Un cuartel de la Guardia Civil dentro de Cofrentes vigilará la central nuclear

Desde el pasado lunes agentes de la Guardia Civil se han hecho cargo de la seguridad de la central nuclear de Cofrentes. Se cumple de esta manera con la Ley de Protección de Infraestructuras Críticas aprobada en el año 2011 que establece que el control de las instalaciones que contengan materiales radioactivos corra a cargo de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado.

La Guardia Civil, según señalaron fuentes del instituto armado y de Iberdrola, cuenta con unas instalaciones propias que se han levantado en el interior de la central nuclear. Estas disponen de «las infraestructuras necesarias y permitirá albergar personal», tal y como explican en un comunicado.

Con la presencia de agentes en la central, como ya se ha hecho en otras instalaciones nucleares del país, se pretende incrementar «la capacidad de respuesta ante potenciales amenazas que afecten a la seguridad física de la instalación», tal y como se puntualiza en el comunicado.

Los agentes que ejercerán las labores de vigilancia en la central de Cofrentes pertenecen a la Unidad de Respuesta de la Guardia Civil. Se trata de un grupo de agentes especializados preparados para hacer frente a situaciones extremas y complicadas. También están equipados para encarar cualquiera de las amenazas que puedan alterar el normal funcionamiento de la planta.

En total, según las fuentes consultadas, se han destinado a prestar este servicio en Cofrentes a entre 20 y 30 agentes de la Unidad de Respuesta de la Guardia Civil.

En este sentido precisaron que el alto número no implica que estén siempre todos los agentes. El destino permanente de esta cantidad se hace para hacer compatibles las tareas de vigilancia y seguridad con las libranzas, vacaciones y turnos.

El coste del dispositivo de seguridad, según precisaron las mismas fuentes, ronda los tres millones de euros que asume la propietaria de la central, en este caso Iberdrola, tal y como establece la legislación.

Según una estimación hecha por Anav, la empresa que gestiona las centrales nucleares de Ascó y Vandellós en Tarragona, el coste anual de un agente que presta servicio en estas instalaciones alcanza los 61.000 euros.

Desde el instituto armado señalaron que «los responsables de la Guardia Civil han estado trabajando conjuntamente con los responsables de Seguridad Física de Iberdrola, al objeto de coordinar todos los protocolos de actuación y de dotación de medios».

Con la asunción de las funciones de vigilancia por la Guardia Civil, Cofrentes se suma a las centrales de Trillo (en Guadalajara), Almaraz en Cáceres y Ascó-Vandellós en Tarragona.

En las tres plantas la Unidad de Respuesta ya está prestando servicio para reforzar la seguridad física de la instalación. Según señalaron en el comunicado, se eleva «considerablemente la eficacia de los sistemas de protección física de la central nuclear de Cofrentes y garantiza en su conjunto la operación segura y fiable de la central».

Según el Consejo de Seguridad Nuclear (CSN), España cuenta con cinco centrales en funcionamiento, aunque el número de reactores asciende a siete.

Almaraz cuenta con dos reactores. Datan de 1980 y 1983. Son del tipo PWR, es decir de agua ligera a presión. También son del mismo tipo el de Ascó, con dos unidades de 1982 y 1985; el de Vandellós II (1987) y el de Trillo, la última central puesta en marcha en España en el año 1987.

Cofrentes cuenta con un reactor BWR, es decir de agua ligera en ebullición, que se puso en marcha en 1984. También Santa María de Garoña en Burgos cuenta con otro de estas características que se conectó a la red eléctrica en 1970, pero la central ya no está en funcionamiento y ha entrado en condición de cese de explotación.

Además hay otras dos plantas que están siendo desmanteladas. Son Vandellós I y la de José Cabrera ubicada en la localidad de Zorita, también en la provincia de Guadalajara. Esta última se conectó a la red en 1969. Operó durante 39 años y en 2006 el Gobierno ordenó su entrada en cese de explotación. El proceso de desmantelamiento durará unos ocho años. El combustible nuclear se está almacenando en el almacén temporal individualizado de forma provisional.

Vandellós I operó entre 1972 y 1995 y tras el incendio ocurrido en 1989 se inició el proceso de desmantelamiento de la instalación. En 2005 el Consejo de Ministros autorizó la entrada de la planta en la fase de latencia.