Las empleadas del hogar tendrán nuevos derechos laborales y podrán parar de trabajar si creen que están en peligro

El Gobierno ha aprobado este martes en Consejo de Ministros un real decreto que aumenta los derechos de las 367.900 personas que trabajan como empleadas del hogar en España, más de un 95% de ellas mujeres, la mayoría de entre 40 y 50 años y un 45% de ellas, migrantes.

La nueva ley, que entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el BOE, genera derechos para las empleadas y obligaciones para las familias que las han contratado, de manera que la persona empleadora tendrá la «responsabilidad» de «vigilar» el estado de salud de su empleada del hogar.

Entre los nuevos derechos que tendrán a partir de ahora, las personas trabajadoras del hogar podrán realizarse reconocimientos médicos periódicos gratuitos, y el Gobierno ha explicado quién tendrá que sufragar esos gastos. El examen médico será voluntario, por lo que las empleadas del hogar podrán negarse a realizar este reconocimiento y, por tanto, esta vigilancia sólo podrá llevarse a cabo cuando la persona trabajadora preste su consentimiento.

En caso de que decida hacerlo, se tendrá que realizar, al menos, con una periodicidad trienal, a no ser que por decisión facultativa se establezca una periodicidad inferior o sea necesario actualizar el reconocimiento por la modificación de las condiciones de trabajo.

El reconocimiento médico podrá ser único por cada persona trabajadora, aun cuando preste servicio por cuenta de varias personas empleadoras.

La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, ha querido dar «toda la tranquilidad» precisando que esto no supondrá carga alguna para familias y personas empleadoras, ya que el Ministerio de Sanidad promoverá la inclusión de la realización gratuita de estos reconocimientos médicos en la cartera de servicios comunes del Sistema Nacional de Salud y no tendrán la obligación de formalizar un contrato de seguro.

«Nadie va a ver incrementados sus gastos, no van a tener, si no quieren hacerlo --si lo quieren hacer, podrían hacerlo, formalizar un contrato de seguro o concertar con las entidades, las mutuas--, pero si no quieren, van a tener derecho en los servicios públicos», ha explicado, añadiendo que es «una conquista clave».

Según ha desvelado Díaz, las empleadas del hogar también tendrán derecho a la formación, durante la jornada laboral, por parte del Servicio Público de Empleo (SEPE).

Además, se ofrecerá una herramienta gratuita elaborada por el Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo (INSST) que facilitará a las personas empleadoras el cumplimiento de las obligaciones relativas a la evaluación de riesgos. Igualmente, el INSST elaborará una Guía técnica para la prevención de los riesgos laborales en el trabajo doméstico e contarán con una herramienta de formación gratuita del SEPE.

Asimismo, se regula el derecho de las personas trabajadoras a la paralización de la actividad en caso de riesgo grave e inminente, sin que ello pueda entrañar ningún perjuicio para la persona trabajadora.

Además, las cuotas a la seguridad social están bonificadas hasta el 45%. De esta forma, según señalan fuentes del Ministerio, «termina una exclusión histórica» y las empleadas de hogar dejarán de ser «invisibles».

Asimismo, se elaborará un protocolo en caso de acoso. «Saben que estas mujeres son víctimas de acoso y haremos, formalizaremos un protocolo de acoso y violencia en el hogar. Por supuesto, todas estas herramientas, insisto, no van a irrogar ningún coste a las familias y van a ser completamente gratuitas», ha señalado.

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