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En un contexto de envejecimiento poblacional acelerado, garantizar el derecho a una vivienda digna para las personas mayores se posiciona como un reto urgente en ... España. El informe «Defensa y protección de derechos de las personas mayores desde lo comunitario: el caso de la vivienda», elaborado por la Red Europea de Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social (EAPN-ES), ofrece una perspectiva reveladora sobre cómo la vivienda afecta a este colectivo, especialmente en situación de pobreza o exclusión social.
El envejecimiento poblacional es un fenómeno que afecta a toda la sociedad. En España, la esperanza de vida ha aumentado notablemente en el último siglo, gracias a avances en medicina, salud pública y condiciones de vida. Sin embargo, este aumento de la longevidad también ha traído consigo desafíos significativos. Las personas mayores, a menudo, se enfrentan a situaciones de vulnerabilidad social y económica. Según el informe, la tasa de pobreza severa entre este grupo es del 5,6%, lo que, aunque parece bajo en comparación con la población total, es un indicador preocupante de la precariedad que viven muchos de ellos.
La dependencia de las pensiones como única fuente de ingresos es una de las principales razones de esta vulnerabilidad. En 2023, más de un tercio de las pensiones en España no superaban el umbral de pobreza, lo que significa que muchas personas mayores viven con menos de 785 euros al mes . Esta situación se agrava para las mujeres mayores, quienes enfrentan una brecha de género significativa en sus pensiones, necesitando un aumento del 48,6% para igualar a sus homólogos masculinos.
El derecho a una vivienda digna está consagrado en la Constitución española. Sin embargo, para muchas personas mayores, este derecho se ve truncado por barreras como el elevado coste de los hogares, la falta de accesibilidad y las condiciones precarias de muchas viviendas. Alejandro Sanz, investigador de EAPN-ES y uno de los responsables del informe, destaca: «El derecho a la vivienda lo enfocamos desde dos puntos de vista: el acceso y que ésta cumpla condiciones aceptables. Muchos pensionistas no pueden cubrir el coste de la vivienda debido al alto precio y la escasez de viviendas de protección oficial o de alquiler social».
El derecho a una vivienda digna es no sólo un precepto constitucional, sino que además es fundamental para el bienestar de cualquier persona, y más aún para las personas mayores. El informe de EAPN-ES destaca que la vivienda no solo es un espacio físico, sino un lugar que proporciona seguridad, estabilidad y un sentido de pertenencia. Sin embargo, muchas personas mayores se ven obligadas a abandonar sus hogares debido a la falta de recursos económicos o a situaciones de desalojo. Este desarraigo no sólo afecta su calidad de vida, sino que también impacta su salud mental y emocional.
La situación se agrava con fenómenos como la turistificación, que reduce el número de viviendas accesibles para las personas mayores, o las viviendas vacías destinadas a otros usos. En cuanto a las condiciones habitacionales, el informe señala problemas de humedad, aislamiento deficiente y barreras físicas dentro de los hogares. Sanz añade: «Estos problemas contribuyen al aislamiento y la soledad no deseada, con graves consecuencias para la salud física y mental de las personas mayores».
El informe utiliza la técnica del photovoice, una metodología de investigación participativa que combina fotografía y testimonio personal. Sanz explica: «Esta herramienta promueve el empoderamiento y la movilización social al permitir que los participantes sean actores activos en la investigación, no solo objetos de estudio». Se formaron cinco grupos en Ceuta, Málaga, Toledo, Valencia y Sevilla, integrados por personas mayores que compartieron sus vivencias a través de imágenes y relatos. Estas experiencias revelaron las dificultades que enfrentan al acceder a viviendas dignas y en condiciones adecuadas, proporcionando también propuestas para abordar estos problemas.
Los testimonios recogidos ilustran la importancia de la vivienda como eje de estabilidad emocional y pertenencia comunitaria. Una de las participantes expresó su apego a su barrio, diciendo: «Yo nací en ese barrio y me moriré en ese barrio. Después de estar siete años aquí, que yo ya había reanudado mi vida normal, pues me costaba un sacrificio enorme salirme». Este testimonio refleja la profunda conexión que las personas mayores tienen con sus comunidades y la importancia de mantener esa conexión para su bienestar. Otro participante compartió su angustia ante la posibilidad de ser reubicado: «Ya ves, imagínate que yo estoy aquí y ahora me dicen: 'Tú tienes que ir a Jerez'. ¿En Jerez, qué hago yo en Jerez?».
El envejecimiento activo, promovido por la Organización Mundial de la Salud (OMS),subraya la importancia de garantizar seguridad, salud y participación en la vejez. En este sentido, el informe resalta la relevancia de la vivienda como pilar fundamental. «La vivienda no solo debe ser un lugar físico, sino un espacio que fomente la conexión social y el bienestar», comenta Sanz. La comunidad también juega un rol crucial. Iniciativas como redes vecinales de apoyo y centros cívicos ayudan a combatir la soledad y fortalecen la cohesión social. Estas redes no solo mejoran la calidad de vida de las personas mayores, sino también benefician a toda la sociedad. Garantizar el derecho a una vivienda digna para las personas mayores no es solo un deber legal, sino también un imperativo moral. El informe de EAPN-ES subraya que las soluciones requieren un enfoque integral y colaborativo que involucre a administraciones públicas, entidades sociales y la sociedad en general. «Es necesario cambiar la lógica de la construcción de viviendas hacia la rehabilitación y garantizar diagnósticos de accesibilidad», concluye Sanz. Solo así podremos construir comunidades más inclusivas y solidarias, donde las personas mayores vivan con dignidad y participen activamente en la sociedad. El informe de EAPN plantea varias propuestas para garantizar el derecho a la vivienda de las personas mayores:
1 Ampliar el parque de vivienda pública: Es esencial incorporar viviendas vacías al mercado social y fomentar su rehabilitación.
2. Regular los precios del alquiler: Controlar los costos para evitar la exclusión de las personas mayores.
3. Fomentar viviendas comunitarias: Promover modelos compartidos que combinen economía, accesibilidad y socialización.
4. Adaptar viviendas existentes: Priorizar reformas que eliminen barreras arquitectónicas y mejoren el confort.
5. Facilitar trámites administrativos: Simplificar los procesos de acceso a vivienda pública para personas mayores en situación de vulnerabilidad. Además, el informe enfatiza la necesidad de rehabilitar el entorno urbano para fomentar la inclusión social. La falta de espacios públicos accesibles, como bancos y parques, limita la movilidad y aumenta el aislamiento de las personas mayores.
Estas voces son un recordatorio de que detrás de las estadísticas hay vidas humanas, con historias, sueños y derechos que deben ser defendidos. Otro testimonio destaca la importancia de las viviendas compartidas. Una persona mayor de Valencia que encontró apoyo en este modelo afirmó: «Fui desahuciada el día 14 de mayo y tuve la suerte de conocer Hogares Compartidos y sentirme un poco más tranquila. Lo que pasa con esto, me quedé con bastantes cuadros de ansiedad.» Estos relatos destacan la conexión emocional de las personas mayores con sus hogares y comunidades. La pérdida de esta conexión no solo impacta en su bienestar, sino que también incrementa su vulnerabilidad social.
El informe de EAPN-ES no solo identifica problemas, sino que también propone soluciones. La defensa de los derechos de las personas mayores debe ser una prioridad en la agenda política y social. Como señala Sanz, es fundamental que las políticas públicas se diseñen teniendo en cuenta las necesidades específicas de este grupo, garantizando su acceso a una vivienda digna y a servicios de apoyo. Además, también resalta que es esencial fomentar la sensibilización y la educación en la sociedad sobre la importancia de la inclusión de las personas mayores. Combatir los estigmas y prejuicios asociados a la vejez es un paso necesario para construir comunidades más solidarias y justas.
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