Un gran año para ser funcionario: Los gobiernos sacan más de 35.000 plazas para opositar

Pero, ¿por qué tanta gente quiere ser funcionaria? Pues, básicamente, por la seguridad que supone tener un puesto de trabajo estable e indefinido, en el que se mantiene un horario, se sigue pagando una carrera profesional, las vacaciones están garantizadas y siempre se tienen oportunidades de promoción. Ese es el retrato robot de quienes optan por el empleo público, en búsqueda de una estabilidad que la flexibilidad del mercado privado ha comenzado a poner en peligro. Y en el sector público hay, además, ahora, más oportunidades que nunca.

Las Administraciones Públicas se han liberado de las cadenas de la ley de estabilidad presupuestaria que impedía cubrir las plazas que se iban quedando vacantes con las jubilaciones y bajas de sus funcionarios. Así que, finalizada la restricción, los gobiernos están sacando Ofertas de Empleo Público (OEP) de récord en este año. El Gobierno central, por ejemplo, acaba de poner en el mercado una convocatoria de 27.509 plazas, la más grande de la historia, y la Generalitat, por ejemplo, tiene abiertas convocatorias para cubrir más de 8.000 plazas de las ofertas desde 2017. Un tsunami de opciones en las que hay puestos para casi todo tipo de empleos y de una gran cantidad de categorías. Estamos, por tanto, ante un gran año para ser funcionario.

La Comunitat Valenciana cuenta, actualmente, con 257.394 empleados públicos, repartidos entre las administraciones general (34.986), autonómica (161.978) y locales (60.430) , según los últimos datos publicados por el Ministerio de Administraciones Públicas, en 2022. Un gran grupo poblacional del que son conscientes los gobiernos de turno. Por poner un ejemplo, todos juntos superaría en población a la tercera ciudad de la Comunitat, Elche, sólo por detrás de Valencia y Alicante.

Los primeros funcionarios llegaron a las administraciones en 1979, con la constitución de los primeros ayuntamientos democráticos, hace ahora 44 años, y entre 1982 y 1983, justo 30 años, a la Generalitat. Haciendo una simple cuenta se puede concluir que la inmensa mayoría de los que lograron una plaza en los 80 están ya jubilados o a punto de hacerlo en estos próximos años, depende de con qué edad les vayan pillando los sucesivos cambios en la fecha de jubilación.

De hecho, sólo la Generalitat tiene calculado que en los próximos cinco años se retirarán más de 5.000 de sus funcionarios, de los 18.972 con que cuenta sólo en el área de servicios generales. Las fechas son las que son, teniendo en cuenta que el 47% de esa plantilla tiene más de 54 años. En total, más de 8.900 empleados públicos. El dato contrasta con los apenas 1.000 que hay de entre 18 y 29 años, según las cifras que maneja la Conselleria de Justicia, la que tiene las competencias en Función Pública.

Existen dos tipos de empleados públicos: los funcionarios y el personal laboral. Los primeros son los que prestan sus servicios a las administraciones mediante una relación estatutaria regulada por el Derecho Administrativo. En cambio, los segundos, se regulan mediante el Derecho Laboral.

Entre los funcionarios existen de varios tipos. Empezando por los de carrera, que son parte de una plantilla permanente, tienen asignaciones fijas y sus funciones son administrativas si trabajan para la Administración general o propias de una profesión si están en algún Cuerpo Especial como pueden ser los inspectores de Hacienda. Otro tipo de funcionarios son los interinos, cuyo puesto es transitorio, y llegan a su puesto de trabajo público para cubrir plazas que no han podido ser cubiertas por funcionarios de carrera o requieren de urgencia. También tienen condición de funcionario durante su contratación los eventuales. Es decir, aquellas personas que se contratan y despiden libremente para ejercer labores de confianza con un cargo, en plazas no reservadas a funcionarios. Los denominados asesores como los que tienen consellers y alcaldes.

En el caso del personal laboral, su vinculación con la Administración es a través de un mero contrato de trabajo, para puestos de naturaleza no permanente y oficios que requieren conocimientos técnicos especializados. La duración de esos contratos puede ser indefinida o por obra y servicio. Es el caso, por ejemplo, del personal del sector público o de las universidades.

Para convertirse en funcionario, los aspirantes a un puesto en la Administración deben ser seleccionados mediante unos determinados procedimientos que garanticen que quien adquiere esa condición lo ha hecho en condiciones de igualdad, mérito y capacidad. Y es que ni siempre es necesario superar una oposición ni todas son iguales. La oposición libre consiste en una o más pruebas para determinar la aptitud de los aspirantes. A más nota o puntos, más posibilidades de aprobar. Por contra, los futuros empleados públicos también pueden enfrentarse a un concurso. En él se evalúan sólo los méritos de quienes participan, según un baremo previamente establecido. Es decir, si cumplen determinadas características como pueden ser títulos, formaciones o idiomas, además de años de experiencia en el mismo puesto o similar. La prueba más extendida es, sin embargo, una mezcla de las dos anteriores: el concurso-oposición. Un sistema mixto en el que se celebra una parte de examen oposición y quienes lo pasan participan en un concurso de méritos. La suma de ambas puntaciones determina quiénes son los ganadores de las plazas. Por último, también se puede acceder a la función pública mediante una bolsa de empleo público. Un llamamiento por parte de las Administraciones para que los ciudadanos se apunten a una lista de la que se necesitará incorporar gente. El proceso suele tener en cuenta méritos o pruebas selectivas.

El catálogo de puestos de trabajo que ofrecen las Administraciones es tan amplio como el de los salarios que se pueden percibir en todas ellas. Hay oposiciones para casi todo, con escalas salariales muy variadas, distintos tipos de exámenes y titulaciones mínimas muy diferentes. Y es que para algunos procesos se puede optar con un simple título de graduado escolar, de bachillerato o de técnico superior, mientras que para otros es necesaria una titulación universitaria específica que habilite al opositor para el puesto al que aspira. Es el caso, por ejemplo, de jueces, fiscales, abogados del Estado, o médicos y profesionales sanitarios, o profesionales de la educación. A veces, también son necesarias pruebas específicas de tipo físico o sanitario, pero en otros casos, los estudios son sólo un mérito más.

Los principales puestos de funcionario son los relacionados con la seguridad (policías, bomberos, agentes forestales o de movilidad), la Administración general (técnicos, administrativos), con la Justicia (jueces, fiscales, abogados del Estado,secretarios, funcionarios de prisiones), con Hacienda (inspectores de trabajo o de hacienda y técnicos), relacionados con la Educación (maestros de todas las especialidades, de escuela de idiomas, de Formación Profesional, psicólogos y hasta conserjes de centro), Correos (personal laboral de la empresa), Servicios Sociales (educadores y trabajadores sociales), con la aviación (controlador aéreo, agente de movimiento, despachador de vuelos), plazas sanitarias (médicos, enfermeros, fisioterapeutas, veterinarios, celadores, auxiliares, logopedas y psicólogos), informáticos (gestión de sistemas, sistemas y tecnologías), y hasta los relacionados con la diplomacia (funcionarios de la Unión Europea, administradores o cuerpo diplomático). Casi tan extenso como el menú de puestos es el rango de salarios.

Sólo en la Generalitat, los funcionarios de la Administración general tienen sueldos base de entre 612 y 1.238 euros al mes, que se completan con complementos de destino de entre 528 y 240 euros mensuales, complementos específicos de entre 1.747 y 294 euros, y una antigüedad que se determina con la carrera profesional. Así, se puede empezar cobrando desde 1.1146 euros mensuales a 3.510 euros, según la categoría y complementos del puesto. Sueldos atractivos en el mayor de los casos y con la seguridad de que son estables y se actualizan cada año.

Mujer, de 32 años, con un trabajo precario a tiempo completo, que compagina con el estudio del examen, al que dedica 5,7 días a la semana durante entre 5 y 6 horas diarias. Ese es el perfil del opositor tipo en España. Para sacar su plaza, tarda una media de año y medio, y lo hace a la segunda, según los datos del estudio de la academia MasterD, con más de 30.000 encuestados. En ese mapa de opositores, la Comunitat ocupa el cuarto lugar en número de personas que buscan una plaza pública, con un 12% del total de examinados de España, por detrás de Andalucía, Madrid y Cataluña.

Los jóvenes de entre 18 y 25 años son los más interesados en aprobar una oposición, con un 29,7% del total de personas que se presentan a un examen, seguidos del siguiente grupo, hasta 30 años, con un 23,8%. A partir de 50 años, la cifra es casi testimonial, con apenas un 5% de los opositores. Las mujeres, además, son mayoría de estudiantes, con un 56% respecto al 44% de hombres. Los que se presentan, en su mayoría, lo han hecho dos veces antes de aprobar. De los que deciden probar suerte para tratar de ser funcionarios, un 39,3% tienen un trabajo a tiempo completo, seguidos de los estudiantes, con un 26,9%. Después, la mayoría de estudiantes son desempleados (17,1%), por un 9,1% de trabajadores a tiempo parcial. Como curiosidad sólo un 4,1% de autónomos decide opositar y apenas un 3,5% de quienes ya trabajan en una Administración Pública.