Las deducciones en la nueva ley de mecenazgo abren la puerta a más filántropos

La reforma pretende impulsar el tercer sector (que aglutina a 28.000 organizaciones que defienden a personas en riesgo de exclusión) con una nueva regulación que aumenta los incentivos fiscales a los mecenas (grandes y pequeños) de entidades sin fines lucrativos. La iniciativa se ve también como un «estímulo» a la colaboración privada en las actividades de interés general.

El texto, aprobado en ponencia el jueves pasado, está ahora a dos pasos de convertirse en una realidad largamente demandada por la mayoría de los grupos parlamentarios, que aún así, no encontraban el punto de unión necesario para sacarlo adelante. La proposición de ley será votada este miércoles en la Comisión de Hacienda (con competencia legislativa plena) y tras su aprobación irá directamente al Senado, el paso previo para su presumible espaldarazo definitivo. Para evitar que incida sobre el actual ejercicio presupuestario, la reforma no entrará en vigor hasta el 1 de enero de 2024.

La denominada 'Ley de régimen fiscal de las entidades sin fines lucrativos y de los incentivos fiscales al mecenazgo' llevaba sin actualizarse en profundidad desde su aprobación en 2002, hace 21 años. Hubo una reforma en 2014, la última, para introducir la figura del micromecenazgo y poder deducirse el 80% de los primeros 150 euros donados.

Aquella modificación fiscal supuso un importante incremento de las aportaciones de personas físicas a las causas de interés general de las entidades no lucrativas. Por eso, los filántropos creen que las nuevas desgravaciones podrían hacer crecer las donaciones para las artes, la medicina, la investigación o los colectivos más vulnerables. La experiencia invita a pensar que sí. Con el acuerdo de 2014, el importe total donado pasó en un año de 975 millones a 1.350 millones de euros, casi un 38% más.

La reforma, impulsada por el PDeCAT, contempla la regulación de las donaciones en especie, por ejemplo los servicios gratuitos que un arquitecto o un transportista pueda prestar en favor de una ONG.

Además, la deducción del 80% en el IRPF que antes cubría el micromecenazgo de particulares hasta 150 euros, ahora lo hará hasta 250, y a partir de esa cantidad el porcentaje crece del 35 al 40%. En el caso de las empresas las deducciones en el impuesto de sociedades también pasan del 35 al 40%. Y en aras de premiar el mecenazgo sostenido se acorta en un año (de cuatro a tres) los plazos para beneficiarse de los incentivos cuando se hace la misma donación a la misma entidad.

La ley autoriza también la contraprestación de bienes y servicios de carácter simbólico, por ejemplo, si una empresa de comunicación dona una página del periódico al Teatro Real, el beneficiario le puede devolver en entradas el 15% del valor de lo que ha recibido con un límite de 25.000 euros.

Una jornada sobre la Ley de Mecenazgo desarrollada en la sala Ernest Lluch del Congreso el pasado octubre fue clave para desbloquear la ley. En aquella sesión, todos los participantes, desde los grupos parlamentarios que asistieron (PSOE, PP, Ciudadanos y PDeCAT), a fundaciones y tercer sector, defendieron la reforma para reforzar la red que complementa al Estado del bienestar.

El perfil del donante es de una mujer de 58 años que aporta 150 euros al año, por lo que uno de los retos «es atraer a los jóvenes».

Para Silverio Agea, director general de la Asociación Española de Fundaciones (AEF), que agrupa a 850 fundaciones, el Congreso va a reconocer «la labor imprescindible que la filantropía lleva a cabo en España para poder cumplir los fines de interés general». «Por parte de las entidades no lucrativas hemos hecho nuestro trabajo de hacerle llegar al legislador las demandas del sector en cuestión de mecenazgo para equipararnos con los países de nuestro entorno. Estamos esperando a que se apruebe la reforma para leer el texto legal y conocer los detalles», señala Agea.

Y el 'padre' de la iniciativa, Sergi Miquel (PDeCAT), destaca que la ley se equipara con las mejores legislaciones europeas en la materia, «como la francesa y la italiana». El partido catalán subraya que esta será la primera proposición de ley de la actual legislatura que se aprueba «sin que provenga de los grupos que apoyan al gobierno español», y remarca que existía la necesidad de actualizar una ley que lleva más de veinte años en vigor.