El Defensor del Pueblo hace un llamamiento urgente para aumentar el gasto en neuropsiquiatría en los adolescentes

El Defensor del Pueblo, Ángel Gabilondo, ha pedido una mayor atención y recursos específicos de salud mental para adolescentes y jóvenes, y ha desarrollado una actuación de oficio sobre la cobertura de las prestaciones sanitarias con cargo al seguro escolar.

El seguro escolar es un aseguramiento público específico, creado en los años 50 del siglo XX, que protege a los estudiantes, menores de 28 años, que cursen estudios oficiales desde el tercer curso de Educación Secundaria Obligatoria (ESO), hasta el final del tercer ciclo universitario, mediante prestaciones sanitarias y económicas, en caso de enfermedad, accidente escolar e infortunio familiar.

La prestación de atención neuropsiquiátrica del seguro escolar representa en la actualidad aproximadamente el 95 % del gasto total de este régimen de Seguridad Social. Muchas familias, ante la respuesta insuficiente del Sistema Nacional de Salud, bien por falta de recursos o bien por la demora en su acceso, acuden a estas prestaciones para el tratamiento de los problemas de salud mental de sus hijos, si bien las posibilidades de acceso no son las mismas en todas las comunidades autónomas ni el disfrute de estas prestaciones es proporcional al volumen de población estudiante.

Entre los años 2006 y 2020 se traspasaron los medios adscritos a las prestaciones sanitarias del seguro escolar a ocho comunidades autónomas (Aragón, Asturias, Canarias, Cantabria, Castilla-La Mancha, Extremadura, Illes Balears y País Vasco). En el resto del territorio, la gestión del seguro escolar tanto de la acción protectora sanitaria como de las prestaciones económicas la realiza el Instituto Nacional de la Seguridad Social.

Entre las prestaciones sanitarias se contempla la asistencia médica, la asistencia farmacéutica y los gastos de sepelio. Esto incluye, en su terminología original, cirugía general, neuropsiquiatría, tocología, tuberculosis pulmonar y ósea, y en determinados casos se pueden otorgar prestaciones de fisioterapia, quimioterapia, radioterapia y cobaltoterapia.

Pero tampoco todas las familias pueden acceder en igualdad de condiciones a estas prestaciones, toda vez que el importe actual de estancia en neuropsiquiatría, aprobado por el Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS), es de 64,72 euros/día, por lo que, debido al elevado importe de estos tratamientos en centros privados, la familia del estudiante tiene que cofinanciar el tratamiento, lo cual resulta prácticamente imposible para las de rentas más bajas.

Puedes acceder al informe íntegro del Defensor del Pueblo.

Desde el Defensor del Pueblo se hace un llamamiento para que las administraciones sanitarias y sociales autonómicas competentes examinen en profundidad las capacidades de que disponen para atender los problemas emergentes y más graves de salud mental en la población infantojuvenil.

En todo caso, parece preciso que todas las administraciones dirijan sus esfuerzos a los siguientes objetivos:

- Disponer de más profesionales y recursos terapéuticos especializados para los niños, niñas y adolescentes, de forma que, ante las primeras manifestaciones de problemas de salud mental, las familias puedan acudir con prontitud y con la suficiente frecuencia a las consultas, con plazos de atención garantizados, sin las prolongadas esperas que se dan en muchas áreas de salud en la actualidad.

- Como complemento a lo anterior, disponer de una oferta asistencial suficiente para abordar los casos más complejos de problemas de salud mental y discapacidad en adolescentes y jóvenes, así como la patología dual y los trastornos de la conducta alimentaria, diseñando y acordando, si es preciso, una red de recursos específicos de referencia autonómica o estatal para la atención a la salud mental infantojuvenil multidisciplinar e intensiva.

- Continuar fortaleciendo la coordinación entre los servicios sanitarios y los de atención social en esta materia.

El Defensor del Pueblo se ha dirigido a las comunidades autónomas que tienen traspasada la acción sanitaria del seguro escolar, así como a la Secretaría de Estado de Seguridad Social y Pensiones, para ampliar la información sobre la gestión de este seguro.

El Defensor del Pueblo, en su informe, apunta que «la mejora de la atención a la salud mental de los niños, niñas, adolescentes y adultos jóvenes representa, como es sabido, un importante reto. Pero representa también una oportunidad para los sistemas de protección social y de atención sanitaria, ya que, en muchos casos, como señalan los especialistas en la materia, con un adecuado tratamiento a tiempo se podría evitar el agravamiento de las patologías menos severas o la cronificación».

Para el Defensor del Pueblo «resulta prioritario el refuerzo de la atención a la salud mental en el medio comunitario, donde el paciente, también el menor de edad, sea protagonista de su recuperación y los profesionales cuenten con el tiempo y los medios necesarios para poder dar una respuesta terapéutica adaptada a las necesidades de cada persona, evitando de esta manera la institucionalización».

Cuando, a pesar de los medios disponibles, «la atención ambulatoria deviene insuficiente y se requiere un esfuerzo terapéutico intensivo, esta institución viene observando un paulatino incremento de quejas referidas a la insuficiencia de recursos específicos de media estancia para la atención de menores, y en algunos casos jóvenes adultos, que padecen problemas de salud mental, asociados a discapacidad intelectual o a adicciones, y que se beneficiarían de ese tipo de atención», subraya.

Algunos de estos casos son de mayor gravedad y los adolescentes y jóvenes pasan en ocasiones largos períodos de tiempo en unidades psiquiátricas de hospitalización de pacientes agudos, por falta de plazas en recursos específicos para el tratamiento. Además, la complejidad de los perfiles de los afectados complica aún más la asignación de recursos.

«El seguro escolar viene facilitando, para algunos de estos casos, y allí donde la Seguridad Social mantiene la gestión de las prestaciones sanitarias, que los estudiantes con enfermedad mental o trastornos de conducta puedan acceder a otros recursos más específicos y de atención multidisciplinar, con los que no suelen contar los servicios autonómicos de salud en su cartera de servicios», sostiene. Pero, en cualquier caso, «hay una limitación de acceso a esta clase de recursos más específicos por motivos económicos, pues los tratamientos más complejos con internamiento requieren la cofinanciación por las familias».

• Temas
• Seguridad Social
• INSS
• Defensor del Pueblo
• Enfermedad mental
• Salud mental