Despiden a un padre por pedir permiso para ser donante de hígado para su hija

«Así podrá usted dedicarse mejor a cuidar a su hija». Fue la parte más dolorosa de la justificación que el director de Recursos Humanos de la empresa dio a un padre que fue despedido del trabajo por solicitar unos días de permiso para ser operado para la donación de un trozo de su hígado a su niña enferma. La vida de la menor dependía de la compatibilidad genética de su padre. «Así que me pedí unos días de baja y otros de vacaciones para poder desplazarme a Madrid y someterme a la operación», explica el afectado, que es miembro de la Asociación Española de Ayuda a Niños con Enfermedades Hepáticas y Trasplantados Hepáticos (HEPA). Cuando faltaba una semana para la intervención fue despedido con el cínico argumento que encabeza este reportaje.

Ni mucho menos es el primer caso. En España solo hay cinco hospitales autorizados para hacer trasplantes infantiles. Otro padre de HEPA que tuvo que viajar a la capital a hacerse las pruebas de compatibilidad para su hijo regresó con los justificantes médicos para entregárselos a su empresa. «Me indicaron que eran pruebas voluntarias y que yo no estaba enfermo y que no podían aceptar la justificación, que la solución era pedir una excedencia». Al menos, en este segundo caso se evitó el despido fulminante. La asociación protege su anonimato para evitar aún más perjuicios. HEPA abrió en www.change.org una recogida de firmas para reclamar cambios en la ley que dén cobertura a los donantes vivos. Ayer por la tarde se acercaba a las 263.000 rúbricas.

España es el modelo y el ejemplo del más eficaz sistema de trasplantes del mundo. Un éxito profesional y un orgullo médico que se han traducido en una ciudadanía implicada y que también coloca al país como líder en altruismo de las donaciones. En 2016 se superaron las 100.000 intervenciones desde que la Organización Nacional de Trasplantes (ONT) comenzara a funcionar en 1989.

Durante décadas, la intervención implicaba extraer de un cadáver órganos sanos. Pero las listas de espera y, sobre todo, los avances médicos han impulsado durante los últimos años las donaciones de vivo a vivo: personas sanas que ceden ese órgano o una parte de él para ayudar al enfermo.

La ciencia, delante de la ley

El problema afecta a familias de enfermos de hígado y riñón, órganos en los que se practican intervenciones de vivo a vivo. Las leyes no se han adaptado a esta realidad y no contemplan la protección de trabajadores sanos que son operados de forma voluntaria. El problema viene de atrás y los últimos casos son la gota que ha colmado la paciencia de las familias. «El 60% de los donantes de hígado tienen problemas serios. Y entre el 8% y el 10% han acabado en despido», explica el presidente de HEPA, Luis Torres.

Estas familias denuncian que se ha endurecido la 'comprensión' de las empresas con la crisis económica. «Los psicólogos de apoyo nos hablan de las dudas de los donantes y de cómo se han reducido los voluntarios por temor. No queremos ser héroes, solo tratados con justicia», insiste Torres.

Cada año se realizan unas 400 intervenciones 'vivo a vivo'. Más del 90% son de riñón. El director general de su Federación Nacional, ALCER, Juan Carlos Julián, confirma que «no hemos tenido despidos pero sí quien se lo plantea o retrasa por los riesgos laborales». De hecho, un estudio de los perfiles demuestra que la gran mayoría de los que ofrecen un riñón son «funcionarios con menos riesgo de perder su trabajo».

El consenso en la materia entre los colectivos de familias y profesionales de trasplantes es absoluto. Este viernes se jubila Rafael Matesanz, director de la ONT desde su fundación hace casi 30 años. A su brillante currículum le quedará pendiente este asunto, con el que lleva lidiando desde 2012. «Al ser un tema no solo de Sanidad sino de Trabajo, se ha complicado. Y luego hay un cierto temor a que involucre a otros colectivos. En todo caso es difícil decir 'no'», insiste este nefrólogo. Su última gestión fue el pasado 8 de marzo, Día Mundial del Riñón. Matesanz se reunió con la Comisión de Sanidad del Congreso y cree que «la acogida fue muy buena por parte de todos los diputados». Además, recuerda que «no afectaría a más de 400 personas al año».

Incluso los argumentos económicos están a favor de esta demanda. «Con la actual cirugía, las bajas médicas se reducen bastante. Y siempre es más barato que los 50.000 euros que puede costar la diálisis de un paciente al año», recuerda Juan Carlos Julián. La exigencia de las familias y de la ONT plantea la necesidad de equiparar a los donantes vivos al estatus de las embarazadas. «También aquí, hay que proteger sus empleos y vencer el prejuicio del empresario», concluye Luis Torres.