Trabajos en riesgo a la espera de la jubilación a los 52 años: qué profesiones se beneficiarán de la reforma que ultima el Gobierno

Sin embargo, para todos ellos queda un largo camino por recorrer y previsiblemente hasta por lo menos dentro de un año o más ninguna profesión pueda acceder a este retiro temprano y sin recortes, tampoco los transportistas, que están en pleno proceso de movilización para reivindicar este derecho. En la actualidad, ya hay un numero colectivo de profesionales como trabajadores ferroviarios, trabajadores del mar, artistas, toreros, trabajadores de la minería, personal de vuelo, policías locales o bomberos vinculados la jubilación anticipada sin penalización.

La novedad reside en las negociaciones emprendidas por otros colectivos que ahora mismo están excluidos de ese trato beneficioso para que se pudieran acoger a esa fórmula de jubilación. ¿Por ejemplo? Hay unos cuantos casos. Con la nueva legislación podrán solicitarla cuando así lo acuerden los representantes sindicales y de la patronal, pero siempre que se cumplan una serie de requisitos: los sindicatos quieren conseguirlo para los transportistas, trabajadores de dependencia, camareras de piso, azafatas de vuelo... Y unas cuantas profesiones más que viven a la espera de que avance el calendario previsto para satisfacer sus reivindicaciones.

La primera fecha marcada en rojo en ese calendario que les afecta es este lunes, 4 de noviembre. Aunque todavía faltan semanas hasta que esta nueva ley pueda llegar al Consejo de Ministros para ser aprobada, una vez que cuenta ya con luz verde del Legislativo para que se tramite por la vía de urgencia, ahora se abre el periodo de audiencia pública y, tras ello, el Gobierno tendrá que recopilar las aportaciones que les hayan llegado al texto y decidir si las incorpora o no. Y luego, el departamento dirigido por Elma Saiz llevará el real decreto al Consejo de Ministros para su aprobación y, una vez publicado en el Boletín Oficial del Estado (BOE), tendrá un plazo de cuatro meses para constituir la comisión de evaluación, que estará integrada por representantes de los ministerios de Trabajo, Función Pública y Hacienda, así como miembros de la patronal y de los sindicatos.

Esta comisión estará «encargada de revisar hasta cuatro informes sobre morbilidad (enfermedades) y siniestralidad (accidentes de trabajo) de las diferentes actividades económicas, con un margen de un mes para llevarlo a cabo desde que los haya recibido», para decidir qué profesiones pudieran disfrutar de esta modalidad de retiro. ¿Final del trayecto? El ministerio espera que esto esté ya operativo en la segunda mitad de 2025, a poder ser antes de junio.