Escándalo en el examen para funcionario de prisiones: del pinganillo que cantaba las respuestas a la expulsión de 12 opositores

Malestar, indignación, escándalo. Este pasado fin de semana se realizaba el examen de oposición al Cuerpo de Ayudantes de Instituciones Penitenciarias y la prueba acabó con opositores expulsados, con la intervención de la Guardia Civil y con denuncias de uso de pinganillos y dispositivos electrónicos para recibir información desde el exterior.

El 4 de febrero, a las 9 de la mañana, en la Universidad Complutense de Madrid, 10.182 opositores se presentaron para luchar por alguna de las 756 plazas convocadas, pero según denuncian los sindicatos de prisiones, se produjeron infinidad de irregularidades.

Según relatan varios interesados, en el aula de informática número 16, «después de unos 20 minutos de examen un altavoz empieza a recitar las respuestas... 45 a, 46 b». Al parecer, según algunas versiones, una mujer llevaba un diminuto pinganillo o auricular inalámbrico en la oreja oculto bajo el pelo desde el que recibía información del exterior. Al desconectarse del móvil que llevaba, provocó no que se activara un altavoz, sino que las respuestas que le facilitaban por el pinganillo fueran audibles para las personas más cercanas.

Entonces «se monta un escándalo enorme... la chica es expulsada del aula... y minutos después todas personas con el teléfono en modo avión son expulsadas también», explican en la cuenta de 'Funcionario de prisiones'.

Según relatan, al menos diez personas llevaban móviles en modo avión y también fueron expulsadas del aula y del examen tras vivirse momentos de tención e incertidumbre. Con respecto a este asunto, unos explican que se expulsó a todos a los que les encontraron un smartphone encendido, mientras que otros defienden que al estar en modo avión la expulsión del aula fue «injusta».

Los sindicatos de prisiones ACAIP-UGT, CSIF y CIG han pedido explicaciones al Ministerio del Interior y que garantice el proceso de oposiciones al cuerpo de ayudantes tras las denuncias sobre el uso de pinganillos y de dispositivos electrónicos prohibidos con la intención de recibir información del examen desde el exterior.

Los sindicatos se han dirigido al secretario general de Instituciones Penitenciarias, Ángel Luis Ortiz, para recordarle que tiene que supervisar que las oposiciones que se realizaron el 4 de febrero en Madrid y Las Palma respetando los principios de igualdad y seguridad jurídica.

Los sindicatos subrayan lo ocurrido en el aula 16 de la Facultad de Informática con la expulsión de una docena de opositores en medio de un «absoluto revuelo» y la paralización de la prueba durante unos momentos, hasta que se recondujo la situación. «Hemos tenido conocimiento del enorme malestar que ha generado entre algunos aspirantes, la organización y el desarrollo del proceso selectivo del Cuerpo de Ayudantes de IPP, correspondiente a la OEP 2023, celebrado el pasado domingo 4 de febrero de 2024, y que de confirmame nos parecen muy graves», explican.

Según indican, fue necesaria la intervención de la Guardia Civil, que levantó acta de lo sucedido y «hubo opositores que se vieron beneficiados de la audición«, ya que el sonido que salía del auricular era audible para ellos. Además, otro opositor al que le encontraron un pinganillo también fue expulsado.

Pero estas no fueron las únicas irregularidades desveladas en este examen de oposición. Ha habido denuncias por no cumplirse la cadena de custodia porque según denuncia la sección Estatal de CCOO en Instituciones Penitenciarias «los exámenes llegaran en las manos del personal funcionario responsable del aula en la que se examinaban, sin que estuvieran empaquetados ni precintados, y sin que se procedie ra a la apertura dentro del aula y en presencia de los opositores».

Además, «tampoco se respeto los mismos tiempos para todos en el desarrollo de las dos pruebas», por lo que han solicitado que se abra «una investigación interna de la sucedido para aclarar la situación de todos los participantes del proceso selectivo, y no se deteriore la imagen pública de Instituciones Penitenciarias», concluyen en un escrito.

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