«Vuelve el miedo»

Aquella noche de mayo de 2007, cuando Ana volvía a casa de sus padres en Santander, su exmarido la esperaba en el portal. Al entrar, el hombre con el que había compartido la vida hasta hacía unos meses la agarró por el cuello, la arrastró hasta el garaje, la puso contra la pared y la violó. Ana se recompuso como pudo, subió al piso y fue directa al cuarto de baño, donde se lavó con tanta fuerza que casi se hizo sangrar. Otra tarde, mientras se dirigía a ella con un palo en la mano al grito de hija de puta, la amenazó con llevarse a los críos. Por miedo a perder a sus hijos, Ana estalló: se fue a la comisaría de Policía y al relatar aquel último episodio, salió todo lo demás. Setenta y dos horas después se celebraba el juicio. Su marido reconoció cada una de las acusaciones que pesaban sobre él y fue condenado a diez años, nueve meses y seis días de cárcel, además de a otros veinticinco de alejamiento. Cuando el juez le preguntó por qué lo había hecho, él contestó: "Porque era mía".

Los quince años de matrimonio de Ana -un nombre ficticio casi tan bonito como el suyo, que dadas las circunstancias prefiere preservar- cocieron a fuego lento un infierno que aún hoy lucha por sofocar. "Te dicen tantas veces que eres una mierda que te lo llegas a creer; te tratan como a una muñeca hinchable y asumes que pueden hacer contigo lo que quieran cuando quieran. Luego, cuando lo denuncias, te sientes culpable; piensas: Si no lo hubiera contado, el padre de mis hijos no estaría en la cárcel. Se lo he quitado. Y cuando gracias a tu familia, a la psicóloga y a la Policía lo vas superando, empiezan a darle permisos y vuelve el miedo".

Acaba de cumplir 44 años, pero conserva el aspecto de una niña. Habla sin dejar de atusarse el pelo y, justo cuando se te ocurre que quizá sea un gesto nervioso, explica sin dejar de sonreír que hace unos meses le detectaron un cáncer, que el tratamiento la ha dejado calva y que está tratando de acostumbrarse a la peluca. Lo dice mirando al policía que ha velado por su seguridad cada vez que su exmarido ha disfrutado de un permiso. "Es mi George Clooney particular... ya sé que el guardaespaldas era Kevin Costner, pero es que a mí Clooney me gusta mucho más".

"¡Cobardes!"

Hace solo unas semanas que el hombre que la maltrató sin piedad disfruta del tercer grado. Está fuera, pasea por la calle y el pánico la corroe. Pero se siente afortunada: "Mira lo que ha pasado en los últimos días. ¿Cuántas mujeres más han muerto por nada?" Una tiene curiosidad por saber qué pasa por la cabeza de Ana con cada crimen. "¡Qué voy a pensar! ¡Qué cobardes y qué hijos de puta!".

En lo que va de año, 43 mujeres -36 según los listados oficiales, que no computan algunos casos aún en investigación- han sido asesinadas a manos de sus maridos o exparejas. Las cuatro últimas, como por arte de un conjuro maléfico, este mismo mes y en poco más de 48 horas.

A las asesinadas en Beniel (Murcia), Vigo y Erandio (Vizcaya) se sumó una vecina de Guardo (Palencia). La Guardia Civil encontró el cadáver de Carmen María acuchillado sobre un enorme charco de sangre en el bar que regentaba con su novio. Los vecinos habían alertado de un fuerte olor a gas. A pocos metros de la víctima, de solo 33 años, el cuerpo de su asesino colgaba de una cuerda.

Esa tarde, el ministro de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, Alfonso Alonso, publicó en su cuenta de Twitter un mensaje reafirmando el compromiso del Gobierno en la lucha contra la peor expresión del machismo. Optimista, escribía que "hay salida" a tanta barbarie. El mismo eslogan con el que, solo unas semanas antes, cerró el balance de los once primeros años de la Ley contra la Violencia de Género, que, al menos judicialmente, colocó a España a la cabeza de Europa. Poco más de una década en la que se han dictado cerca de 300.000 órdenes de protección, se ha metido en la cárcel a 6.000 agresores, se han aprobado 244.000 rentas activas de reinserción, se han invertido casi 4.000 millones de euros de dinero público y se han tramitado 1.082.000 denuncias. Aunque nada de todo esto parezca suficiente cuando saltan casos como el de la pobre Isabel Fuentes, 65 años, rematada a puñaladas por su marido, de 75, en la cama del hospital de Ourense donde se recuperaba de la paliza que le había dado un mes antes.

Javier Amores, titular del juzgado de instrucción de Violencia sobre la Mujer de Cantabria, es de los que opinan que aún queda mucho por hacer. "Existe una total falta de información. Se considera que el problema es la muerte o las lesiones que sufren las mujeres por parte de sus parejas masculinas, cuando en realidad es el final de un camino tortuoso que tiene una explicación psíquica en cada caso. El problema es saber por qué se ha llegado a esa situación", incide el magistrado, convencido de que la denuncia penal no es la solución. "Es solo una parte. Se presentan unos hechos, se investigan y, si corresponde, se castigan. Pero la mujer, si no se actúa desde el ámbito psicológico, no habrá superado el problema".

También defiende que, desde el punto de vista estrictamente jurídico, serían necesarias reformas legislativas relacionadas con el divorcio, el régimen económico matrimonial, la guarda y custodia de hijos, las pensiones de alimentos... "que no hacen más que mantener el vínculo de dependencia material y emocional en la extinta pareja". Justo este viernes, el Tribunal Supremo ha resuelto que las condenas por asesinato o intento de asesinato de la pareja podrán incluir directamente la retirada de la patria potestad de los menores, sin más trámites.

El juez se debate entre la satisfacción por el camino andado hasta ahora y lo que queda por hacer. Un sentimiento compartido por muchos colectivos que llevan décadas dejándose la piel combatiendo una violencia que engendra otras víctimas tanto o más vulnerables que las mujeres: los niños.

Las 30 denuncias de Ángela

Las estadísticas son la prueba de que la preocupación de Blanca Estrella, presidenta de la asociación Clara Campoamor, está perfectamente fundada: 6 críos han sido asesinados por sus padres este año, 46 en la última década. "Hay que ser justos y reconocer que el Gobierno ha dejado el tema bien atado a través del nuevo Código Penal y del Estatuto de la Víctima, que ha entrado en vigor el pasado mes de agosto. Era fundamental incluir a los hijos en la categoría de víctimas de violencia de género. ¿Alguien puede explicarme cómo excluimos de ese grupo a un niño o una niña que está viendo cómo patean a su madre?".

El siguiente paso, asegura Blanca Estrella, es acabar con los puntos de encuentro. "Allá el juez que permite ese régimen de visitas", dice mientras recuerda el caso de Ángela González. Denunció en treinta ocasiones a su ex, pero los tribunales permitieron que viera a su hija. Primero con supervisión, luego a solas. Una docena de visitas más tarde, el hombre descerrajó tres tiros sobre la niña y se suicidó.

De esos 46 niños de entre 3 meses y 16 años asesinados en los últimos diez años, la mitad perdieron la vida durante el régimen de visitas o en el periodo de custodia compartida que correspondía al padre. Según la Federación de Mujeres Separadas y Divorciadas, en España cerca de 900.000 menores viven en hogares donde papá maltrata sistemáticamente a mamá, y alrededor de 600.000 sufren ellos mismos esa violencia.

El caso de la marroquí Hanane, vecina de Xàbia, encajaba perfectamente en ese escenario. Sus hijos, de 8 y 12 años, vieron cómo su pareja la golpeó con una sartén hasta dejarla inconsciente en el suelo. Murió una semana después en el hospital. Las cosas fueron aún peor para los dos críos de 12 y 7 años asesinados en Castelldefels por su padre el pasado mes de agosto. Primero fue a por la madre, Maryna -bielorrusa, 45 años-. La disparó en la cama. Luego, a por los pequeños, un tiro en la cabeza a cada uno. Después se suicidó. Maryna había llamadoangustiada al menos cuatro veces a los Mossos dEsquadra para denunciar agresiones de su pareja. Pero cuando los agentes llegaban a su finca, a un minuto de la playa, siempre se retractaba. Es bastante frecuente. De esas 36 mujeres asesinadas en lo que va de año solo seis habían puesto su caso en manos de la Policía, según el censo oficial.

Todos los sectores implicados coinciden en que la resolución de los casos se complica por dos motivos. Por un lado, apenas se denuncia. Por otro, muchas de las presentadas se quedan sin juzgar porque en el último momento la víctima da marcha atrás. Basta como ejemplo la situación de Cantabria, donde en 2014 el número de diligencias creció un 40,5% respecto al año anterior: de las 1.751 abiertas, solo 656 se convirtieron en escritos de agresión porque, a la hora de la verdad, las mujeres se negaron a declarar. Y eso que, según el Ministerio, casi el 80% de las que piden ayuda salen de ese círculo infernal.

Políticas, discapacitadas

Quizá sea por eso que Pilar Martín-Nájera, coordinadora de la Fiscalía Especial de Violencia sobre la Mujer, estudia solicitar al Gobierno que modifique la Ley de Enjuiciamiento Criminal para que las víctimas no estén eximidas de declarar contra su maltratador.

Un año más las estadísticas revelan que afecta a todas: inmigrantes sin colchón familiar, mujeres rurales aisladas en mitad del campo, chicas con alguna discapacidad... pero también hay tituladas superiores, candidatas de partidos políticos, estudiantes y empresarias atrapadas en el mismo horror. En realidad, según afirma la vocal del CGPJ y presidenta del Observatorio contra la Violencia Doméstica y de Género, Ángeles Carmona, estamos ante un fenómeno que hunde sus raíces en una sociedad desigual y machista. "Consiste en desarrollar conductas tendentes a dominar y someter a las mujeres por el simple hecho de tener tal condición. Se trata de una verdadera vulneración de los derechos humanos y del Estado de Derecho, que solo se puede combatir con la unidad de todos los poderes públicos y de toda la sociedad".

Algo está fallando y mucho. Emilio Calatayud, juez de menores, recuerda que vivimos un momento muy violento, en el que es "muy habitual" que cuando el padre es denunciado y alejado de su mujer, el hijo que queda en la casa pase a convertirse en el maltratador de su madre. "En estos momentos entre el 20 y el 25% de los juicios que celebramos son de violencia de los chavales a sus progenitores".

Por si eso fuera poco, el número de órdenes de alejamiento entre niños de 14 y 15 años no para de crecer, afirma el magistrado. "La violencia deja secuelas en los hijos y a la física se suma ahora la psicológica, para la que las nuevas tecnologías son el arma perfecta. El error está en la ausencia de valores y en dejar que unas criaturas vivan como mayores. Me niego a admitir que un niño de 12 años considere a una compañera su novia y se permita por ello controlarla, cuando no son más que dos niñatos jugando a ser adultos". Calatayud, igual que el resto de los sectores implicados, insiste en que los jóvenes son la clave para contribuir al fin de la violencia machista y que, para ello, lo primero que deben hacer es aprender a identificarla.

Las cifras, una vez más, vuelven a ser alarmantes: el año pasado, casi 600 crías -un 15,4% más que en 2013- sufrieron violencia de género por parte de sus novios adolescentes, todos ellos menores de edad, según el balance anual del Registro de Violencia Doméstica y de Género del INE. Y son solo los casos denunciados.