Un juez explica a los propietarios cómo desmontar las tretas de los okupas

En España, la okupación de viviendas se ha convertido en un problema creciente, diferenciándose notablemente del panorama que se observa en otros países europeos. Mientras que en naciones como Italia, Francia, Alemania, Holanda o Bélgica, los casos de okupación suelen resolverse en un máximo de 72 horas, en España los procesos legales pueden alargarse durante años, generando una sensación de impunidad y frustración entre los propietarios.

Vicente Magro, magistrado del Tribunal Supremo, ha abordado este complejo fenómeno en su libro 'Cómo afrontar jurídicamente la ocupación ilegal de un inmueble'. Este manual se presenta como una guía práctica destinada a propietarios, abogados y fuerzas de seguridad, ofreciendo herramientas y estrategias legales para hacer frente a la okupación, «uno de los más graves problemas que existen en la actualidad y que se ha perpetuado en el tiempo sin que se hayan adoptado medidas» explicaba Magro en 'La trinchera' de esRadio.

La okupación es un fenómeno que afecta a miles de personas cada año, con un promedio de 40 okupaciones diarias, totalizando aproximadamente 16.000 delitos al año. Unas cifras que podrían ser inferiores, para el magistrado, teniendo en cuenta que la actual Ley de Vivienda ha desperdiciado una «tremenda oportunidad» para resolver este problema.

Uno de los puntos cruciales que Magro para poder abordar este fenómeno es la diferenciación entre okupas y 'inquiokupas', que son aquellos inquilinos que, tras alquilar un inmueble, dejan de pagar la renta y no abandonan la propiedad. Aunque comúnmente se aborda como un simple impago de renta por la vía civil, Magro sugiere que debería considerarse un delito de estafa cuando el inquilino tiene la intención de no pagar desde el inicio del contrato. «Si yo a una persona le pago la fianza, le pago el primer mes y el segundo dejo de pagar, desde mi punto de vista es una estafa», explica. «Cuando yo, al momento de contratar, tengo ya la intención de incumplir, es una estafa», añade.

El magistrado del Tribunal Supremo critica los informes de vulnerabilidad que frecuentemente paralizan los desahucios. Según Magro, en muchas ocasiones se conceden sin una verificación adecuada, basándose únicamente en declaraciones telefónicas sin comprobaciones físicas. «La Ley debería establecer un filtro de averiguación y no darla por supuesta», reclama.

Además, ha aprovechado para destacar la necesidad de contar con una Ley Integral sobre la okupación que brinde seguridad jurídica tanto a propietarios como a inquilinos. «Muchos juristas estamos reclamando una Ley Integral del fenómeno de la okupación que dé respuesta a todo esto, porque esto es lo que se hace en un Estado de derecho y lo que da seguridad jurídica a los ciudadanos y a los operadores jurídicos», destaca. En su opinión, la actual legislación ha provocado un retraimiento en la inversión inmobiliaria, ya que los propietarios temen alquilar sus inmuebles ante la posibilidad de enfrentar largos procesos de desalojo.

«El problema es que, al final, si esto no se hace bien, los precios suben, porque los propietarios ponen precios mayores porque solo quieren alquilar a aquel que tenga solvencia acreditada», advierte.

Para enfrentar la okupación de forma efectiva, Magro sugiere que los propietarios lleven sus denuncias por la vía penal, lo que permitiría solicitar medidas cautelares como la expulsión inmediata de los okupas. También propone que las comunidades de vecinos implementen protocolos de autoprotección y que se clarifique la legislación para que la policía pueda actuar con mayor celeridad y eficacia en casos de okupación flagrante.

El magistrado incluso proporciona ejemplos de cómo las autoridades pueden sortear las tretas de los okupas, como la 'técnica de la pizza': pocos días antes de okupar la vivienda, solicitan comida a domicilio y la recogen en el portal. Luego, utilizan el ticket de la compra, que incluye la dirección completa, como evidencia para argumentar que llevan viviendo allí más tiempo del que realmente han estado, evitando así ser desalojados por flagrancia.

En este contexto, Magro destaca la importancia de que los agentes busquen una «contraprueba». «El sistema de alarmas es el más eficaz, porque si una alarma se activa, la empresa de seguridad llama a la Policía y queda registrada la hora exacta. Por lo tanto, no importa que presenten un ticket o cualquier otra prueba: pueden ser desalojados sin problemas, ya que se cuenta con una contraprueba más relevante, que es la certificación de la empresa de seguridad indicando que la alarma se activó y, por ejemplo, que entraron a las 3:15 horas», explica.

También puede resultar eficaz, contar el testimonio de los vecinos. Por eso, Magro menciona la necesidad de implementar protocolos de autoprotección que sensibilicen a la comunidad sobre la importancia de denunciar: «Si la persona que llama es un vecino neutral y dice que acaba de ver entrar a alguien en el piso, la Policía tendrá una base sólida para actuar, sin importar cuántos tickets se presenten», asegura.

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