Compromís pide que se exija valenciano a los funcionarios del Estado en la Comunitat

Compromís participó ayer en un acto de apoyo a una iniciativa de Bildu en el Congreso a la que se han sumado, entre otros, los nacionalistas valencianos, Podemos y formaciones independentistas como ERC, Junts, PDeCAT y la CUP, así como Más País, PNV y BNG, que defendieron ayer en el Pleno del Congreso una proposición que reclama incrementar la exigencia de titulaciones que acrediten el requisito lingüístico en distintos ámbitos de la Administración del Estado, extender el empleo de las lenguas cooficiales reconocidas, garantizar su uso en el Congreso, los tribunales de justicia o RTVE, permitir que figuren en el etiquetado de productos, y reconocer lenguas nuevas, como asturiano o aragonés.

La iniciativa exige «garantizar el deber de conocimiento por parte del funcionariado que preste servicios en territorios con lengua propia», además del castellano. También insta al Gobierno central a reclamar «la capacitación en lenguas propias del personal de todas las administraciones públicas, incluida la de Justicia, su uso generalizado en las páginas oficiales y su reconocimiento a nivel internacional en paridad con el castellano». Eso implica a jueces o personal judicial de todo tipo, pero también a funcionarios del Estado de todos los ámbitos. Además, piden «poner fin a la imposición legal exclusiva del castellano en la normativa estatal, que afecta de manera frontal al ámbito económico y singularmente al etiquetado». Además, retoman una reivindicación que, en el caso de la Comunitat, los tribunales han tumbado, tanto el TSJ valenciano como el Supremo. Se trata de «permitir el uso administrativo de las distintas lenguas entre territorios del mismo espacio lingüístico, dentro y fuera de las fronteras administrativas, sin barreras». Es decir, que entre instituciones valencianas y catalanas no se utilice el castellano.

Representantes de la Plataforma per la Llengua, Òmnium Cultural, Kontseilua, A Mesa pola normalización lingüística, Nogara, Ciemen, Iniciativa pol asturianu y Acció Cultural del País Valencià han posado frente al Congreso de los Diputados acompañados por diputados de Podemos, Bildu, ERC, PNV Junts, PDeCAT, la CUP, Más País, Compromís y el BNG, todos a favor de una iniciativa contra lo que consideran una «imposición legal del castellano».

La proposición no tuvo buena acogida entre los partidos mayoritarios, a excepción de Podemos. Los socialistas lamentaron no haber podido llegar a un acuerdo que rebajase las pretensiones de la iniciativa, que tildaron de ir contra la Constitución. Desde el PSOE se acusó a los partidos de la derecha de no tratar correctametne a las lenguas cooficiales en territorios como el valencianos, el catalán o el gallego, si bien también señalaron que la propuesta pretendía «victimizar» esas lenguas: «Ni el castellano está siendo arrinconado ni el catalán corre el peligro de desaparecer».

«Algunos hablan de separatismo, pero los verdaderos separatistas son los que nos impiden a vivir y a sentir en nuestra propia lengua», indicó el diputado de Compromís, Joan Baldoví, durante el debate, mientras que desde el PP o Ciudadanos subrayaron el deseo de los nacionalistas de generar «crispación» de intentar avanzar hacia sus postulados independentistas querieno abanderar el uso de las lenguas, que unos y otros aseguraron que sus rivales usan como arma política.