Hacen falta 260.000 cuidadoras más para asegurar la atención a la dependencia

España necesitará contar antes de 2030 con 260.000 cuidadoras más de las que hoy en día dispone para poder garantizar la atención a las personas dependientes que precisan de esta ayuda de larga duración. Esta es la estimación oficial que ha realizado el Ministerio de Derechos Sociales y que va a obligar a sus responsables a poner en marcha un plan extraordinario para tratar de alcanzar un objetivo que a día de hoy no parece nada sencillo.

La cifra no es una aproximación. Se ha obtenido combinando las proyecciones demográficas sobre el número de mayores que habrá en la próxima década, calculadas por el Instituto Nacional de Estadística (INE), con el porcentaje actual de ciudadanos de las distintas edades que precisan de atención permanente por parte del sistema de la dependencia. De hecho, es una cifra más bien conservadora, porque solo se ha estimado la plantilla necesaria para asegurar la cobertura actual de servicios de la dependencia, una cartera de derechos y prestaciones que podría verse incrementada en los próximos años.

Los cálculos oficiales señalan que la población dependiente con necesidades de cuidados de larga duración dentro de cinco años superará con creces los dos millones de ciudadanos (2.055.172), lo que supone un 27% más que los 1.644.073 atendidos por el sistema al final de 2024. El ministerio prevé que para dar este servicio harán falta no menos de 751.000 cuidadoras, lo que supone ampliar la plantilla en 261.400 profesionales más, con un 53% de aumento respecto a las 490.000 que hay hacen esta tarea.

El departamento que dirige Pablo Bustinduy considera que lograr este inmenso número de incorporaciones laborales, y hacerlo con personas bien formadas y con unas condiciones laborales mejores de las actuales, supone un reto de país. Por ese motivo ha creado una comisión interministerial, en la que al menos estarán representantes de Trabajo, Educación y Seguridad Social y Migraciones, que tiene como objetivo promover el debate de ideas, la coordinación y la toma de decisiones de todos los departamentos gubernamentales e instituciones que puedan aportar soluciones para ampliar la incorporación de estos profesionales al sistema en tan corto espacio de tiempo.

De forma paralela, Bustinduy ha puesto en marcha un segundo grupo de trabajo con las comunidades autónomas, que son quienes ejercen las competencias en dependencia, con quienes quiere analizar las dificultades que cada una tiene para encontrar cuidadoras profesionales y estudiar las fórmulas más eficaces para facilitar la empleabilidad de estas trabajadoras, entre las que deben conseguir que sean puestos de trabajo más atractivos de lo que son hoy en día.