Jaque a las casas de apuestas

Suena la sirena y terminan las clases en el IES Lluís Vives de Valencia. Los alumnos abandonan en masa las instalaciones del centro y salen a la calle tras terminar su jornada escolar. Algunos se dirigen hacía Colón por la calle Convento de Santa Clara, un grupo que vive en el barrio Ruzafa pasa por la calle del mismo nombre en su camino hacia casa y unos amigos que han planeado comer en el antiguo cauce del río cruzan por la avenida del Oeste. Todos ellos tienen algo en común y es que en este breve trayecto pasarán por delante de casas de apuestas que han tomado el centro de Valencia y que, tras aprobarse la Ley del Juego, se verán obligadas a buscar un nuevo emplazamiento o tendrán que cerrar en los próximos años.

Esta norma que ayer mismo avanzó en su trámite parlamentario al ser rechazada la enmienda a la totalidad presentada por el PP en Les Corts, establece una distancia mínima de 850 metros entre los salones de juego y los centros escolares, deportivos y sanitarios. Esta restricción para un sector que solo en los primeros nueve meses de 2019 movió 257 millones en la Comunitat se ha impulsado para evitar que los menores apuesten ya que la actual regulación, pese a que prohíbe que llevan a cabo esta actividad, no ha impedido que el 54% de los menores valencianos haya apostado alguna vez, según los datos de la propia conselleria de Sanidad. Y es que este es un colectivo especialmente vulnerable para un tipo de ocio que, tal y como informó el estudio del Centro Reina Sofía, ya está a la altura de otras prácticas como el cine.

El ratio de 850 metros que se impone en la ley lleva en la práctica a que el centro de las ciudades valencianas se vacíen de salones de juego. El caso del Lluís Vives es solo un ejemplo por el emplazamiento que tiene pero otros colegios e instituto actúan de la misma manera. El establecimiento de esta especie de 'zona cero' no será inmediato ya que la ley no prohibirá los locales nada más ser aprobada en las próximas semanas sino que será algo progresivo ya que la estrategia que se ha llevado a cabo para mantener la seguridad jurídica pasa por no renovar las licencias que se vayan agotando. En general, estos permisos tienen un plazo de diez años y conforme se vayan acabando no podrán ser renovados si no cumplen el requisito de los 850 metros, lo que provocará que año tras año desaparezcan del centro unos pocos locales, ya que las licencias fueron concedidas en ejercicios diferentes.

En la mayor parte de los barrios ocurrirá, en mayor o menor grado, una situación similar y según el Consejo Empresarial del Juego, la entidad que congrega a las principales firmas de este sector, les obligará a instalarse en el extrarradio. De esta forma, los salones de juego terminarán en el medio plazo a las afueras de las localidades y en polígonos en una situación similar a la que ocurre con los casinos. Además, tampoco podrán estar los establecimientos muy cerca unos de otros ya que la nueva regulación autonómica también establece que tendrá que existir una distancia mínima de 500 metros entre los locales. Algo que para el sector terminará con el cierre, o en el mejor de los casos traslado, del 90% de las instalaciones en la Comunitat.

Las máquinas de apuestas en bares correrán la misma suerte y conforme se les termine la licencia no podrán ser renovadas si no cumplen el requisito de la distancia mínima. Una situación similar vivirán también las clásicas tragaperras. Además, habrá una moratoria de cuatro años que no permitirá otorgar ningún tipo de licencia una vez sea publicada la norma. Los detalles de la restricción y cada caso particular se aclararán cuando se haga público el informe de la conselleria de Hacienda encabezada por Vicent Soler.