Intervención pone el foco en los contratos menores de la Universitat y la Politècnica

El año pasado, según los datos que recoge la Cuenta General, la Universitat y la UPV movieron 81,6 millones de euros en contratos menores. La que más, la Politécnica, con un total de 48,8 millones en 53.081 operaciones.

La Intervención apunta, con una opinión desfavorable, que la gestión económica en el área de contratación «no se ajusta a la normativa aplicable». La UPV, según los resultados del informe, «no ha realizado una adecuada planificación de su contratación pública, habiendo tramitado un 60% de su operación anual a través de contratos menores, lo que puede conllevar al incumplimiento de los principios básicos de eficiencia, publicidad y concurrencia».

La Intervención analiza una muestra sobre el total de los contratos y la conclusión «es que se aprecian diferencias en la declaración de ausencia de conflicto de intereses del órgano de contratación». En al menos dos expedientes no se encuentra ni la necesidad ni la motivación, según exige el artículo 118 de la Ley de Contratos del Sector Público. Además, existe un caso en el que el presupuesto no lo elabora la UPV sino que parte del propio contratista. Otras de las irregularidades detectadas es el retraso en la conformación de las facturas. La opinión de la Intervención también es desfavorable en el encargo de trabajos a medios propios y en las encomiendas de gestión.

En la Universitat de Valencia la situación es muy similar, idéntica a la que se ha dado en ejercidos anteriores. Al tramitar el 53% de su contratación a través de acuerdos menores, también incumple los principios básicos de eficiencia, publicidad y concurrencia. La UV ha movido casi 33 millones con más de 49.000 contratos.

Además, según el informe, en muchos casos no se tramitan de manera electrónica, lo que impide su trazabilidad –algo que está en proceso de solucionarse– y no se pone atención en la posibilidad de que se produzcan conflictos de intereses en el cierre de los acuerdos. También se echa en falta en los expedientes analizados los criterios de solvencia técnica y profesional de los beneficiarios, al igual que los criterios de adjudicación. Incluso la Intervención apunta que no se especifica la idoneidad de los contratos. La mayoría de las irregularidades van acompañadas de unas recomendaciones para que en la medida de lo posible no se vuelvan a repetir, unas medidas que con el paso de los años siempre reciben la misma respuesta y que obliga a la Intervención a dictaminar que no se ha corregido casi ninguna de las incidencias.

La Cuenta General también recoge los informes de auditoría del resto de universidades públicas de la Comunitat Valenciana, aunque ninguna de ellas cuenta con una opinión desfavorable en el área de contratación, como sí que figura en la Universitat Politècnica de Valencia y en la Universitat de Valencia. Los otros centros sí que logran un aprobado con una opinión favorable pero con salvedades.

La Universitat Jaume I de Castellón ha cerrado su plan de contratación con un 26% de adjudicaciones menores, un porcentaje bastante alejado de las de la ciudad de Valencia. Ha movido casi 9 millones de euros mediante esta fórmula a través de 10.000 operaciones.

La Universitat de Alicante ha realizado la mitad de sus contratos sin concurso y así ha gastado más de 12 millones de euros. Lo que sí que ha observado el equipo auditor es un fraccionamiento en la compra de material de laboratorio, en la instalación de mobiliario, en la prestación de servicios de autobús e incluso en el servicio de auditorías de trabajos de investigación.

El último de los centros auditados en la Universidad Miguel Hernández de Elche, que como el resto de instituciones realiza un abuso de los contratos de carácter menor. Algunas de las irregularidades detectadas es que la petición de ofertas a terceros se realiza con un desfase temporal de algunos meses, lo que dificulta la comparación entre ellas. La Miguel Hernández gastó más de tres millones en contratos de estas características.