«La nueva ley pone el foco en alumnos y familias. Se centra en sus necesidades»

La vuelta al 'cole' supone un inicio de temporada repleto de objetivos y desafíos no solamente para los docentes, alumnos y sus familias. También lo es para las entidades y administraciones que integran la comunidad educativa, que pese a su pluralidad comparten una finalidad común: velar por la mejora permanente de la enseñanza en la Comunitat Valenciana.

LASPROVINCIAS organizó una mesa de debate con diferentes representantes del sector para abordar los principales cambios en materia educativa, con especial atención a la Ley por la que se regula la libertad educativa, que supone un cambio de paradigma respecto al modelo anterior. Las novedades en el proceso de admisión de alumnos, con la vuelta al distrito único o el mayor peso de la renta, y la gratuidad completa en el primer ciclo de Infantil también han sido protagonistas del encuentro.

La cita reunió a Ignacio Martínez, Director General de Ordenación Educativa y Política Lingüística; Pablo Rovira, Director General de Desarrollo en SIENA Educación; Vicente Morro, portavoz de la Federación Católica de Asociaciones de Padres de Alumnos de Valencia (FCAPA); Sonia Terrero, presidenta de la Confederación Valenciana de Ampas (Covapa); Vicenta Rodríguez, Secretaria Autonómica de Escuelas Católicas en la Comunitat; y Lauren Bárcena, presidente del sindicato docente ANPE CV.

La ley de libertad educativa impulsada por el gobierno de Carlos Mazón, cuyas primeras medidas llegan este curso, acaparó el principal tema de conversación. Y hubo consenso –positivo– en que se pueda elegir la lengua oficial para responder exámenes, en la flexibilización de la exención de la materia de Valenciano o en relación a la posibilidad de que los padres de alumnos con necesidades especiales escojan la lengua de instrucción y de los materiales escolares.

«El objetivo fundamental es poner en el centro al alumnado y a sus familias, conocer sus necesidades y darles respuesta», afirmaba Ignacio Martínez. «La ley va más allá de la elección de la lengua base de enseñanza, incluye muchas otras medidas de carácter social. Por ejemplo, pretende crear una sensibilidad y una actitud positiva hacia nuestra lengua propia, el valenciano, con las certificaciones automáticas. Pero también posibilitando un aprendizaje efectivo para que el alumnado pueda cursar las asignaturas en una u otra lengua y que esto no suponga una barrera para los resultados. Por eso es importante poner en valor el derecho que tiene el alumnado de poder realizar las pruebas de evaluación en ambas lenguas oficiales, a su elección», añadió.

En cuanto a la lengua base –la que será mayoritaria en cada aula– «en la zona valencianohablante destaca el equilibrio entre las oficiales –no habrá una diferencia superior al 20% de horas lectivas– porque se quiere garantizar el aprendizaje de ambas. Es una ley ambiciosa porque intenta promover la elección pero sin descompensación, facilitando la enseñanza al alumnado que no comprende o domina alguna», comentó, en relación a cómo será el nuevo modelo lingüístico en las escuelas a partir del próximo curso.

Sobre este asunto, Sonia Terrero manifestó su conformidad: «Estamos a favor que de que el alumnado y sus familias puedan elegir. Es fundamental que se sientan escuchadas y que nos tengan en cuenta y se valore lo que necesitamos para tomar medidas educativas», dijo, antes de reivindicar que en la Comunitat «todos debemos tener las mismas leyes, no podemos tener unos requisitos en una zona y otros en otras».

Además, sostuvo que «este es un inicio de la libertad y el comienzo de un trabajo en equipo para poder llegar a esa meta compartida de propiciar una buena educación y una sociedad civil bien formada». «Es imprescindible poder elegir, especialmente a día de hoy, cuando la Comunitat está recibiendo a muchos inmigrantes con los brazos abiertos. Tenemos centros educativos que tienen un 90% de alumnado extranjero», reflexionó respecto a la importancia de facilitar la elección y de la flexibilización de la exención.

Vicenta Rodríguez se refirió a cómo desarrollar inicialmente esta nueva ley, reconociendo ciertas dudas sobre cómo se llevarán a la práctica las preferencias de las familias a la hora de organizar la oferta escolar a través de las líneas educativas. «Es un proyecto lingüístico interesante, aunque hay que analizarlo bien para poder desarrollar bien esa elección. Es una realidad que hay una parte del alumnado que no comprende y otra parte que tiene mayor preferencia hacia alguna de las lenguas oficiales. Ayuda poder elegir», dijo, antes de señalar que no se puede descuidar el valenciano, que es «enriquecedor» y parte fundamental de la cultura de la Comunitat.

Pablo Rovira también reconoció su punto de vista favorable, antes de introducir en el debate otros flecos de la ley. «Es importante que las personas sientan esa libertad de elección. En este sentido destaco la importancia de recuperar ese concepto de lengua materna», dijo, en referencia a un aspecto clave, como es el hecho de que la iniciación en la lectoescritura deberá ser en la lengua base, la que habrán podido elegir las familias mediante una consulta previa.

Vicente Morro también tomó la la palabra para valorar la nueva ley. «La libertad en educación es un derecho fundamental, y el cambio respecto al modelo anterior era necesario para la sociedad. Además, busca dar una solución a cuestiones más concretas, como las complicaciones que se presentan en muchos alumnos. Nos parece básico que exista una atención específica para ellos, en su realidad completa, pues algunos, anteriormente, no podían disponer de adaptaciones de la lengua en su enseñanza; es un avance», reflexionó, introduciendo otra medida de la ley: el apartado centrado en las necesidades especiales.

Además, aludió al articulado que insiste en que cualquier comunicación oficial por parte del centro, sean circulares a las familias o escritos oficiales a consejeros escolares, debe ser bilingüe.

«Estas situaciones, que no se informara en las dos lenguas o en la utilizada inicialmente por el interesado, provocaron bastantes resoluciones críticas del Síndic de Greuges de la Comunitat. Es otro síntoma del nuevo clima de recuperación de libertades, y en este sentido desde la federación nos sentimos muy cómodos con la regulación», dijo Morro.

Lauren Bárcena, por su parte, puso el foco en el alumnado y en el profesorado: «Es una ley que todavía está por desarrollar, y tenemos que velar para que garantice la adquisición de las competencias necesarias tanto en castellano como en valenciano, pero también que no suponga un aumento de las tareas burocráticas para el profesorado, que ya son elevadas al estar viviendo continuamente un cambio de normativa a nivel estatal y autonómico que altera el funcionamiento del día a día», puntualizó el docente.

Sobre cómo se plasmarán las preferencias de los padres en la enseñanza, Martínez habló de «un cambio de paradigma». «Vamos a consultar a las familias para conocer la demanda, y en función de esos resultados se realizará la planificación de las plazas», dijo. También recordó que la ley incluye una tabla que fija cuántas aulas funcionarán con una lengua base u otra, siempre a partir de la consulta. Por ejemplo, en un centro con dos líneas, con dos grupos del mismo nivel, bastará con un 25% de votos para que exista enseñanza mayoritaria en castellano en uno y en valenciano en otro.

Para los centros de Educación Especial, aulas específicas en colegios ordinarios y estudiantes que precisan de apoyos específicos durante al menos la mitad de la jornada escolar, la ley garantiza que su enseñanza se vehicule en la lengua que elijan las familias, independientemente de la que sea mayoritaria. Lo mismo sucede con el materia didáctico utilizado.

«Cada vez hay más alumnos con necesidades de apoyo específicas y tenemos la obligación de darles las mejores soluciones posibles», defendió Vicenta Rodríguez, que aprovechó la oportunidad para reivindicar una mayor dotación de profesores especialistas en Audición y Lenguaje en los centros concertados.

El debate también abordó los cambios en el requisito lingüístico para el profesorado –el C1 de Valenciano para FP y enseñanzas de régimen Especial pasará a ser un mérito a la hora de acceder a los puestos docentes– y la posibilidad de obtener títulos oficiales y automáticos de Valenciano por homologación de estudios por parte del alumnado: hasta un C1 en caso de aprobar la asignatura con al menos un 7 en Bachillerato o en la selectividad.

«Un buen docente se caracteriza por su capacidad pedagógica, de enseñanza y de transmitir sus ideas. No podemos limitarle con requisitos férreos», argumentó Morro.

«¿Cómo conseguimos tener mejores profesores o subir el nivel?», planteó Pablo Rovira. «Puede pensarse en el riesgo de que quitar requisitos afecte a la calidad de la docencia, pero estamos limitados, porque en el sistema educativo no puedes pagar más o 'fichar' talento», dijo el directivo de SIENA Educación.

«Al cambiar la regulación del requisito buscamos atraer talento y profesores de determinadas especiales que de lo contrario no podrían aterrizar en nuestras aulas. Creemos que da más calidad de enseñanza a nuestros alumnos», dijo Ignacio Martínez, que también se detuvo en las nuevas certificaciones por estudios cursados. «Pasamos de un modelo de imposición al del promoción, para que los alumnos sientan la necesidad de estudiar valenciano y evitar la exención. Y por el 'feedback' que estamos recibiendo de los centros creemos que vamos a conseguir reducirla», dijo.

También salió al paso de las críticas que advierten de que la medida implicará devaluar los títulos actuales: «No las compartimos, pues es un modelo muy similar al de comunidades como Baleares o País Vasco, e incluso más exigente que el que se aplica en Cataluña».

Uno de los últimos temas tratados fue el nuevo modelo de admisión de alumnos, con la vuelta al distrito único y el aumento de los puntos que se consiguen a partir de la renta familiar. «Ahora se puede elegir en función de dónde se viva y también más allá, por ejemplo si se quiere priorizar el proyecto educativo o la jornada escolar», comentó Vicente Morro.

«Es un modelo con más libertad, especialmente para familias más vulnerables, como las de rentas bajas, o para las numerosas o monoparentales. Para todos estos supuestos se incrementa la puntuación del baremo», reflexionó Martínez. Rovira, por su parte, incidió en el «acierto» que supone la escala de puntos que se da en función de los ingresos, mientras que Vicenta Rodríguez habló de sus consecuencias: «Unido a la menor natalidad, obliga a que muchos centros sean proactivos a la hora de dar a conocer su proyecto educativo, pues ya no servirá la idea de esperar a que llamen a tu puerta».

Garantizar la gratuidad en los tres niveles del primer ciclo de Infantil es el «proyecto estrella» del Consell y «un compromiso personal del presidente Mazón, que se resume en el esfuerzo presupuestario que implica haber alcanzado los 163 millones de euros», en palabras del director general. «Favorecerá la educación temprana, con niños más adaptados al tránsito al colegio, la conciliación familiar y puede ayudar a la natalidad», añadió. Por su parte, Bárcena se mostró a favor de «medidas que apoyen a las familias», incidiendo en no descuidar la red pública, mientras que Morro la enmarcó en el nuevo paradigma educativo: «Es más libertad».

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