Los nuevos justicieros de Asia

Son varios los países asiáticos en los que el visitante es bienvenido con una contundente advertencia: El tráfico de drogas está penado con la muerte. En Tailandia, Malasia y Singapur, esa frase se puede leer en cualquier puesto fronterizo. E incluso en el impreso que los visitantes deben rellenar para recibir su visado. Es imposible aducir desconocimiento si a uno le pillan luego con las manos en la masa.

En Filipinas, sin embargo, teóricamente la pena capital está abolida. En la práctica, no obstante, el presidente que accedió al cargo el pasado 30 de junio, Rodrigo Duterte, permite que se le aplique a cualquiera que trafique o consuma drogas. Sin juicio. Más de 3.500 personas han muerto ya en su particular guerra contra los estupefacientes, y Duterte trata ahora de lograr que el Parlamento vuelva a abrir el corredor de la muerte.

En Indonesia no tienen problema con eso, porque allí también ejecutan a los narcotraficantes. Pero el país que más musulmanes alberga en el mundo ahora va un paso más allá con la aprobación de una ley que aumenta considerablemente el castigo que recibirán los pederastas. La nueva norma incluye una pena mínima de diez años de cárcel para los reincidentes, y el juez podrá ordenar la castración química si así lo considera oportuno, algo que también hacen ya los magistrados de Corea del Sur. En los casos más severos, sobre todo en aquellos en los que la víctima sufra heridas graves o muera, se aplicará la pena de muerte.

Como sucede en Filipinas, en Indonesia también fue el propio presidente del archipiélago quien propuso la modificación de la ley. Lo hizo en mayo, como respuesta a la horrible violación y posterior asesinato de una niña de 14 años a manos de un grupo de 12 hombres, muchos de ellos también adolescentes. A pesar de que la Asociación de Médicos de Indonesia advirtió que la castración química puede ir en contra de su ética profesional, el Parlamento aprobó la medida la semana pasada. Los diputados dieron por bueno un estudio realizado en 1991 por la Universidad Johns Hopkins en el que se afirma que menos del 10% de quienes han pasado por ese proceso cometen delitos sexuales en los siguientes cinco años. Claro que también existen otros informes en los que se certifica cómo el aumento de los niveles de testosterona que provoca la operación se traduce también en un incremento del deseo sexual.

«Indonesia tiene un gran respeto por los derechos humanos. Están recogidos en nuestra Constitución», afirmó el presidente del país, Joko Widodo, en una entrevista concedida a la cadena BBC. «Pero cuando se trata de delitos sexuales, no valen las medias tintas. No nos va a temblar el pulso. Si utilizamos la castración química de forma consistente, los delitos sexuales se reducirán y terminarán desapareciendo con el tiempo. Si los médicos se niegan a practicar el procedimiento, utilizaremos doctores militares», avanzó Widodo.

También en Singapur

Los partidarios de esta propuesta recuerdan que en Singapur ha funcionado. En la excolonia británica las prohibiciones son muchas y muy precisas: no se puede importar chicle, tirar basura, cruzar la calle por donde no hay paso de cebra, orinar en los ascensores, y un sinfín de cosas de sentido común pero que no siempre se cumplen si no existe un castigo contundente. Así, la ciudad-estado se ha convertido en 'the fine city', un apelativo que juega con el doble sentido de la palabra fine: bueno y multa. Sus seis millones de habitantes apoyan el sistema y apuntan que ha hecho de Singapur no sólo el país más próspero del sudeste asiático, también el más seguro y limpio.

Los detractores de la mano de hierro, por su parte, afirman que puede ser utilizada para extralimitar los poderes del Estado, algo que ahora ejemplifica a la perfección la lucha contra la droga de Duterte, alias 'el Castigador'. Organizaciones como Amnistía Internacional también critican cada año la opacidad con la que China, el país del mundo que más penas capitales dicta, ejecuta a sus reos.

En cualquier caso, parece que los ciudadanos confían en las legislaciones más duras. El propio Duterte cuenta con un grado de aprobación del 91% entre los filipinos. En China, el 95% de la población considera que la pena de muerte es necesaria; y en la vecina India crece el número de quienes creen que los asesinos, y sobre todo los violadores, deberían acabar bajo tierra.