manuel garcía
VALENCIA
Jueves, 30 de julio 2020, 00:31
«Es una barbaridad pedagógica». Los padres y profesores consultados por LAS PROVINCIAS rechazaron la opción, puesta sobre la mesa por parte de la conselleria de Educación, de trasladar en su totalidad el horario de la enseñanza presencial a las casas si se produjera un cierre de los centros a causa del Covid-19.
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«Que los niños pudieran estar conectados durante varias horas podría ser muy perjudicial para ellos. Si a los adultos ya nos afecta cuando pasamos varias horas frente al ordenador...», criticó Vicenta Rodríguez, presidenta de Escuelas Católicas, quien defendió lo que vienen apuntando muchos expertos y estudios: la imposibilidad total de que la enseñanza online pueda equipararse a la enseñanza presencial.
Rodríguez señaló que problemas como la brecha digital que se pueden producir y que relegarían a algunos alumnos y familias sólo se pueden solventar desde la presencia en las aulas.
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Desde la Confederación Católica Nacional de Padres de Familia y padres de Alumnos (Concapa) también reconocieron que una nueva reclusión es un escenario que impediría totalmente que el curso se pudiera desarrollar con normalidad. José Antonio Rodríguez destacó que el primer confinamiento ya dejó bien claro que no se pudo desarrollar el curso con esa normalidad y así ocurriría en el caso de producirse un segundo. «Y no sería culpa de la conselleria», señaló, sino que atribuyó a varios factores los problemas que existirían.
La palabra conciliación es de las primeras que surgen cuando se analiza esta hipótesis que ha estudiado la conselleria para no dejar, según su argumento, ningún escenario posible al azar.
Con padres trabajando, la presencia de los abuelos, grupo de riesgo en la pandemia, podría volverse imprescindible en algunos casos.
Además, Rodríguez duda, pese a los anuncios de aumento de capacidad efectuados por la conselleria, de las posibilidades de las conexiones y programas informáticas para asumir el gran volumen al que deberían hacer frente si se volviera al confinamiento total.
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Otra de las cuestiones, y esta se producirá sí o sí, es la de los turnos para asistir a clase en los cursos intermedios de los institutos. Profesores consultados por LAS PROVINCIAS reconocieron que, por fuerza, tendrán que ir más lentos y las repeticiones serán continuas. Como posibles soluciones están la programación de 'puntos intermedios' cada dos semanas por ejemplo para analizar si las dos partes de la clase están en el mismo lugar: «Va a ser un desastre», vaticinó este docente, quien añadió que, por fuerza, las actividades en casa y online tendrán que ganar peso.
Los consultados también destacaron los problemas que puede haber para que los adolescentes que se queden solos en casa cumplan con sus tareas si no hay nadie que les obligue a las mismas.
Estas opiniones se producen el mismo día en que la conselleria de Educación y representantes de la enseñanza concertada fumaran la pipa de la paz después de que «otros tiempos estuvieran marcados por el acoso a nuestra enseñanza», destacó uno de los asistentes. «Éramos críticos cuando el consell nos perseguía y ahora tenemos que dar una visión que consideramos muy positiva», agregó.
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De este modo, el conseller Vicent Marzá y el secretario autonómico Miquel Soler asistieron a la firma del acuerdo con las organizaciones empresariales Educación y Gestión (Escuelas Católicas), Feceval y Ucev, y sindicales de los centros educativos privados concertados valencianos, FSIE, USO, FE CCOO, FeSP-UGT y STEPV, para la organización y el desarrollo del curso 2020-2021.
Para conseguir este objetivo, todas las partes firmantes del acuerdo analizarán la concreción de medidas en los centros educativos concertados, así como la dotación extraordinaria de recursos económicos y de incremento de horas adicionales de profesorado necesarias para un funcionamiento adecuado de los centros. También se ha acordado crear una comisión de seguimiento del acuerdo, integrada por la Administración y las organizaciones sindicales y empresariales firmantes.
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Por otra parte, el sindicato CSIF instó a la conselleria, en la reunión de la Mesa Sectorial, a que agilice las sustituciones y la cobertura de bajas y vacantes del personal docente. La central sindical considera que en un curso con las singularidades del próximo, la Administración debe velar más si cabe por evitar que clases de alumnos se queden sin docente por retrasos en cubrir esas plazas.
La Central Sindical Independiente y de Funcionarios lanzó esta petición y lo hizo tanto para escuelas infantiles y escuelas oficiales de idiomas, cuyo inicio de curso se negociaba en la cita de ayer martes, como, en general, para todos los niveles educativos.
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La portavoz de Educación del Grupo Popular en les Corts, Beatriz Gascó, señaló que «la falta de un plan anti-Covid eficaz convierte a los centros educativos en bombas de relojería. Puig y Marzà son unos chapuceros que no tienen controlado el inicio de curso». Gascó calificó de «despropósito» las medidas anunciadas que demuestran «una improvisación total, que no hay un plan serio y eficaz y, en el fondo, generan más inseguridad e incertidumbre entre las familias y la comunidad educativa. Estamos muy preocupados por la falta de una hoja de ruta eficaz. Espero que no nos llamen alarmistas porque la última vez que avisamos al Consell de la que se nos veía encima, por desgracia, acertamos en el pronóstico».
Para Gascó, «hay un desprecio absoluto por parte de Marzá a la labor docente, ya que les obliga a hacer tareas que no son de su competencia y para las que no están formados. Todo para que él y Puig no asuman ninguna responsabilidad. Se lavan las manos al cargar sobre los directores la elaboración de los planes de prevención en cada centro y la responsabilidad de posibles rebrotes. Degradan, explotan y maltratan a los docentes para ellos eximirse de responsabilidades». Exigió «la incorporación inmediata de la enfermera escolar en los centros educativos para que asuman las responsabilidades sanitarias». Además, los 200 millones de euros para personal y digitalización «provienen del Estado. Puig no hace ningún esfuerzo económico desde el Consell para garantizar la seguridad de los centros».
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