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Sábado, 25 de enero 2020
Todo son malas noticias en España para los coches más antiguos, perseguidos y criminalizados. Muchas ciudades les prohiben la circulación por determinadas zonas e incluso el aparcamiento. Están vigilados por el Gobierno hasta el punto de que el Ministerio de Hacienda analizará la conveniencia y viabilidad de llevar a cabo una reforma del actual modelo de impuesto de matriculación y de circulación, con el fin de penalizar a los vehículos antiguos y más contaminantes, según recoge el borrador actualizado del Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (PNIEC) 2021-2030.
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El documento explica que esta revisión del impuesto de matriculación y también del de circulación forma parte de las medidas que se llevarán a cabo para reducir el impacto sobre el medio ambiente de la movilidad, entre las que destacan, principalmente, la renovación del parque automovilístico y el impulso del vehículo eléctrico y de la infraestructura de recarga.
De esta forma, Hacienda, junto con las entidades locales, encargadas de su recaudación, considera necesario reorientar los criterios actuales del impuesto de circulación, vinculándolos a la normativa Euro o a la etiqueta medioambiental de la Dirección General de Tráfico (DGT).
El objetivo de esta medida es penalizar a los vehículos más antiguos, que son los que generan más emisiones contaminantes, al tiempo que registran un mayor consumo de combustible y mayores emisiones de dióxido de carbono (CO2).
La eventual reforma de las tasas de circulación y matriculación permitiría adelantar la paridad de precio entre los vehículos de combustión y los eléctricos. «La electrificación masiva del parque de vehículos solo se conseguirá cuando se alcance la paridad de precio entre vehículos eléctricos y de combustión», señala el documento.
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De forma paralela, Hacienda también analizará una reforma fiscal «verde» del sector del automóvil, con el fin de orientar la decisión final de compra de vehículos por parte de los clientes hacia modelos con menores emisiones.
Además, en coordinación con las entidades locales, se promoverán actuaciones de restricción de tráfico y de gestión del aparcamiento por parte de los ayuntamientos para penalizar a los automóviles de mayor antigüedad.
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De esta forma, desde 2023 será obligatoria la delimitación de zonas de bajas emisiones, con acceso limitado a los vehículos más contaminantes en las ciudades con una población de más de 50.000 habitantes. Esto se combinará con los Planes de Movilidad Urbana Sostenible, por parte de las entidades locales, y Planes de Transporte al Trabajo, por parte de las empresas.
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