo que era legal y lo que no. Eran los dueños de todo y había una sumisión absoluta. El que se rebelaba sabía que se enfrentaba a severas consecuencias». Y Torres lo hizo. Admitió a trámite la primera querella por delito urbanístico de la Costa del Sol, el denominado caso Belmonsa, la concesión de una licencia ilegal para construir un edificio de doce plantas en una zona verde que fue el origen del caso Malaya y por el que fueron imputados por primera vez el exalcalde de Marbella Julián Muñoz y el exasesor de Urbanismo Juan Antonio Roca. También llevó a la cárcel a Jesús Gil en 1999, acusado de malversación de fondos y condenado por el caso Camisetas, por transferir a través de una suerte de caja única fondos del Ayuntamiento marbellí al Atlético de Madrid, club de fútbol del que era presidente. «Al día siguiente de que ingresara en prisión se manifestaron diez mil personas, gobernadores civiles y gente de la jet -recuerda Torres-. Yo estaba trabajando en el juzgado, tomando declaraciones, y oía a Julián Muñoz ponerme a parir por los altavoces. La gente gritaba: Torres, cabrón, irás al paredón».

Una presión que consiguió soportar a diario durante los tres años que estuvo destinado en Marbella, desde 1997 hasta 2000 -en 2013 decidió colgar definitivamente la toga y ahora trabaja como abogado en un despacho privado-. «Cada semana repartían miles de pasquines en los que me ponían de hijo de puta para arriba. En un cumpleaños al que fueron mis hijos, los padres de los demás niños se repartían esos panfletos. A mi mujer le seguían a una distancia de medio metro, la acosaban cuando iba a comprar el pan, a llevar a los chavales al colegio. A ellos también los condenaron al ostracismo social en la escuela, no les invitaban a las fiestas, aunque eran pequeños y no se enteraron. Controlaban todo de mi familia, sabían datos de mis padres, de mis hermanos... y alguien llegó a decirme: Para qué te voy a liquidar si tú me vas a arreglar esto». La corrupción había emponzoñado a jueces, policías... «Yo pedía agentes para investigar delitos económicos y en lugar de ayudarme los mandaban a vigilar polígonos industriales donde no pasaba nada. Allí sólo sobrevivían los que tenían intereses coincidentes con el poder, hubo periodistas a los que llegaron a dar una paliza».

Lo cuenta sin frío ni calor: «Si me dejara llevar por las emociones habría sido un mal juez». Santiago, que era un hombre «muy deportista» y sin achaques, sufrió varios infartos y anginas de pecho -la última hace apenas mes y medio-, que atribuye a la presión experimentada y a las jornadas laborales que en ocasiones «se alargaban toda la noche y los ines de semana». Una entrega incondicional por 303.000 pesetas al mes (1.820 euros).

La crisis y el fin de ETA

Hoy los magistrados ganan entre 2.300 euros y 4.000 netos (Alaya, Castro, Ruz, Pedraz y Velasco están en el máximo) y entre 7.000 y 8.000 los del Tribunal Supremo y el Constitucional. «El 80% de los jueces logra plaza después de estudiar tres o cuatro años para las oposiciones y pagar a un preparador 200 euros al mes para que te ayude a planificar el examen. Luego pasas a la Escuela Judicial y los dos primeros años no cobras más de 1.000 euros. Nadie se hace juez para convertirse en millonario, es algo vocacional», asegura Conrado Gallardo, presidente del Foro Judicial Independiente. Tampoco eligen esta profesión por prestigio: según una encuesta publicada por el CIS en febrero de 2013 (la última que preguntó acerca de este asunto), la de magistrado es, junto a la de periodista, la profesión peor valorada por los españoles, con una nota de 5,9 sobre 10, frente al 7,5 que sacan los profesores universitarios, el 6,6 de los arquitectos y el 6,4 de los barrenderos y los camareros.

«Los ciudadanos creen que tienen una justicia mala, pero los jueces españoles son íntegros y nada ambiciosos», garantiza Pablo Llarena, presidente de la Asociación Profesional de la Magistratura. El problema, alega Conrado Gallardo, «es que la justicia ha estado en un segundo plano durante los últimos treinta años. Se consideraba algo secundario, sólo importaba el Congreso. Ha tenido que hundirse la clase política para que se nos vea como la salvaguarda del ciudadano frente al abuso del poder. Somos el freno que evita que la sociedad se desplome». Las encuestas del CIS confirman el descrédito en que han caído los políticos, considerados actualmente como el tercer problema más grave a ojos de los ciudadanos, por detrás del paro y la corrupción, que a su vez ha escalado desde el puesto 18 hasta el segundo en apenas cuatro años.

Más que un aumento de la corrupción, problema «histórico» en España, ha habido «un cambio de actitud». «Ya no es cosa de truhanes, sino un problema cívico con el que hay menos tolerancia», considera Santiago Torres. Además, se han producido dos coincidencias en el tiempo: la crisis y el fin de ETA. «La corrupción es expansiva, el que se corrompe invita al de al lado a corromperse. Con el boom del ladrillo y la época de bonanza nadie denunciaba porque había trabajo para todos. Para entonces, lo que había empezado con recato, una corrupción casi invisible, se había convertido en algo grotesco», censura Llarena.

La crisis ha multiplicado las denuncias en los juzgados y, aunque pocos, actualmente hay más recursos para atenderlas. «Con el terrorismo todo lo demás pasaba a un segundo plano, por no hablar del coste económico. Sólo en escoltas se gastaban 200 millones al año en el País Vasco. ¿Sabes lo que es poder pasear sin ir escoltado? Eso te hace tener más ilusión por meterte a investigar otros asuntos», confiesa Juan Calparsoro. El fiscal superior del País Vasco percibe que «ha aumentado el prestigio» de la profesión por la lucha contra la corrupción y «también por la forma de actuar con los desahucios, porque los jueces han hecho una interpretación de la ley favorable a la parte más indefensa frente a los bancos».

Por eso Calparsoro reivindica cierta gloria para sus colegas. «Siempre se habla del juez, pero nunca del fiscal». Salvo excepciones, como la que representa Carlos Jiménez Villarejo, primer fiscal anticorrupción y ahora miembro de Podemos: «A raíz de escándalos como el de Roldán o Filesa, el Gobierno de Felipe González creó en el año 1995 la Fiscalía Anticorrupción y Villarejo hizo un trabajo meritorio hasta que lo defenestró Aznar en 2003». O Pedro Horrach, el también activo fiscal anticorrupción de Baleares: «Fue uno de los pioneros en la lucha contra el fraude. En la carrera se le considera un hombre honesto que actúa en conciencia y no para favorecer a nadie».

La oposición de Horrach a la imputación de la Infanta Cristina en el caso Nóos frente al criterio del juez Castro ha llenado muchas páginas en los periódicos y les ha costado la pérdida de la amistad. «Eran íntimos, pero se ha obsesionado con la defensa de la Infanta y ha habido una fractura. Horrach tiene mucho protagonismo, da conferencias... es la antítesis de Castro, que es más retraído y campechano», le retrata Felipe Armendáriz, redactor de El Diario de Mallorca.

Los «ataques» de Horrach, dice, no son los únicos que ha recibido José Castro, ni tampoco los más graves. «El Consejo General del Poder Judicial le abrió un expediente para ver por qué viajaba tanto; Mariano Rajoy salía diciendo que confiaba en la inocencia de la Infanta; con la Agencia Tributaria, que colaboraba de maravilla hasta lo de la Infanta, hubo un choque de trenes; la Policía hizo un informe súper flojo sobre los gastos con cargo a Aizoon; le sacaron unas fotos robadas con la letrada de Manos Limpias...»

Los garbanzos negros

Presiones que llegan camufladas de acusaciones de parcialidad y de las que no se libra casi ningún magistrado. «A Mercedes Alaya le han reprendido por gastar mucho dinero en fax, ha pedido un escáner, fotocopiadoras, ordenadores... y la Junta se lo está dando a trancas y a barrancas, con cuentagotas», denuncia el presidente del Foro Judicial Independiente. Alaya tiene a Andalucía dividida: «Hay quien cree que a su lado Juana de Arco no es nadie y que nos va a redimir a todos de la corrupción. Pero también se le critica desde otros ámbitos porque ha hecho coincidir algunos de sus autos con fechas muy importantes para el PSOE. Como cuando estaban jurando su cargo en el Palacio de San Telmo los consejeros de Susana Díaz y se filtró la preimputación de Chaves y Griñán. Un auto se dicta y se da a conocer días después, pero ese se filtró la misma mañana y los socialistas salieron de allí con las caras descompuestas», recuerda una periodista de Sevilla.

Alaya no es un «garbanzo negro» por muy mal que la miren unos, pero hay jueces corruptos. Luis Pascual Estevill fue condenado a nueve años de cárcel por los delitos de cohecho, prevaricación y detenciones ilegales al extorsionar a empresarios a los que investigaba a principios de los años noventa; y Francisco Javier de Urquía, un juez de Málaga, fue condenado a 17 años de inhabilitación por aceptar sobornos... Casos puntuales, si tenemos en cuenta que hay más de 5.000 magistrados en España. «La independencia del juez va en su código genético», coinciden los profesionales cuando hablan de Eloy Velasco. «Se le criticó porque fue ocho años director de Justicia en la Comunitat Valenciana con Zaplana y Camps, pero ahora no le ha temblado el pulso a la hora de señalar a cuarenta del PP en la operación Púnica».

A Velasco -como pasa siempre- la trama Púnica le ha tocado, no la ha elegido. «Cuando un asunto llega a la Audiencia Nacional hay un reparto matemático entre los seis jueces de instrucción penal: Santiago Pedraz, Ismael Moreno, Javier Gómez Bermúdez, Fernando Andreu, Pablo Ruz y Eloy Velasco. Ellos investigan y cuando concluyen que hay indicios racionales lo elevan a la Sala de lo Penal, compuesta por 18 magistrados que dictarán sentencia porque no están contaminados», explican en la Audiencia Nacional.

-Que te toque el caso Bárcenas, ¿es una suerte o todo lo contrario?

-En la Audiencia Nacional están acostumbrados a causas importantes y el caso Bárcenas es uno más, pero en un juzgado pequeño cae mal, no es plato de gusto, más bien una molestia porque quiebra el trabajo diario -reconoce Marcelino Sexmero, portavoz de la Asociación Francisco de Vitoria.

Porque José Castro no está liberado para instruir el caso Nóos. «Hace juicios rápidos de faltas, de gente a la que pillan robando en el Carrefour, conductores borrachos... No hay quien lo pare trabajando», le aplaude uno de sus doce compañeros del juzgado que prefiere el anonimato. Y cuando para es porque no hay más remedio. «Estamos atendiendo delitos del siglo XXI con medios del XIX», denuncia Sexmero.

Eloy Velasco, en una inusual declaración, ha pedido «interventores, economistas, fiscalistas...» para investigar la trama Púnica. En la Guardia Civil denuncian que están «desbordados». Los magistrados se quejan de que el secreto bancario de algunos países «obstaculiza» las pesquisas, piden que los vocales del Consejo General del Poder Judicial «sean elegidos por los jueces y no por los políticos, porque si estás en la lista negra de algún partido olvídate de prosperar...»

El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, anunció el jueves un paquete de medidas para luchar contra la corrupción y equilibrar un poco esta «lucha de David contra Goliat»: aumentar el plazo de prescripción de los delitos, agravar las penas de inhabilitación, fijar un plazo máximo para la instrucción y así que no se alargue sine die, establecer como delito específico la financiación ilegal de los partidos políticos... Hablando de Bárcenas, «ése es el caso que me habría gustado instruir a mí», confiesa Santiago Torres.