El juez deberá calibrar el riesgo de que un maltratador agreda a sus hijos antes de permitir visitas

Los jueces estarán obligados a pedir una evaluación profesional del riesgo de que un padre denunciado por violencia de género pueda agredir a sus hijos como medio para dañar a su madre antes de resolver sobre la concesión del régimen de visitas cuando haya desacuerdo y así lo solicite la maltratada.

Esta es una de la casi 40 medidas contra la violencia vicaria que incluirá el nuevo pacto de Estado contra la violencia de género que en los próximos días aprobarán todos los grupos políticos del Congreso a excepción de Vox y que se constituirá en el mandato que guiará las actuaciones y reformas que acometerán en los próximos cinco años los poderes públicos para combatir esta lacra.

La gran importancia dada a la prevención y detección de la violencia vicaria se debe a la alarma social provocada el año pasado por los nueve asesinatos de menores a manos de las parejas o exparejas de sus madres, la cifra más alta de la serie histórica junto con 2015.

Además de la evaluación obligatoria, el documento que aprobará el Congreso pide que se cumpla a rajatabla el mandato legal de considerar a los hijos de las maltratadas como víctimas directas de la violencia de género, para que, al tener este estatus, no se permita la convivencia de los menores con el maltratador y se le niegue o revoque, según el caso, el régimen de visitas.

El documento también ordena perfeccionar los sistemas de valoración del riesgo de la violencia de género, con la incorporación de nuevos indicios, para que sean capaces de detectar con más precisión el peligro que corren los hijos; amoldar las instalaciones de las comisarías y a los policías especializados de cara a las circunstancias que precisan los menores para facilitar sus denuncias contra los maltratadores y formar a profesores, sanitarios y especialmente a los coordinadores de bienestar de las escuelas y delegados de protección en organizaciones de ocio y deporte infantiles para que se constituyan en un auténtico y ágil sistema de detección de riesgos de violencia vicaria.

La renovación del pacto de Estado, que estará vigente hasta 2030, incorpora 172 nuevos mandatos y actuaciones a completar por los poderes públicos, que se suman a las casi 290 medidas ya establecidas por el primer acuerdo de 2017, que en su gran mayoría o están en marcha o cumplidas. Son fruto de un año de trabajos de una subcomisión parlamentaria que ha analizado miles de documentos y ha escuchado a 45 expertos.

El Congreso ordenará al Gobierno que cada año del próximo lustro entregue 300 millones a los ministerios, las autonomías y los ayuntamientos para cumplir las medidas del pacto, lo que supone subir la financiación específica contra esta lacra en un 50% desde los 200 millones comprometidos en 2017. A este dinero finalista para actuaciones concretas se suma el mandato parlamentario para que cada ejercicio se mejore en un 15% la asignación presupuestaria de la Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género.

La grandes novedades del acuerdo, además de las medidas contra la violencia vicaria, son las acciones concretas contra las cada vez más frecuentes variantes económica y digital de la violencia de género y contra la trata de mujeres, especialmente en su faceta con fines de explotación sexual o la orientada a la consecución de matrimonios forzados.

Las 462 medidas que compondrán el pacto incluyen reformas legales, mejoras de la coordinación, aumento de medios y recursos para este combate y acciones específicas para colectivos y grupos que se consideran especialmente vulnerables a la violencia de género como el de las mujeres mayores, las inmigrantes, las españolas con alguna discapacidad y las residentes en las áreas rurales. También se centra especialmente en actuaciones encaminadas a una mejor y más eficaz coordinación en el proceso de atención a una víctima de violencia, en especial en el ámbito policial y jurídico, y entre todos los juzgados que deben conocer sobre una situación de violencia contra las mujeres o contra sus hijos.

El nuevo texto, además, ya no solo se centra en la violencia de género en su sentido originario y estricto de violencia machista en la pareja sino que aprueba medidas para prevenir y castigar (y ayudar a las víctimas) de todas las violencias contra las mujeres por el simple hecho de serlo (sexual, acoso, mutilación genital, trata y aborto o esterilización forzados) y añade un capítulo para prevenir la epidemia de acceso por internet a pornografía y contenidos violentos de los menores españoles, aunque son prácticamente las mismas medidas que ya prevé la ley para la protección digital de niños y jóvenes que el Gobierno tiene en fase de elaboración.

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