Un nuevo modelo desburocratizará y blindará el trabajo de los investigadores

El cambio de modelo aspira a terminar con alguno de los principales obstáculos que frenan el crecimiento del trabajo científico, como son la falta de dinero y de estabilidad de los proyectos y equipos, los corsés administrativos que constriñen su creatividad y el cambio de líneas de investigación o la excesiva burocratización de las ayudas públicas, que atasca e incluso, en ocasiones, paraliza y asfixia su labor.

Pretende trasladar el modelo de agilidad y blindaje que confieren las ayudas Severo Ochoa y María de Maeztu que reciben los centros y unidades de investigación españoles certificados como de excelencia internacional al trabajo de investigadores concretos. Usar lo que está funcionando para impulsar a instituciones para fortalecer a equipos modélicos.

El cambio consiste en que los grupos científicos que sean seleccionados cada año en la convocatoria de lo que se va a denominar como programa 'Fortaleza' van a recibir durante cuatro años, cada 1 de enero, unos 100.000 euros por curso para desarrollar sus investigaciones. Una subvención y trabajos que solo tendrán que justificar documentalmente con un informe al final del cuatrienio.

Se acabarán las esperas para saber si van a tener o no el dinero con que mantener activo el trabajo y el equipo y cuándo llegará. Se termina la financiación tardía, con entregas iniciales del 40% y el resto a enviar en meses u años posteriores, teniendo que dedicar a personal científico a tareas burocráticas para justificar y superar los controles y memorias de actividad intermedias.

Las ayudas 'Fortaleza' anticipan el dinero para investigar, garantizan que se va a recibir durante cuatro años y en una fecha concreta y no restringen la investigación ni impiden cambios de líneas que estén exigidas por la oportunidad o demanda social -como ocurrió en la pandemia-, pues no condicionan la ayuda a los avances en un trabajo concreto sino que son subvenciones para permitir el trabajo de un equipo.

Las nuevas subvenciones tienen como objetivo ejercer de seguro de vida, dar estabilidad al equipo, pero no ser únicas. Son compatibles y complementarias con todas las demás que puedan recibir los investigadores por sus proyectos concretos en las convocatorias científicas competitivas, tanto nacionales como autonómicas o europeas a que se presenten.

El nuevo modelo echará andar antes de julio de forma modesta, como un simple programa piloto. Pero el plan del Ministerio de Ciencia, el promotor de la idea, es que en solo una década sea una de las principales fuentes de financiación pública del I+D+i español, con un desembolso de 700 millones de euros anuales, de los que se beneficiarían en torno al 70% de los equipos de investigación españoles.

El primer ladrillo será la convocatoria de este año, que saldrá antes de julio, dotada con 30 millones, y que le asegurará 100.000 euros anuales a 72 grupos de investigación durante cuatro años, a cobrar todos los 1 de enero, empezando por 2024.

A esta convocatoria piloto solo podrán concurrir equipos científicos de excelencia -habrá también una cuota reservada a grupos emergentes- propuestos por los institutos de investigación sanitaria ya certificados por el Instituto de Salud Carlos III.

En una segunda fase las ayudas se abrirán a grupos de investigadores punteros de todos los organismos públicos de investigación (OPI) y, en la tercera, a los equipos de universidades y del resto de centros científicos, nacionales o autonómicos.

No se trata de sustituir lo que hay. Es un proyecto que incorpora fondos nuevos. No invalidará las convocatorias actuales, que en 2023 repartirán casi 650 millones de euros entre las subvenciones para la generación de conocimiento de la agencia estatal y las acciones estratégicas en salud otorgadas por el Carlos III.

El proyecto sigue la senda de lo dispuesto en la nueva ley de ciencia, en la que las administraciones se comprometen a elevar en 2030 el gasto público español en I+D+i hasta el 1,25% del PIB, lo que supone duplicar el del comienzo de esta década y alcanzar la media europea. El incremento del gasto público, sumado a la previsible aportación privada, elevaría la inversión del país al 3% del PIB.