Repatriados forzosos

Luis Felipe, un hombre de 42 años nacido en Guinea Ecuatorial, llevaba viviendo en España desde 2000. Después de quedarse sin trabajo, acabó en el Centro de Internamiento de Extranjeros (CIE) de Aluche, en Madrid, y, pese a que tiene a dos hijos y dos hermanas nacionalizadas que le prestaban ayuda, se ordenó su expulsión del país. Ya en el avión, se negó a volar y fue devuelto sin su equipaje. Al segundo intento, sabiendo lo que iba a hacer, lo esposaron de pies y manos, lo subieron a la fuerza por la escalerilla y lo mandaron a Guinea.

España no es Estados Unidos. Ni Mariano Rajoy, Donald Trump y su amenaza de expulsar a tres millones de inmigrantes en cuanto se acomode en la Casa Blanca. El año pasado fueron repatriados 10.594 ciudadanos, según la Dirección General de la Policía . Casi 3.000 salieron de los 6.930 internos de los CIE: 472 de Algeciras, 205 de Barcelona, 25 de Las Palmas, 1.036 de Madrid, 648 de Murcia, 54 de Tenerife y 421 de Valencia.

Hay tres formas de expulsarlos: en un vuelo fletado por el Ministerio del Interior -pagó 11,8 millones de euros a Air Europa por este servicio, que rehusaron otras compañías-; en uno subvencionado por Frontex, la agencia europea dedicada a este asunto, que hace escala en varias ciudades del Viejo Continente antes de dirigirse a su destino, o en un vuelo comercial. A veces, como sucede con algunos de los marroquíes, el colectivo más numeroso en las listas de expulsados de España, abandonan la península en barcos.

La defensora del pueblo ha supervisado algunos de estos vuelos. Es imposible presentarse por sorpresa, así que lo que ve no es del todo fidedigno. Esta información se incluye en los informes anuales del Mecanismo Nacional para la Prevención de la Tortura. «En función del número de pasajeros se organiza la seguridad, pero, por mi experiencia, hay un agente por expulsado como mínimo. En el avión van con unos lazos de plástico en las muñecas que se les retiran tras el despegue», informan desde el Defensor del Pueblo, que cada año ha ido incorporando sus reclamaciones, como que se les haga un reconocimiento médico, que haya algún facultativo en el vuelo, un intérprete si los expulsados no hablan inglés ni español, un libro de registro donde anoten todos los medios de contención o la queja de que no se les facilita un mecanismo de reclamación por si se han vulnerado sus derechos.

La voz de los centros que tutelan a los extranjeros es mucho más desesperada. Ahmed Khalifa, vicepresidente de la Asociación Marroquí para la Integración, se lamenta de que, a veces, el procedimiento es «tan rápido que en 72 horas los han expulsado del país». Se queja de que no les dan tiempo a que su abogado prepare la defensa o, sencillamente, a que avise a sus familiares de aquí o de allá. «En algunos casos pensamos que han desaparecido hasta que, con el tiempo, nos enteramos de que los han expulsado».

También se sienten perseguidos. Por su color de piel, por su acento, por sus vestimentas. «Existe un control muy estricto sobre todas las personas marroquíes. Estamos hartos de que nos paren por la calle cada dos por tres».

'Karibu' significa 'Bienvenido' en swahili, pero para los subsaharianos que recalan en el CIE de Aluche es también la asociación no gubernamental que vela por ellos. En España hay siete centros de internamiento -Madrid, Murcia, Algeciras, Barcelona, Valencia, Las Palmas y Fuerteventura- y viendo su situación en el mapa es fácil entender que muchos acaban muy lejos de sus familiares, de su medio de subsistencia, de su vida.

Carmen Echevarría está en Karibu, coordina las visitas al CIE de Aluche y conoce la realidad de los subsaharianos. «No se puede perder de vista cómo han llegado a España: en una patera o saltando las vallas de Ceuta y Melilla. La travesía, cruzar África, es algo espeluznante, pero lo aguantan todo por su esperanza de encontrar algo mejor. Y de repente, sin haber cometido crimen o delito, son trasladados a un CIE, donde se les abre un proceso de expulsión aunque lleven diez años en España y tengan familia aquí. Casi siempre porque están sin tarjeta de residencia porque han perdido su empleo».

También intenta concienciar de que volver a su país no es volver a su hogar. «Regresan a un lugar que llevan años sin visitar y donde han perdido todos sus vínculos. Y retornar les produce mucha vergüenza. No quieren ni visitar a sus familias porque se piensan que se han enriquecido y no quieren ayudarles. Se crea mucha tensión». También hay una minoría que son expulsados en sustitución de una condena, «pero son muy pocos». Aunque más pocos aún son lo que quieren volver por decisión propia. Son casos extremos, «como un senegalés que estuvo trabajando en un cortijo de Jaén en semiesclavitud. Le trataron como a un perro y se quiso marchar».

«Viajes muy opacos»

Las expulsiones son traumáticas. Desde Karibu denuncian que son «viajes muy opacos, con mucho secretismo». Los extranjeros van custodiados por agentes de la Unidad Central de Expulsiones y Repatriaciones, que no ha querido aportar información ni contestar a las preguntas de este periódico. No van armados, pero saben cómo reducir al que se ponga gallito. Dentro del Cuerpo Nacional de Policía se ve este desempeño como un trabajo poco agradable, pero bien remunerado. El que menos cobra se lleva 1.650 euros al mes, pero hay que sumarle unos 70 euros al día por dietas. Y viajan mucho.

Los vuelos fletados por el ministerio causan pavor entre los extranjeros. Hay que llenar los aviones y los días previos al viaje se multiplican las redadas y los controles. «En cuanto vemos que han aumentado llamativamente las detenciones ya nos olemos que va a haber un vuelo», advierte Echevarría, quien se relaja más cuando van en un vuelo comercial. «En estos casi siempre se libran. La máxima autoridad en un avión es el piloto y si el extranjero le expresa que no quiere marcharse, la mayoría de las veces no les deja que viajen. No quieren líos».

El problema viene después. «La Policía a veces les deja tirados en Barajas. Están cabreados porque los encargados de llevarlos son los agentes que los han detenido y a lo mejor vienen de Bilbao o de Pontevedra y se tienen que volver de inmediato. A los extranjeros les toca pedir dinero y volver en metro a Madrid a dormir en la calle, que ellos también vienen de lejos y no tienen a nadie cercano. Muchas veces nos los encontramos durmiendo en la puerta de Karibu esperando a que abramos». Y vuelta a empezar.

También hay quien agrede a los policías o intenta autolesionarse. Cualquier cosa antes que subirse a ese avión que acaba con su sueño, que arruina largas caminatas atravesando un continente, que hace inservible haberse jugado la vida en una patera a merced del mar tras agotar los ahorros de toda una vida. Son vuelos tristes, de miradas gachas rodeados de policías aburridos.