Los juzgados acumulan otro año de retraso

«Las soluciones del Gobierno son parches». «Lo peor está por llegar». Una situación de «colapso». Las frases parten de profesionales de la judicatura, abogacía o trabajadores de juzgados valencianos. Tras el parón por el confinamiento, el verano y los nuevos conflictos derivados de la crisis auguran un colapso. Ya hay datos preocupantes: juicios de lo social señalados, no para el año próximo, sino para finales de 2022. Junio acabó con más de 300.000 asuntos en trámite en los juzgados valencianos y una tasa de congestión que se ha doblado respecto al año pasado. Y todos coinciden: hace falta mucho más que los tres juzgados anunciados por el Gobierno en la Comunitat para frenar el aluvión.

Juezas y Jueces para la Democracia (JJpD) teme el «incremento progresivo de entrada» de procedimientos. Según su portavoz, el juez Joaquim Bosch, «la acumulación de asuntos en las agendas judiciales provoca señalamientos más tardíos». Además, «se ralentizan actuaciones judiciales por cuarentenas, contagios o síntomas en abogados, partes, testigos o peritos».

Según la asociación profesional, «las jurisdicciones que más notan la sobrecarga son la Social, la Mercantil o Familia. Están incremento los asuntos». Lo Social, alerta, «está especialmente colapsada en Valencia y ya van a empezar a señalar ya para el último trimestre de 2022». Para el juez «existe un problema previo de sobrecarga que se ha agravado con la pandemia». Desde hace una década, el Poder Judicial consideraba adecuado un incremento de seis juzgados nuevos. «Y sólo se ha creado uno». Como consecuencia, «hay juzgados de lo Social trabajando al 200% de su capacidad real».

Desde el Ministerio de Justicia se han impulsado medidas «que son meros parches». Para Bosch, los tres juzgados nuevos son «un refuerzo insuficiente, casi testimonial».

Para Auxiliadora Borja, decana del Ilustre Colegio de Abogados de Valencia (ICAV), «el colapso judicial es evidente, por todos los asuntos paralizados por el Covid que ya se están señalando para 2021 y 2022, pero porque ya veníamos con atasco judicial a la espalda, un problema ya viejo de la justicia en este país«.

Según Borja, «lo preocupante está por llegar y lo veremos cuando finalicen los ERTE y las empresas se den cuenta de que no pueden mantenerse. Entonces se producirá una avalancha de concursos de acreedores. Hay muchas compañías con deudas o con problemas hipotecarios o de impagos«, añade. »Se avecina una crisis importante los juzgados de Mercantil y Social se van a colapsar«. La única solución posible, comprende, «es que la Administración de Justicia disponga de más medios materiales y humanos, más juzgados para dar mejor servicio y más rápido».

El presidente del sector de Justicia en CSIF augura «un aumento exponencial de asuntos, sobre todo en Civil y Mercantil». Reclama aumentos de plantilla. La pandemia «ha dejado al descubierto la escasez de personal y la falta de adecuación de medios materiales». A su juicio, no basta con planes de prolongación de jornada de los funcionarios «cuando los objetivos resultan inasumibles» con los medios actuales. «Hace falta más personal, más juzgados, más formación y más medios tecnológicos», enumera Losada. CSIF también da un «insuficiente» a los tres nuevos juzgados anunciados.

Para Comsiones Obreras, «donde ya había problemas han empeorado». Así esboza el colapso Marián Rubí, delegada de Justicia en Comisiones Obreras: «Hay que celebrar todos los asuntos de marzo y abril que se suspendieron por el confinamiento, todo lo que dejó de entrar y entró en primeros de mayo, el tiempo de parón de verano... Y eso en jurisdicciones ya de por sí colapsadas. El problema aún será mayor cuando pasemos de ERTE a ERE».

Insiste, esencialmente, en que falta personal. «No ha habido ningún refuerzo con la pandemia. Haría falta aumentar al menos una persona más por juzgado. En la ciudad de Valencia, más de 50 funcionarios para Instancia, Mercantil y Social. La única opción que el ministerio ha dictado en su plan de choque es la posibilidad de prolongación de jornada por parte de los trabajadores a dos horas y media semanales, pero pide a cambio unos objetivos inasumibles. Como son voluntarias, la gente ya no los coge«.

En cuanto a los tres juzgados anunciados por el Gobierno, «aplaudimos su creación, pero la Comunitat necesitaría por lo menos más de una veintena de juzgados, pues no sólo son necesarios en las grandes capitales. Hay que acordarse de los pueblos«.

Santiago Alegre, delegado de Justicia en UGT, ve así el problema: «Lo social ya viene arrastrando un colapso y el Covid ha sido la puntilla, ha empeorado más la situación». Los refuerzos ministeriales son, desde su punto de vista, «una lavada de cara, no una solución». Considera «urgente» crear más órganos judiciales.

Y va más allá: «Con una mejora de sistemas informáticos de comunicación y tramitación bastarían tres juzgados nuevos de lo Social para Valencia. Hay que digitalizar los expedientes«, reclama. «Como el volumen importante de asuntos sigue estando en papel desde casa no se podía gestionar y eso ha empeorado el colapso», resalta.