Los centenares de altos funcionarios valencianos que quieren trabajar hasta los 72 años

Desde Fedeca se recuerda que en la Administración española, los empleados se clasifican en grupos según su nivel de titulación y las responsabilidades asociadas a sus funciones, así que ese apelativo de altos funcionarios hace referencia a los cuerpos de funcionarios del grupo A1, «que son los profesionales que ocupan las posiciones de mayor responsabilidad de la Administración». «El acceso a estos cuerpos requiere la superación de oposiciones muy exigentes debido al alto nivel de especialización requerido, incluyendo pruebas escritas, orales, ejercicios prácticos e idiomas», recuerda la asociación, formada por las asociaciones que representan a la mayoría de este colectivo, que incluye entre otros a diplomáticos, economistas y abogados del estado, inspectores de hacienda y de trabajo, ingenieros, auditores, etc.

La propuesta lanzada desde Fedeca se extiende también a la totalidad de los empleados públicos, lo cual complica una estimación de quienes se verían beneficiados. «Dependerá de la amplitud de la medida», afirma Gelabert, quien observa que ya hay colectivos de empleados públicos que ya tienen concedido el derecho a esa prórroga. Según sus datos, en la Comunidad Valenciana hay unos 35.000 funcionarios de la Administración General del Estado y 250.000 funcionarios autonómicos y locales. «Teniendo en cuenta lo anterior», advierte, «los funcionarios que se acercan a la edad de 70 años son muy pocos, y los que decidan prolongar su vida laboral aún menos». «Me atrevo decir que unos cientos como mucho», opina.

¿Y cuál es el horizonte temporal fijado desde Fedeca para que se cumpla su solicitud? «Actualmente», contesta Gelabert, «la propuesta está incluida en las enmiendas al Proyecto de Ley de Función Pública que hemos presentado a través de los grupos parlamentarios en el Congreso, y que también ha trasladado al Ministerio de Transformación Digital y Función Pública». La norma todavía se encuentra en el plazo de presentación de enmiendas que se ha ido prorrogando, aunque a corto plazo, el objetivo de Fedeca «es reunirse con la Secretaría de Estado de Función Pública para presentar sus aportaciones y establecer un diálogo cooperativo». Con un matiz: «La prolongación de la vida laboral es una prerrogativa del funcionario, no una obligación, y está sujeta a ciertos requisitos entre los que se encuentra una evaluación de desempeño».

Si su propuesta saliera adelante, Gelabert entiende que se mitigaría el desperdicio «del valioso talento en el seno de la administración». Explica al respecto que «Bill Gates cumplirá el año que viene 70 años y Juan Roig acaba de cumplir los 75 años» y se pregunta: «¿Imaginamos la pérdida que supondría jubilarle de toda actividad en su campo de especialización?». Ella misma se responde: «Este es el coste para el contribuyente de perder a buenos trabajadores que siguen dispuestos y con plena capacidad para prestar un servicio público». En resumen, su iniciativa, según Fedeca, «no supondría un coste adicional». «No se crearían puestos nuevos», entiende Gelabert. «Al contrario, asumiendo que la mayoría tendrían la pensión máxima, sí se ahorraría en pensiones de prosperar la medida».