La ley Celaá copia el modelo Marzá frente al castellano y la concertada

Lo firma la ministra de Educación y Formación Profesional, María Isabel Celaá Diéguez, pero perfectamente podría haberlo rubricado el conseller de Educación, Vicent Marzá Ibáñez. El proyecto de ley orgánica por la que se modifica la ley educativa y que esta semana ha llegado al Congreso de los Diputados para su tramitación recoge algunas de las cuestiones más controvertidas impulsadas desde el propio departamento autonómico valenciano y que tantas críticas, denuncias y protestas ha generado entre el sector educativo.

La enseñanza concertada es la que más argumentos contrarios al texto ha puesto sobre la mesa. Desde la Mesa por la Educación en Libertad se asegura que la misma da un tratamiento a las lenguas cooficiales, como el caso del valenciano en la Comunitat, "que no garantiza los derechos de las familias en cuanto a lengua vehicular". De este modo, el castellano perdería peso específico a partir del curso 2021-2022 en el caso de que el documento saliera adelante sin variaciones.

La falta de consenso con la comunidad educativa también es un argumento esgrimido, ya que consideran que se ha aprovechado un tiempo excepcional, con la pandemia de por medio, para impulsar una iniciativa que elimina la demanda social en la programación de puestos escolares, por lo que la administración "no tendría en cuenta la elección de las familias. Eso llevaría a la planificación unilateral y al cierre de centros concertados".

El hecho de que sea la propia administración la que distribuya al alumnado tampoco es bien visto, puesto que, de esta manera, "se elimina la posibilidad de elegir centro y se distribuye a los alumnos de forma unilateral". En opinión de los componentes de la Mesa por la Educación en Libertad, el Gobierno "inventa el derecho a la educación pública frente al derecho a la educación". La introducción de lo que definen como "un comisario político" en el Consejo Escolar tampoco agrada al suponer "una cortapisa al ideario del centro" y, consecuentemente, también consideran que se ve limitada la autonomía de los centros.

Recuerdan que la educación diferenciada es una opción "legítima y de éxito en muchos países y cuestiona la supervivencia de los centros de educación especial".

La religión también se vería afectada en la iniciativa del Gobierno de Pedro Sánchez. "Queda postergada", denuncian desde la Mesa. "Se deja sin alternativas, sin efectos de evaluación e impone un laicismo activo en cualquier centro y a cualquier familia", lamentan.

Frente al papel que se le da a la asignatura de religión, "se impone una asignatura de educación en valores cívicos y éticos que no está basada en valores consensuados y que se quiere utilizar como un instrumento de adoctrinamiento".

En definitiva, consideran que supone un regreso a un texto legal como la LOE "que ya ha demostrado que fue un fracaso que nos llevó a niveles muy bajos en todos los indicadores internacionales". Concluyen que todas estas medidas concretas se adoptan "por cuestiones exclusivamente políticas e ideológicas, no pedagógicas". 

Y es que la menor exigencia al alumno también es otro de los puntos que ha generado críticas en el sector educativo. A modo de ejemplo, señalaron el proceso de evaluación en Bachillerato. En el caso del paso de Primero a Segundo, la promoción se producirá incluso en el caso de que haya suspendido dos materias. Por lo que respecta a la obtención del título de Bachillerato, se apunta que será necesaria la evaluación positiva en todas las materias de los dos cursos: "No obstante, se contempla la posibilidad de que, excepcionalmente, el equipo docente pueda decidir la obtención del título por el alumno que haya superado todas las materias salvo una, siempre que se considere que ha alcanzado los objetivos vinculados a ese título".