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VALENCIA
Jueves, 4 de junio 2020, 17:42
Ley Rhodes. Así se llamará la ley de protección de la infancia y la adolescencia frente a la violencia, una medida impulsada por Pablo Iglesias desde su departamento y que será aprobada el próximo martes 9 de junio de 2020 por el Consejo de Ministros. La ley toma el nombre de James Rhodes, pianista británico residente en España desde 2017 y que sufrió abusos sexuales de pequeño. Rhodes se ha convertido en uno de los mayores activistas contra los abusos sexuales en la infancia y en uno grandes defensores de los derechos de los niños.
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James Edward Rhodes nació en una familia judía de clase alta en St. John's Wood, en el norte de Londres. Estudió en el Arnold House School, un colegio privado para chicos donde sufrió abusos sexuales por parte de su profesor de educación física, el cual falleció antes del juicio. En esta situación Rhodes sufrió tanto mental como físicamente, lo cual le produjo un desorden alimenticio, daños en su columna vertebral y trastorno por estrés postraumático (TEPT), según recoge su biografía en la wikipedia.
La ley ahora ha recaído en la Vicepresidencia segunda, pero su germen está en el Ejecutivo monocolor socialista que llegó a Moncloa tras la moción de censura. De hecho, el anteproyecto fue anunciado por el propio Sánchez en diciembre de 2018.
«Me llena de orgullo. Va a suponer un paso histórico para frenar la reproducción de una realidad execrable como es el maltrato y la violencia contra niños, niñas y adolescentes», dijo el líder de Podemos en la Comisión de Derechos Sociales del Congreso, a donde acudió para informar sobre las medidas adoptadas durante la crisis del coronavirus. Precisamente, fue la pandemia la que ha retrasado la aprobación de esta ley que, en febrero, Pablo Iglesias dijo que adoptaría el nombre de Rhodes, el popular pianista británico afincado en España que estremeció a medio mundo con sus memorias sobre los abusos sexuales que sufrió cuando tenía cinco años.
Una de las novedades que introducirá esta ley es que los delitos más graves contra los menores de edad tendrán una mayor vigencia que hasta el momento, cuando la prescripción comienza a los 18 años. El Gobierno quiere que ese contador empiece doce años después, cuando la víctima haya cumplido los 30 años. Es decir, que podrá denunciar hasta los 45 años, ya que la prescripción de estos hechos -tentativa de homicidio, delitos sexuales, lesiones agravadas, maltrato habitual y trata de seres humanos- oscila entre los cinco y los quince años.
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Además, la nueva ley establecerá el deber para todos los ciudadanos de denunciar «de forma inmediata» la existencia de indicios de violencia ejercida sobre menores, y todos los colegios tendrán que contar con una nueva figura, la del «coordinador de bienestar y protección». También se van a establecer protocolos de actuación frente a indicios de acoso escolar, ciberacoso, acoso sexual, violencia de género, suicidio, autolesión y cualquier otra forma de violencia.
Para Iglesias, Rhodes, «ha aportado contenidos valiosos a la ley y puede ser un embajador de la lucha por la defensa de los derechos de la infancia en todo el mundo y eso le va hacer claramente merecedor de ser español, estamos trabajando en esa dirección».
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El vicepresidente de Derechos Sociales ha explicado que esta ley no solo debe proteger «a los niños y niñas de este país, sino que debe ser una referencia mundial en la protección de la infancia y la adolescencia y convertirse en uno de los elementos de definan la acción de este Gobierno».
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