El exministro Campo, juez y parte (política) en la 'ley trans'

Aquel día de verano de 2021 en que Sánchez tiró para delante con una de las propuestas estrellas de Podemos para la legislatura -un «paso de gigante» según la definió la ministra de Igualdad-, ésta agradeció expresamente a Campo su trabajo para alcanzar un «buen texto» tras una «negociación larga y difícil». Tuvo que ser el responsable de Justicia, el departamento encargado de velar por la correcta elaboración de las iniciativas legislativas bajo impulso del Ejecutivo, quien citara la labor «fina» de Calvo en señal de reconocimiento y ante la división que la 'ley trans' había generado entre el llamado feminismo clásico, temeroso de que la autodeterminación de género entierre la histórica lucha de las mujeres contra la discriminación por razón de sexo, y aquel que fija la mirada en la equiparación de derechos de minorías como las de las personas transexuales.

El ahora magistrado del TC, al que Sánchez situó en la corte de garantías en una elección sin precedentes aprovechando los dos puestos que compete designar al Gobierno y al que el PP ha recusado en varios de los recursos de inconstitucionalidad que tiene presentados, ha redactado un borrador que avala el grueso de la ley aunque con matices relevantes, sobre todo en lo referido a las garantías para los menores a la hora de decidir sobre su cambio de sexo. El tribunal que encabeza Cándido Conde-Pumpido se asoma a un debate áspero, con dos de las magistradas del bloque progresista -la vicepresidenta Inmaculada Montalbán y María Luisa Balaguer- extendiendo de puertas hacia dentro de la corte la deliberación política y social que suscitó la norma mientras se negoció y se aprobó. Y que llevó, entre otras derivadas, a Carla Antonelli, rostro del colectivo LGTBI durante años en el PSOE, a abandonar su militancia en protesta por las trabas a la regulación por parte de las feministas asociadas al partido.

El elogio de Montero a Campo en la mesa del Consejo de Ministros apenas maquilló las diferencias que habían aflorado entre sus respectivos departamentos. Y no solo en torno a la forja de la 'ley trans' que por su propia naturaleza precisa de una seguridad jurídica que ha de asegurar en estos momentos el Constitucional. En medio de otro tira y afloja, este por la ley del 'solo sí es sí', el entonces vicepresidente Pablo Iglesias lanzó el dardo de que «en las excusas técnicas» latía «mucho machismo frustrado», una acusación que se interpretó que llevaba como destinatario al ministro de Justicia. «Los políticos hablamos demasiados», replicó el aludido.