Joyas, calesas y pazos de narcos

En septiembre de 2014, una empresa con sede en Suiza, Galloix Holding, transfirió 600.000 euros a la cuenta que Mario Conde tenía en La Caixa. La entidad bancaria desconfió del movimiento y le preguntó al exbanquero. Sus explicaciones fueron tan vagas que los responsables pulsaron el imaginario botón rojo que alerta al Servicio de Prevención del Blanqueo de Capitales. Así se inició la investigación que acaba de llevar a la cárcel de nuevo al que fuera el presidente más joven de un banco en España. Conde está acusado de haber repatriado 13 millones de euros en negro durante los últimos 15 años. Curiosamente, es un millón menos de lo que todavía debe por los casos Banesto y Argentia Trust, por los que fue condenado en 2002.

Pese a haber cumplido la pena de cárcel, haberse reinsertado y vivir en un palacete que ahora vende por 3,7 millones de euros, Conde es un moroso. ¿Cómo es posible si había una sentencia que le obligaba a hacerse cargo de una responsabilidad civil y tenía dinero? «Todo el mundo piensa que el problema es que los juicios se celebran tarde, pero el verdadero problema está en la enorme cantidad de sentencias que no se ejecutan», explica Conrado Gallego, presidente del Foro Judicial Independiente. Es decir, que muchos de esos bienes de los que los delincuentes deben ser despojados se quedan en el limbo en lugar de ser subastados. Algunos, incluso, a su disposición y para su disfrute.

Lo ideal sería venderlos al mejor postor cuanto antes para ingresar ese dinero y que reponga el daño causado. Hasta ahora, se esperaba a que hubiera una sentencia firme. Durante ese tiempo, era el Estado el que se encargaba de custodiar los bienes, no sin complicaciones: se necesita espacio y un seguro. En algunos casos se alquilaban naves ante la imposibilidad de usar los depósitos habituales. Y allí se echaban a perder lujosos automóviles, cuadros, joyas, jarrones... que en espera de la luz verde para la subasta se devaluaban hasta límites insospechados. Solo sobrevivían incólumes los lingotes de oro. El pasado noviembre se subastaron cinco de doce kilos por más de dos millones.

El ejemplo más claro de la desvalorización de los decomisos lo encontramos en los traficantes de droga, las operaciones más habituales hasta que se destapó el tarro de las esencias de la corrupción. En 2004, durante la 'operación Cormorán' se incautaron numerosas casas, joyas, obras de arte y coches de lujo que pertenecían a uno de los narcos gallegos más importantes, José Antonio Pouso Rivas, alias 'Pelopincho'. La tasación oficial fijó su valor en 15,5 millones de euros. Nueve años después, cuando llegó la sentencia en firme, el informe pericial lo rebajó a diez millones. Cinco se habían esfumado en la espera. «No es lo mismo un Ferrari que lleva parado cinco años, que a lo mejor ni arranca, que uno que acaba de ser usado», explica el tasador Manel Cruz, con dos décadas de experiencia a sus espaldas y gerente de la empresa Gabinete Profesional de Peritos Judiciales.

¿En qué se basan para fijar el precio?

Siempre se tasa según el valor de mercado y con ayuda de una metodología definida que establece factores correctivos en función de, por ejemplo, la antigüedad.

En el caso del narcotráfico, todo ese dinero que se obtiene en las subastas lo maneja el Plan Nacional de Drogas a través de su Fondo de Bienes Decomisados, creado en 1995. En 2014 (últimos datos que se tienen a la espera de que el Congreso dé el visto bueno al informe del año pasado), obtuvieron 2.013 lotes de bienes materiales, a lo que hay que sumar los 3.692 de 'cash' (más de 17 millones de euros). Todo ello se destina luego a la lucha contra el narcotráfico y las adicciones.

La operación más ventajosa hasta este momento ha sido la venta del Pazo Baión, propiedad de otro narco gallego, Laureano Oubiña, en 2008: reportó unos nada despreciables 15 millones de euros. Hoy es un hotel de lujo rodeado de viñedos que explota la cooperativa Condes de Albarei. Aunque no todos los bienes tienen compradores privados, también pujan las administraciones. El palacete de Vista Real, vinculado al clan de los Charlines, es propiedad del Concello de Vilanova de Arousa y en 2014 lo homologó para dar cursos de formación.

Gestionar el patrimonio decomisado hasta que se vende no es fácil y, dependiendo de qué hablemos, resulta hasta contraproducente. No es lo mismo guardar un coche que un cuadro, que necesita una conservación específica; ni un piso, que una finca agrícola o una empresa, que deben seguir funcionando y pagando nóminas. Por todo esto y por la necesidad de no perder dinero, ya se está habilitando una salida al mercado poco explotada: subastar los bienes procedentes de casos de corrupción antes de saber si su dueño es culpable o no. Eso sí, el juez debe llegar a un acuerdo con el imputado.

El 4 de febrero, la casa madrileña de subastas Segre puso a la venta 110 lotes de relojes, joyas y plumas. El precio de salida total era de unos 65.000 euros. Solo una estilográfica ya valía 18.000: era una Montblanc 'Master of Urbino' homenaje al pintor Rafael, perteneciente a una serie muy limitada de la que solo hay tres más en el mundo. Está hecha en oro de 18 quilates, con una tsavorita verde (una piedra preciosa muy codiciada) y pequeños diamantes incrustados. «Vendimos el 80%», confirma Mercedes de Miguel, directora de la casa. El dinero ya está a buen recaudo, en una cuenta corriente del Estado, generando intereses a la espera de ver qué pasa con su antiguo dueño, David Marjaliza, el principal cabecilla de la 'Operación Púnica', una trama que adjudicó servicios públicos por valor de 250 millones de euros a cambio de comisiones ilegales. El juez Eloy Velasco acordó con el acusado la venta de esas piezas que encontró en sus oficinas, todavía en sus cajas originales.

La armadura

Cuando se abre un proceso como este, las casas de subastas presentan su plan, «en el que se incluye la comisión que te llevarías», explica De Miguel. Luego, «se elige entre las diferentes opciones a quién se le adjudica la subasta». La experta confirma que se trata de una muy buena opción para liberar a la Justicia del embrollo de almacenar y conservar las piezas que, lejos de producir rédito, incrementa los gastos: «El seguro hay que pagarlo». Pero este tipo de subastas anticipadas no solo se hacen a través de los cauces tradicionales. El 2.0 viene pisando fuerte.

La Audiencia Provincial de Málaga, que lleva el 'caso Malaya', presentó hace unas semanas una web donde se puede pujar por un centenar largo de los peculiares bienes expropiados a Juan Antonio Roca, exgerente de Urbanismo de Marbella. Tenía en su poder una armadura samurái y un traje de luces, además de un hotel de 84 habitaciones a estrenar valorado en 18 millones de euros y un atraque en Puerto Banús de 800.000 euros. En la subasta virtual se pueden comprar, por ejemplo, unos cuarenta carruajes de caballos. Su precio de salida varía entre los 8.000 y los 123.000 euros. Aunque lo que más interés ha suscitado hasta el momento son las armas, rifles y escopetas en su mayor parte. También hay más de 3.000 botellas de vino (varios Vega Sicilia y un Petrus del 92, valorado en 2.500 euros) que salen en un solo pack por 280.000 euros.

De lo que todavía no hay noticias es de los cuadros de Roca, que están en manos de la casa de subastas Fernando Durán a la espera de encontrar dueño. El lote valdría más de un millón de euros, aunque sus custodios no dicen ni mu. Tanto el caso de Marjaliza como el de Roca abren una senda que el Ministerio de Justicia trata de regular y organizar mejor desde octubre, cuando abrió la Oficina de Recuperación y Gestión de Activos, cuyo objetivo es conservar los efectos, gestionar las ganancias y resolver su adjudicación. El producto de todo ello se aplicará a programas de atención a víctimas y a combatir el crimen organizado». Hasta ahora, las subastas penales eran casi insignificantes: «Por cada diez civiles, había una», afirman fuentes judiciales. Pero están creciendo.