manuel garcía
VALENCIA
Lunes, 13 de julio 2020, 18:08
A lo largo de esta semana, y anunciado pocas horas después de una denuncia del Comité de Entidades Representantes de Personas con Discapacidad de la Comunidad Valenciana (Cermi-CV), la conselleria de Educación publicará el último documento sobre la atención a discapacitados en los colegios. La novedad con respecto al documento del pasado 26 de junio es que se anunciará el mantenimiento de las aulas específicas para personas con necesidades especiales como las aulas CyL (Comunicación y Lenguaje). Un total de 27 iban a desaparecer, según denunciaron ayer desde Cermi, algo que se apresuró a desmentir la conselleria.
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En el documento del 26 de junio se hablaba, sin embargo, de la creación de los 'grupos burbuja' sin contacto con nadie más que con el tutor. Desde la propia conselleria calificaban esta cuestión de «sensible y compleja», aunque consideraban que era «la única opción segura y posible de acuerdo con las indicaciones sanitarias». Ahora, y precisamente tras otras indicaciones de la conselleria de Sanidad según reconocieron desde Educación, se permitirá la entrada a los profesores de apoyo, que deberán mantener la distancia de 1,5 metros o estar dotados con medidas de protección.
Además, cada centro deberá decidir si ubica a un alumno, según su grado de necesidad de apoyo, en un grupo estable o no.
Hace apenas dos semanas también se apuntaba hacia el uso de la tecnología, «pizarra digital, proyector o videoconferencia desde otro espacio del centro» para solucionar esta cuestión, algo que no convence al sector al tener este tipo de alumnado problemas para seguir la enseñanza online.
El presidente de la entidad, Luis Vañó, defendió que estas aulas son fundamentales para que los alumnos «con graves trastornos de comunicación y lenguaje» aprendan las asignaturas instrumentales de un modo adaptado a sus necesidades.
Desde la conselleria de Educación prometieron también que en el caso de que el personal de Pedagogía Terapéutica asuma las funciones de tutoría, los centros podrán pedir el profesorado extra que requieran: «No nos lo creemos porque todos los años han prometido lo mismo y varios meses dentro del curso los centros siguen sin el personal necesario«.
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Otra cuestión que preocupa a esta entidad, recordó Vañó, es el de la accesibilidad en un sentido amplio. «No se trata sólo de la rampa para poder acceder al centro. Es mucho más. Hablamos de una accesibilidad universal. Pensemos por ejemplo en un alumno que tiene un implante coclear. Necesita recursos como subtítulos o emisores especiales para seguir la clase correctamente», añadió.
Los meses de pandemia han tenido graves consecuencias para los discapacitados. «No han podido tener las sesiones de fisioterapia que necesitan. Pero, además, se ha producido un retraso en los tratamientos de las personas con trastornos en comunicación y lenguaje», apuntó Vañó, quien agregó otras dos consecuencias como el aislamiento social y el aumento del ciberacoso. Destacó que la falta de vigilancia y control por parte de especialistas ha llevado a que este colectivo esté indefenso ante los peligros existentes en la red. También alertó de la necesidad de que haya personal sanitario en las aulas para no dejar la responsabilidad sobre cuestiones sanitarias en los hombros de los docentes.
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