¿Guarderías? Sí, pero de ancianos

La imagen de Carolina Bescansa con su hijo Diego en brazos abrió la caja de los truenos. En solo unas horas, la flamante diputada de Podemos avivó el debate sobre la conciliación de la vida laboral y familiar y cosechó una legión de seguidores casi tan nutrida como de enemigos, ciudadanos que se encargaron de recordarle a su señoría que en la Cámara Baja hace tiempo que hay guardería.

El lugar donde Bescansa puede dejar a su bebé de seis meses se encuentra a unos 200 metros del hemiciclo, en el número 36 de la Carrera de San Jerónimo. Por 150 euros al mes -en Madrid, el coste medio son 300-, Dieguito estará en buenas manos: la guardería abrió sus puertas en 2006 con el consenso de populares y socialistas, y atiende de ocho de la mañana a nueve de la noche, un servicio prorrogable cuando los plenos se alargan más allá de la cuenta. Todo un lujo al alcance de muy pocos.

El caso es que la mayoría de los usuarios de ese jardín de infancia no son hijos de diputados, sino de empleados del Congreso. Funcionarios más que satisfechos con un servicio del que también disfrutan en la capital la mayor parte de los ministerios -el de Defensa fue el pionero-, e incluso la Policía, pero que ahora tienen otro tipo de problemas a la vista. Esta plantilla tan seriamente envejecida -según las estadísticas oficiales, un 41,5 % de los asalariados del sector público superan con creces los 50 años- ya no necesita tanto que alguien les eche una mano con los niños, como que se les permita disponer de tiempo libre para atender a quienes les trajeron a ellos al mundo. «Este, que sin duda es uno de los grandes problemas de la sociedad española, ha dado un vuelco a nuestras vidas y desde hace tiempo no son los hijos los que requieren toda nuestra atención. Las personas mayores necesitan que las organizaciones sindicales pongamos toda la carne en el asador para que se reconozcan nuevas medidas que faciliten la conciliación, pero ya no solo hacia abajo, también hacia arriba», admite José Manuel Vera, secretario general del sector de la Administración General del Estado de Comisiones Obreras. Porque cada vez son menos los permisos de maternidad y las plazas de guardería que se solicitan -en 2014 nacieron 426.303 bebés, un 20% menos que en 1980- y más el tiempo que los españoles necesitan para atender a sus mayores.

Aún así, los trabajadores públicos siguen siendo unos privilegiados. Hay convenios que ya recogen cincuenta horas anuales para que los funcionarios puedan acompañar a sus padres al médico o simplemente atenderlos y otros que ofrecen jornadas reducidas manteniendo la cotización íntegra del empleado a la Seguridad Social. «También, ante determinadas enfermedades graves, tanto de hijos como de padres, existe la opción de solicitar una reducción de jornada de hasta casi el 100% manteniendo el sueldo íntegro; aunque lo verdaderamente importante sería poder adaptar el tiempo de trabajo, lograr una verdadera flexibilidad», asegura Inmaculada Peña, representante del CSIF (Central Sindical Independiente y de Funcionarios), que confirma que los mayores son los grandes olvidados de las políticas de conciliación familiar.

En cualquier caso, una lista de ventajas a años luz de las que facilitan las empresas privadas, donde la idea de que la conciliación genera mayor productividad no termina de cuajar. Aunque también hay excepciones. Un estudio reciente del Instituto Internacional de Ciencias Políticas concluyó que Repsol, Agbar, Vodafone y Mercadona encabezan el ránking de las compañías que mejor han entendido las ventajas de facilitar la vida a sus empleados. ¿El motivo? Ofrecen servicios de guardería, bajas de maternidad más largas de las que establece la ley, flexibilidad horaria, gestión del tiempo, teletrabajo y beneficios asistenciales gratuitos....

Guarderías para abuelos

Sindicatos, sociólogos y expertos en relaciones labores coinciden en que la incorporación de las mujeres al mundo laboral puso de relieve lo difícil que es compaginar una profesión con el papel de ama de casa, sobre todo cuando los abuelos necesitaban que alguien estuviera pendiente de ellos. Y ahora que España comparte con Japón y Eslovenia el dudoso honor de ser el país más envejecido del mundo -solo un 14% de los españoles tiene entre 10 y 24 años-, el problema no hace más que empeorar. Es más, según las estimaciones de la ONU, en 2050 nos convertiremos definitivamente en los más ancianos del planeta: en poco más de tres décadas cuatro de cada diez españoles habrán cumplido los 65.

Conscientes de lo que está por venir en la mayor parte del mundo rico, ya hay quienes han puesto medidas concretas sobre la mesa. Hace unos días, en las reuniones del Foro Económico Mundial que se celebraba en Davos, el responsable de una empresa dedicada a la asistencia de dependientes propuso que las grandes multinacionales, además de servicios de guardería para los hijos de los trabajadores, oferten residencias para los padres. Thomas Derosa, de la firma Welltower, recordó que firmas como Google y Amazon también permiten llevar a sus mascotas al trabajo y que este servicio aumenta la felicidad y, por lo tanto, la productividad de sus empleados.

Pero, ¿qué opinan los expertos? Jesús Rogero, profesor de Sociología de la Universidad Autónoma de Madrid, certifica que la atención a los mayores es uno de los principales retos de la sociedad española. «Hay que garantizar a las personas dependientes el derecho a recibir cuidado, pero también que los familiares que lo presten lo hagan en condiciones dignas. Hoy día no se produce ni lo uno ni lo otro. Se estima que en este país un millón de dependientes no recibe el apoyo que necesita, ni de las administraciones públicas ni de la propia familia». Y eso que en España hay 5.230 residencias con 359.035 plazas -la mayoría (el 75%) privadas- y cerca de 400.000 inmigrantes trabajan cuidando ancianos. El profesor denuncia que ocho de cada diez mayores son atendidos exclusivamente por parientes y que el peso de la familia en este aspecto, y en particular de las mujeres, es excesivo. «Para más del 60% esto supone un perjuicio en su situación laboral o económica. Y en muchas ocasiones, especialmente cuando escasean los recursos económicos, el que aparezca un caso severo (por ejemplo, un ictus) implica la caída en la pobreza y un deterioro importante de la calidad de vida para toda la familia».

Jesús Rogero apuesta por sumar servicios públicos, pero también por una revolución en el mercado de trabajo. «Salvo honrosas excepciones, las empresas han dado la espalda a las necesidades cotidianas de las familias que buscan tiempo para cuidar a los niños y a los mayores. Necesitamos horarios adaptados a la vida y no solo al mercado».

Aún así, no todo es negativo. En general, los expertos están convencidos de que la sociedad es consciente de que los mayores son el grupo de edad que más recursos económicos acapara y un apoyo esencial para muchas familias; no solo por sus aportaciones a la economía del hogar, especialmente apreciadas en tiempo de crisis, sino por su ayuda en el cuidado de los hijos de sus hijos. La prueba, dicen, es que los políticos suelen prestarles mucha atención. Suponiendo que eso sea cierto, esperemos que no olviden que, con suerte, ellos también llegarán a viejos.