En México ya no caben los muertos

En México hay muertos que no tienen un lugar donde caerse muertos y, como no saben dónde ponerlos, los meten en camiones y los mandan a viajar. Son tantos que ya no caben en los depósitos de cadáveres, donde se acumulan cuerpos en los pasillos a la espera de una autopsia. «Se nos acabaron las parcelas en los cementerios para enterrarlos», advirtió no hace mucho Luis Octavio Cotero. Cuando lo dijo era jefe de la unidad de investigadores forenses de Jalisco, pero ya ha sido despedido y no por estas palabras sino porque fue en su estado donde hace unos días apareció un camión con 273 cadáveres en su interior.

Desde diciembre de 2006, cuando el Gobierno mexicano declaró la guerra al crimen organizado, más de 200.000 personas han sido asesinadas. Según datos oficiales, en 2017 se produjeron 25.000 asesinatos, una cifra nunca alcanzada hasta entonces, aunque es posible que este récord no dure mucho. En los siete primeros meses de este año ya ha habido 16.000 muertes.

El país norteamericano es un campo de batalla a varias bandas. Dos cárteles, el Jalisco Nueva Generación y el de Sinaloa, libran desde hace años una guerra sin cuartel por hacerse con el control del territorio; en estados como Veracruz, Puebla o Huanajuato las bandas se matan entre sí en busca de la hegemonía en los mercados del narcotráfico o del combustible robado y, por si no fuera bastante, el Gobierno federal tiene que luchar contra todos ellos y contra los infiltrados que tiene en sus propias filas, que son demasiados. El pasado martes, el Ejército desarmó a las fuerzas de seguridad de Acapulco y detuvo a sus principales jefes ante la sospecha de que gran parte de ellos trabajan a sueldo de los narcos.

Las morgues se encuentran saturadas tanto por los cadáveres nuevos como por los antiguos, ya que desde 2016 la ley obliga a conservar los cuerpos y restos humanos vinculados con algún delito. Con esta disposición se pretendía, por un lado, facilitar la investigación de los asesinatos, que en la gran mayoría de los casos permanecían impunes porque los cuerpos, muchos de ellos sin identificar, eran incinerados. Por otro, se buscaba facilitar la localización de los 40.000 desaparecidos que, según las organizaciones civiles, existen en México.

Los motivos son loables, pero el problema es el espacio físico. En Acapulco no hay suficientes refrigeradores y decenas de cadáveres envueltos en bolsas de plástico se apilan en los pasillos de la morgue. En Chilpancingo, los empleados del depósito se niegan a ir a trabajar en protesta por el hedor de las instalaciones. Estas dos localidades se hallan en el estado de Guerrero, donde 800 difuntos aguardan pacientemente la hora de ser identificados y reclamados en morgues que solo cuentan con espacio en sus cámaras para 270 cuerpos.

Para evitar inconvenientes, hace dos años a alguien se le ocurrió alquilar un camión frigorífico donde almacenar los cuerpos junto a las instalaciones del Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses, situado en el municipio de San Pedro Tlaquepaque, en el estado de Jalisco. Durante un tiempo la idea funcionó. Aunque con retraso, a los muertos del camión se les hacía la autopsia y luego eran entregados a sus familiares o incinerados si nadie los reclamaba, pero llegó un momento en el que los forenses se vieron sobrepasados por la cantidad de cuerpos que les llegaban. En lo que va de año se han registrado 1.533 asesinatos en todo Jalisco. Demasiado para una única morgue y un solo camión.

Tuvieron que alquilar un segundo vehículo y, como no había sitio para dos, enviaron el primero a hacer turismo. Durante varias semanas un camión repleto de cadáveres y medianamente refrigerado dejó un inconfundible rastro a su paso. Al principio lo estacionaron en Tonalá, en cuyo cementerio se pretende construir varias criptas para inhumar los cadáveres anónimos, pero el proyecto cuenta con la oposición de los vecinos que, en cuanto olieron la jugada, obligaron al vehículo a marcharse. La morgue móvil se dirigió entonces a un almacén de la colonia Duraznera, en San Pedro Tlaquepaque. Allí permaneció dos semanas hasta que el Ayuntamiento, harto de olores y moscas en número creciente, protestó y el chófer tuvo que reemprender su peregrinaje.

Para entonces ya se sabía en medio Jalisco que por las carreteras del estado vagaba un camión repleto de muertos y estaba claro que las autoridades no sabían muy bien qué hacer con él. Así que lo llevaron a Tlajomuljo con una escolta policial, lo aparcaron discretamente junto a una tapia, desengancharon la cabina y dejaron el remolque abandonado a su suerte como si nada hubiera pasado. Pero el olor los delató.

Desconcertados por el hedor, los perros del vecindario comenzaron a ladrar como locos y alertaron a sus dueños, que se reunieron alrededor del camión para abrirlo. En el interior del remolque se amontonaban en desorden 273 cadáveres dentro de bolsas de basura negras atadas con cinta adhesiva. El inminente escándalo obligó a intervenir al gobernador de Jalisco, Aristóteles Sandoval, quien ordenó que el vehículo regresara al instituto forense, donde quedó aparcado junto al otro remolque, en el que había un centenar de cuerpos.

«Lo de Jalisco no es el primer caso ni será el último», advierte Francisco Rivas, director general del Observatorio Nacional Ciudadano, una organización cívica que busca transformar las condiciones de seguridad, justicia y legalidad en México, un país donde en los últimos doce años han muerto más personas que en la guerra de los Balcanes. La lucha entablada en 2006 por el presidente Felipe Calderón contra el narcotráfico ha desembocado en una situación descontrolada a la que no se le ve una solución a largo plazo. «Antes la violencia estaba localizada en ciertos lugares, pero ahora se ha extendido por todas partes», explica Francisco Rivas.

Con grandes dificultades, Calderón consiguió reducir el número de homicidios y en diciembre de 2012 entregó un país en proceso de mejora, pero su sucesor, Enrique Peña Nieto, cometió varios errores. Uno de ellos, dice Francisco Rivas, fue el de «centrarse en agarrar a los capos para descabezar a los grupos criminales», lo que acabó siendo fatal. «Si a un cártel no le quitas el dinero va a haber una competencia para ocupar el lugar del líder caído y eso fue lo que pasó. Los grupos entablaron guerras intestinas y pelearon entre ellos para ocupar el poder». El resultado, sostiene Francisco Rivas, es que «la situación es aún más grave».

Tras la aparición del camión frigorífico, el Gobierno de Tijuana entró en una fase de actividad frenética. Hubo despidos, cruces de acusaciones, golpes de pecho, promesas de enmienda, investigaciones internas para depurar responsabilidades..., lo habitual en estos casos. Como ejemplo para funcionarios «que tengan como parte de sus tareas algo que ver con la custodia, traslado o manejo de cuerpos no reclamados», el gobernador Sandoval destituyó fulminantemente a Luis Octavio Cotero, el responsable de los forenses de Jalisco, que no deja de repetir que la morgue está saturada. De todas formas, ese no es el peor de sus males. Su hija lleva dos meses desaparecida.