Las plazas en las residencias se asignarán según las preferencias de los dependientes

La reforma de la Ley de Dependencia aprobada por el Consejo de Ministros el 11 de febrero introduce numerosas novedades que afectan a numerosos ámbitos, desde la compatabilidad de prestaciones a las ayudas a las personas mayores, los cuidadores, los cambios legales o el copago, entre muchos otros asuntos.

La norma también se centra en garantizar el derecho a la elección y la permanencia en el entorno comunitario, de manera que, por ejemplo, la asignación de residencias se basará en las preferencias del usuario sobre el lugar para vivir o ubicación que prefiera y se respetará su puesto de la lista de espera en caso de falta de disponibilidad.

Además, si rechazase una plaza en una zona que no quiere no se le podrá castigar poniéndole a la cola de la lista de espera sino que seguirá en la zona de asignación prioritaria.

A la hora de establecer qué copago en una residencia debe abonar un dependiente la norma propone que no se tendrá en cuenta un mínimo de dinero para asegurar los gastos personales.

Y a la hora de determinar la capacidad económica del dependiente, lo que condiciona sus ayudas y prestaciones y fija sus copagos, no se contará la vivienda habitual y se tendrá en cuenta la edad y el tipo de servicio que recibirá.

Para que las únicas opciones no sean vivir en su casa o en una residencia, se permitirán ayudas a domicilio comunitarias, para pisos con apoyos compartidos por varios dependientes o para viviendas que formen parte de un equipamiento colectivo y que tendrán servicios de cuidados comunes.

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