Las novedades de la nueva Ley de Memoria Histórica: multas, subvenciones y prohibiciones

El Consejo de Ministros de este martes aprobará el proyecto de ley de Memoria Democrática que incluirá multas de hasta 100.000 euros para quienes vulneren la norma. Un régimen sancionador que no tiene la ley de Memoria Histórica, aprobada en 2007, y que dejaba sin capacidad coercitiva a la administración para castigar a los infractores.

     El texto del proyecto, supervisado por la vicepresidenta Carmen Calvo, cierra, a juicio del Gobierno, el círculo abierto por José Luis Rodríguez Zapatero hace 13 años. Entre las novedades que aporta la ley está la prohibición de crear fundaciones e ilegalizar las ya existentes que defienden la dictadura franquista. Pedro Sánchez citó el pasado miércoles a la Fundación Francisco Franco.

 También se declararán «nulos todos aquellos juicios y sentencias» de tribunales franquistas en la posguerra civil. Entre ellos, el del presidente de la Generalitat Lluis Companys, pero no habrá disculpas del Gobierno ni de la Jefatura del Estado, como reclamó Quim Torra. «Eso son alharacas», dijo la vicepresidenta primera.

El proyecto de ley impulsa asimismo la creación de un censo nacional de víctimas para reunir la información sobre todos los fusilados, represaliados y exiliados durante la Guerra Civil y la dictadura.

La protección de los archivos que permitan recuperar la memoria, el impulso a la investigación de episodios históricos represivos, e incluso el retorno de fondos documentales a España del exilio también se incorporan a esta Ley de Memoria Democrática.

    La resignificación del Valle de los Caídos, una vez trasladados los restos de Francisco Franco, es otra de las cuestiones que aborda la norma. En el Valle de los Caídos están almacenados los restos de 33.000 combatientes franquistas y republicanos, cuya exhumación presenta muchos problemas por el deterioro de la mayoría.

     Las subvenciones a las entidades privadas que trabajan en la recuperación de víctimas también tendrán su capítulo después de años de un gasto «cero» durante los Gobierno de Mariano Rajoy. Como preludio, el Boletín Oficial del Estado publico ayer la convocatoria de las ayudas económicas para la recuperación de restos de víctimas de la Guerra Civil y de la dictadura. El presupuesto es de 750.000 euros. El 60% de esa partida, 450.000 euros, se destinará a la investigación, localización, exhumación e identificación de personas desaparecidas en fosas.

     La Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica no comparte la política de subvencionar estos trabajos y considera que debe ser la administración la que sufrague los gastos, y no las entidades privadas, aunque reciban ayudas económicas públicas.

-La prohibición de crear fundaciones que exalten el régimen franquista y la figura del dictador.

-Disolución de las ya existentes, como la Fundación Francisco Franco.

-Anulación de las condecoraciones y medallas a figuras destacadas del franquismo por sus tareas represivas.

-Declaración de nulidad de los juicios y las sentencias de los tribunales franquistas en la posguerra civil.

-Resignificación del Valle de los Caídos para que deje de ser un monumento de exaltación a los vencedores de la Guerra Civil y se convierta en un centro de la memoria o un mausoleo de homenaje a todas las víctimas de la contienda

-Creación de un protocolo de exhumación para los restos de las más de 33.000 víctimas enterradas en el Valle de los Caídos.

-Dotación económica para subvencionar los trabajos de las entidades privadas para la exhumación de los cadáveres innominados en las fosas.

-Creación de un censo nacional de víctimas para reunir la información sobre todos los fusilados, represaliados y exiliados durante la Guerra Civil y la dictadura.

-Creación de un banco nacional de ADN al que los familiares de víctimas del franquismo podrán aportar muestras para facilitar la identificación de restos.

-Régimen sancionador con multas de hasta 100.000 euros para las personas y administraciones que vulneren la norma.