Primera condena a muerte del mundo por videoconferencia

Un tribunal de Singapur ha condenado por primera vez a un reo a la pena de muerte a través de una videoconferencia realizada en la aplicación Zoom como consecuencia de las medidas para combatir la pandemia de COVID-19.

El Tribunal Supremo singapurense comunicó a través de videoconferencia el pasado viernes la sentencia por un delito de narcotráfico al acusado, un hombre de 37 años y nacionalidad malasia, ha señalado Amnistía Internacional en un comunicado.

«Tanto a través de Zoom como en persona, una condena a muerte es siempre cruel e inhumana. Este caso supone otro recordatorio de que Singapur continúa desafiando la ley y los estándares internacionales al imponer la pena de muerte por tráfico de drogas como un castigo obligatorio», denunciaba Chiara Sangiorgio, asesora sobre la pena capital de Amnistía Internacional.

Punithan Genasan, el reo, fue detenido en Malasia, tras lo cual fue deportado a Singapur el 21 de enero de 2016 y acusado de organizar el contrabando de 28,5 kilogramos de heroína en 2011 a través de dos correos, uno de los cuales había sido condenado anteriormente a cadena perpetua y el otro a la pena capital, según el diario local The Straits Times.

Singapur es uno de los países del Sudeste Asiático que contempla la pena capital para delitos de narcotráfico, al igual que Indonesia, Malasia o Tailandia, aunque en este último no se ha ejecutado a ningún condenado desde hace más de un decenio.

«Ha llegado el momento de que el Gobierno (singapurense) revise sus castigos draconianos y revoque la pena de muerte de una vez por todas. En un momento en el que la atención del mundo se centra en salvar y proteger vidas durante una pandemia, la aplicación de la pena de muerte es especialmente abominable», señalaba Sangiorgio.

La suspensión de las vistas jurídicas presenciales es una de las medidas para combatir la pandemia de COVID-19 que ha tomado Singapur, que fue uno de los primeros países fuera de China en detectar casos del nuevo coronavirus. Las autoridades singapurenses actuaron con rapidez y firmeza para contener el virus, pero dejaron desprotegidos los barracones en los que viven los trabajadores no-cualificados extranjeros en condiciones de hacinamiento y los casos de COVID-19 se han disparado en esos alojamientos en los últimos dos meses.