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El año 2025 comienza con importantes novedades en el sistema de pensiones y Seguridad Social en España. El Consejo de Ministros aprobó el 23 de ... diciembre de 2024 un Real Decreto-Ley que incluye la revalorización de las pensiones y otras prestaciones abonadas por el sistema de la Seguridad Social. Estos cambios, como señalan desde el Ejecutivo, tienen como objetivo garantizar el poder adquisitivo de los pensionistas y asegurar la sostenibilidad del sistema a largo plazo. A continuación se desgranan las principales medidas que entran en vigor este año y sus implicaciones para los ciudadanos. Desde el 1 de enero de 2025, las pensiones contributivas se revalorizan un 2,8%, correspondiente a la variación media interanual del Índice de Precios al Consumo (IPC) entre diciembre de 2023 y noviembre de 2024. Este mecanismo de revalorización, instaurado en los últimos años, asegura que las pensiones no pierdan poder adquisitivo frente a la inflación.
Esta medida beneficia a más de 12 millones de pensionistas en España, incluyendo tanto a los perceptores de pensiones contributivas como no contributivas, los de Clases Pasivas, los hogares a los que alcanza el Ingreso Mínimo Vital y quienes tengan reconocida la asignación por hijo a cargo con discapacidad igual o superior al 65%. En la Comunitat Valenciana, de acuerdo a las últimas estadísticas de la Generalitat, el número total de pensiones contributivas en el tercer trimestre de 2024 fue de 1.039.292. El número de personas pensionistas residentes en la Comunitat fue de 936.576 y la pensión media mensual de jubilación fue de 1.340 euros, mientras la mediana se sitúa en 1.047 euros.
La ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, ha asegurado que «alrededor del 25% de los ciudadanos de nuestro país se beneficiarán de estas medidas que garantizan el poder adquisitivo de nuestros pensionistas. Al tiempo que se protege especialmente a las personas más vulnerables, quienes reciben las pensiones mínimas y las no contributivas». La revalorización supondrá, aproximadamente, 600 euros adicionales al año para las personas con una pensión media de jubilación, mientras que las pensiones medias del sistema aumentarán en torno a 500 euros anuales. Este incremento beneficiará a los cerca de 9,3 millones de personas que reciben 10,3 millones de pensiones contributivas, además de las 720.148 pensiones correspondientes al Régimen de Clases Pasivas del Estado. De modo que un pensionista que perciba una pensión de 1.441 euros al mes (coincidente con la pensión media de 2024 de jubilación) pasará a recibir en 2025 una pensión de 1.481,35 euros mensuales, lo que supone un incremento de 564,87 euros anuales. El complemento para la reducción de la brecha de género se revaloriza un 8,1% sobre la cuantía reconocida en 2024 y alcanza el importe de 35,9 euros al mes por hijo.
El aumento de las pensiones no solo representa un alivio para los pensionistas, sino también un impacto positivo para la economía general. Con mayores ingresos disponibles, los pensionistas tienen un poder adquisitivo ampliado que impulsa el consumo en sectores clave como la alimentación, la salud y el ocio. En muchas familias, especialmente aquellas multigeneracionales, las pensiones actúan como un soporte financiero esencial.
Las pensiones mínimas experimentarán un aumento promedio del 6% en 2025. Sin embargo, los hogares con cónyuge a cargo y las pensiones de viudedad con cargas familiares recibirán un incremento aún mayor, del 9,1%. Concretamente, la pensión mínima de jubilación para hogares unipersonales se situará en 12.241,6 euros anuales, frente a los 11.552,8 euros de 2024. En los casos con cónyuge a cargo, el importe subirá a 15.786,4 euros anuales, un significativo incremento respecto a los 14.466,2 euros del año anterior. Para pensionistas menores de 65 años, estas cantidades serán de 11.452 euros o 15.786,4 euros si tienen cónyuge a cargo. Las pensiones no contributivas de invalidez y jubilación aumentarán un 9%, alcanzando un importe anual de 7.905,80 euros. Esta medida refuerza el apoyo a personas sin suficientes cotizaciones para acceder a una pensión contributiva, garantizando un nivel de ingresos mínimo.
Por su parte, las pensiones del extinguido Seguro Obligatorio de Vejez e Invalidez (SOVI) también se revalorizarán en un 6%. Esto supone que las pensiones no concurrentes con otras prestaciones alcanzarán 560 euros mensuales, mientras que las concurrentes recibirán 543,60 euros mensuales.
El Ingreso Mínimo Vital experimentará un aumento del 9%, en línea con las pensiones no contributivas. Asimismo, las asignaciones por hijo a cargo con discapacidad reconocida tendrán nuevos valores. En casos de discapacidad igual o superior al 65%, el importe anual será de 5.805,6 euros, mientras que para discapacidad igual o superior al 75%, será de 8.707,2 euros. Este incremento es del 2,8% respecto a 2024.
Con las medidas implementadas al comienzo del año, el Gobierno estima que los pensionistas ganarán entre 500 y 600 euros adicionales al año, dependiendo de su tipo de pensión. Además, se garantiza la estabilidad del sistema mediante un equilibrio entre ingresos y gastos. Estas reformas también fortalecen el papel de las pensiones como pilar del estado del bienestar en España. En un país donde el envejecimiento de la población es un reto creciente, garantizar un sistema de pensiones justo y sostenible es una prioridad indiscutible. El 2025 representa un año clave para los pensionistas en España. Con aumentos significativos en las pensiones, ajustes en la edad de jubilación y nuevas medidas para reforzar el sistema, se busca no solo proteger el poder adquisitivo de los actuales beneficiarios, sino también garantizar la sostenibilidad de las pensiones futuras. Estas reformas, aunque complejas, según indica el Gobierno son un paso adelante hacia un sistema más justo y equilibrado. En este contexto, es crucial seguir evaluando su impacto y adaptarlas a las necesidades cambiantes dela sociedad.
El complemento para la reducción de la brecha de género en las pensiones contributivas subirá a 35,90 euros mensuales, resultado de aplicar un 5% adicional al incremento general del 2,8%. Además, las prestaciones de orfandad causadas por violencia de género se incrementarán al mismo ritmo que el salario mínimo interprofesional de 2025. Por cuarto año consecutivo, las pensiones se revalorizan conforme al IPC, consolidando el poder adquisitivo de los beneficiarios. En 2025, el aumento será del 2,8%, tras subidas del 3,8% en 2024, el 8,5% en 2023 y el 2,5% en 2022.
Estas medidas contribuyen a disminuir la desigualdad social entre los pensionistas. Las pensiones no contributivas, en particular, benefician a personas que no lograron cotizar lo suficiente durante su vida laboral, ya sea por empleo informal, discapacidad u otras razones. En este contexto, los incrementos anunciados permiten a estos colectivos acceder a un nivel de vida más digno.
En 2025, el sistema de pensiones español introduce nuevos ajustes en las edades de acceso a la jubilación, siguiendo el calendario progresivo establecido en la reforma de 2013. Estos cambios buscan garantizar la sostenibilidad del sistema frente al envejecimiento demográfico y refuerzan la necesidad de una mayor permanencia en el mercado laboral. La edad legal de jubilación ordinaria se incrementa dos meses respecto a 2024. Así, quienes hayan cotizado menos de 38 años y 3 meses deberán esperar hasta los 66 años y 8 meses para retirarse. Sin embargo, quienes acrediten al menos 38 años y 3 meses de cotización podrán seguir jubilándose a los 65 años. Este incremento refleja el esfuerzo por adaptar el sistema a las nuevas realidades sociales y económicas.
En cuanto a la jubilación anticipada, tanto la modalidad voluntaria como la involuntaria experimentarán retrasos. La jubilación anticipada voluntaria será posible hasta 24 meses antes de la edad legal. Por lo tanto, en 2025 podrán retirarse con esta modalidad a partir de los 64 años y 8 meses quienes hayan cotizado menos de 38 años y 3 meses, mientras que aquellos con 38 años y 3 meses o más de cotización podrán hacerlo desde los 63 años. En el caso de la jubilación anticipada involuntaria, que permite adelantar la retirada hasta 48 meses, las edades mínimas serán de 62 años y 8 meses para quienes tengan menos de 38 años y 3 meses cotizados, y de 61 años para quienes superen esa cifra.
Una de las novedades importantes de 2025 es el endurecimiento de los coeficientes reductores aplicables a las personas cuya pensión teórica, tras aplicar las reducciones generales, supere la pensión máxima permitida. Esta medida busca equilibrar el impacto financiero del acceso anticipado a la jubilación y garantizar la equidad en el sistema. Por otro lado, la jubilación parcial con contrato de relevo también presenta cambios en las edades mínimas. En 2025, se podrá acceder a esta modalidad a partir de los 64 años y 4 meses si se cuentan con entre 33 y 36 años y 3 meses de cotización. En el caso de haber acumulado más de 36 años y 3 meses, será posible a partir de los 62 años y 8 meses.
Con el objetivo de proteger las pensiones futuras y en búsqueda del equilibrio entre los ingresos y los gastos del sistema de Seguridad Social, en las últimas reformas aprobadas se han articulado medidas como la cuota de solidaridad y el aumento de las bases máximas de cotización. Gracias a la cuota adicional de solidaridad se prevé que la cotización tenga en cuenta la remuneración total percibida. De modo que esta cuota de solidaridad se aplique sobre la diferencia que haya entre la base máxima de cotización fijada en la Ley de Presupuestos Generales del Estado para cada año y los rendimientos reales percibidos del trabajo.
El tipo de cotización aplicable será progresivo en función de los tres tramos de rendimientos fijados (0,92%, 1% o 1,17%) y se incrementará gradualmente a partir de 2025 hasta el año 2045, donde se alcanzará el tipo definitivo. Por su parte, la cotización por el concepto del Mecanismo de Equidad Intergeneracional (MEI) se establece en el 0,8%, con una distribución del 0,67% a cargo del empresario y del 0,13% del trabajador. En línea con la sostenibilidad del sistema de pensiones, la base máxima de cotización aumenta en 2025 de manera acorde con el incremento de la inflación y un porcentaje adicional. Para asegurar el carácter contributivo del sistema de Seguridad Social, este incremento estará acompañado de una subida de la pensión máxima (3.267,60 euros al mes).
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