guillermo elejabeitia
Domingo, 13 de noviembre 2016, 17:54
Llega el invierno y hay miles de personas viviendo en tiendas de campaña, a diez grados bajo cero y con un metro de nieve», advierte desde Líbano Josep Zapater. El responsable de la suboficina de ACNUR en Beqqa, de la que dependen más de 370.000 refugiados, está preocupado. Las tiendas de lona podrían ser sustituidas por casas prefabricadas, pero el Gobierno libanés se resiste a autorizar cualquier equipamiento que dé la sensación de que los asentamientos son definitivos. Así llevan ya cinco años.
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En este país del tamaño de Navarra el 25% de la población es refugiada. «Líbano está haciendo un esfuerzo enorme de acogida», asegura Zapater, que ha trabajado en México, Bosnia, Kenia, Afganistán o Camerún, entre otros. Solo en la zona que supervisa ahora hay 1.500 pequeños asentamientos agrícolas, donde los desplazados disponen de un trozo de tierra que cultivar.
Las familias «llegaron con algunas economías, pero se han ido agotando», explica Josep. A los gastos del día a día hay que sumar los 200 dólares por familia y año que exige el Gobierno libanés para tramitar su documentación, o la renta que han de pagar al terrateniente dueño de la parcela donde malviven. ACNUR ha comenzado a suministrarles una pequeña suma de dinero al mes, pero es a todas luces insuficiente.
«Al comienzo de la crisis el 20% de las familias estaba bajo el umbral de la pobreza, hoy son más del 70%», señala Zapater, consciente de que la situación no tiene visos de mejorar. Con el hambre llegan sus crueles compañeros de viaje: violencia doméstica, prostitución, trabajo infantil... «Muchas familias se ven en la disyuntiva de enviar al niño a la escuela o ponerle a recoger patatas para poder comer». El 79% elige el campo.
Por eso la asistencia humanitaria, aunque fundamental, no basta. «Hay que invertir en el sistema educativo y sanitario del país para que sea capaz de integrar a los refugiados», aunque eso signifique asumir que aún queda mucho para que vuelvan a sus casas.
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