Una prestación universal por crianza y ayudas al alquiler, las claves del plan contra la pobreza

Bustinduy, al igual que todos los ministros de Sumar, como corroboró durante su intervención Sira Rego, la titular de Juventud, no tienen duda de que la llegada a todos los hogares españoles de una prestación por cada hijo menor es el instrumento más idóneo para combatir la escandalosa cifra de la pobreza infantil en España, que alcanza a uno de cada tres niños y adolescentes (2,7 millones), que es la segunda tasa más alta de la UE y que condena a casi 900.000 de estos pequeños a carencias materiales severas.

El ministro, que aseguró que es su apuesta fundamental en la actual negociación de Presupuestos, algo que aplaudieron todas las organizaciones de lucha contra la pobreza que intervinieron en el acto, lo que no hizo hoy fue concretar su aspiración, que en veces anteriores fijó en una ayuda mensual por hijo de 200 euros hasta los 18 años, pero con una implantación gradual por edades empezando por las más bajas.

La segunda gran urgencia de la lucha contra la pobreza en España, indicó Bustinduy, es «intervenir» el mercado de la vivienda para acabar con su carácter especulativo. Tanto él como las ONG presentes consideran que la actual escalada de precios de la vivienda, y sobre todo del alquiler, es la principal causa de empobrecimiento de los trabajadores españoles y de sus familias. Prueba de ello es que el 40% de los inquilinos están en riesgo de pobreza, casi el doble que la tasa general, y que unos cuatro millones viven una situación de pobreza tras pagar los gastos de la vivienda.

La estrategia contra la pobreza prevé en este área una larga lista de medidas entre las que destacan las ayudas a personas vulnerables para pagar el alquiler, las actuaciones para prevenir los desahucios, un refuerzo en la lucha contra la pobreza energética y planes para minimizar el sinhogarismo y los asentamientos chabolistas.

El documento, la guía para la actuación gubernamental en este campo hasta 2030, contempla continuar con las subidas del salario mínimo y el aumento de las prestaciones y las ayudas sociales; desplegar la lista de medidas de conciliación que se quieren introducir con la ley de Familias, como el abono del permiso de crianza o el aumento a 20 de las semanas pagadas por paternidad; o lograr que el primer ciclo de educación infantil y los comedores escolares sean gratuitos al menos para las familias con menos recursos.

La estrategia también tiene actuaciones para mejorar las condiciones laborales, para perseguir la discriminación salarial y para facilitar el acceso al empleo a las personas y colectivos más vulnerables, prevé impulsar las ayudas a la dependencia y el sistema de cuidados, la fijación de prestaciones mínimas de los servicios sociales de todas las autonomías y la creación de canales y estructuras para mejorar la gestión y la coordinación en estas políticas entre todas las administraciones.

El punto débil del documento, aprobado por el Consejo de Ministros en navidades, es que de momento solo es un plan de buenas intenciones. Los compromisos reales deben plasmarse cada año en un plan operativo, que es donde constarán las acciones concretas a ejecutar, el dinero que se consigna para ello y las administraciones que se implican. Como destacaron las ONG participantes en la presentación, cumplir este plan podría suponer «un paso de gigante» contra la pobreza, pero falta lo más importante: un compromiso detallado de financiación. Por este motivo, el presidente de la Red Europea de Lucha contra la Pobreza, Carlos Susías, indicó que su organización se va a reunir con todos los grupos parlamentarios para pedirles que ayuden a aprobar los Presupuestos del Estado para 2025, aunque admitió que tiene pocas esperanzas porque «hay algunos que no están en eso».